Por: Reynell Badillo Sarmiento
El gobierno de Iván Duque va a terminar con varios indicadores de seguridad peores a como inició: en el 2021, la cantidad de homicidios fue la más alta desde el 2013, tuvimos el mayor número de víctimas de desplazamiento masivo en más de una década y en el 2020 y 2021 tuvimos los números más altos de personas confinadas desde el 2013. Además, a pesar de que los golpes mediáticos que se ha adjudicado el gobierno (la captura de Otoniel y la muerte de Mayimbú y Cabuyo, por solo mencionar algunos), grupos armados como las AGC y el ELN se encuentran en un gran momento de fortaleza militar y capacidad operativa, mientras la mayoría de las disidencias de las FARC-EP siguen actuando con algún nivel de control territorial. Es decir: la seguridad será una papa caliente para el que llegue a la presidencia.
La seguridad no ha sido el centro de debate en esta campaña presidencial, es cierto. Otros temas, como la corrupción, las reformas pensional y tributaria, y las propuestas sobre el sistema de salud han sido mucho más notorias en la discusión, con justa razón. Aun así, la forma en la que el próximo presidente entienda la guerra y la violencia en Colombia será fundamental para que muchas comunidades puedan vivir con menos temor y en entornos con mejor protección. Por eso esta columna busca explorar lo que los candidatos han dicho sobre seguridad en sus programas de gobierno.
- Las causas: ¿qué es lo que origina la violencia?
Ambos candidatos parten de una premisa similar: la violencia en Colombia está originada en causas estructurales. No es poco, si tenemos en cuenta que la actual administración asume que la guerra es solo el resultado de la codicia de algunas personas que piensan lucrarse del narcotráfico. Sin embargo, esas causas estructurales son diferentes para cada candidato.
Rodolfo Hernández piensa que el hambre y la falta de recursos económicos son la causa de la violencia. En sus propias palabras: “Generalmente, un ciudadano con ingresos, sin hambre, no es violento”. Esta posición coincide con lo que Hernández argumentaba cuando se le acusaba en Bucaramanga de no controlar la inseguridad: mientras las personas no tengan dinero, la acción policiva es ineficaz. Sin embargo, para esta campaña el foco está en asumir que el hambre es el resultado de (¡a que no adivinan!): la corrupción.
Es claro que hay un vínculo (o, más bien, varios vínculos) entre hambre y corrupción. Sin embargo, pensar que el hambre en Colombia es solo el resultado de esto no contribuye mucho al debate. Detrás del hambre hay muchísimos elementos interconectados (poca industrialización, una reforma agraria pendiente, elementos nutricionales, entre otros). Y, además, asumir que en Colombia hay violencia solo porque hay hambre es también un error: detrás de la guerra en Colombia hay también clivajes políticos, elementos de representación y, por qué no, codicia.
Por tanto, la lectura de la corrupción como causa de la violencia de Hernández, aunque parte de una premisa real (la violencia tiene causas estructurales) hace un diagnóstico, cuanto menos, incompleto. Si mañana se acaba la corrupción en Colombia, habrá muchas cosas que permitirán combatir mejor al crimen, por supuesto, pero todavía quedará un largo camino por recorrer para lograr acabarlo.
Por su parte, Gustavo Petro asume que la causa de la violencia en Colombia está en el enfoque de seguridad asumido. Según Petro, en Colombia existe una doctrina basada en la idea del enemigo interno que ha azuzado la guerra. Esto implica que el Estado no cree que solo los grupos armados son peligrosos, sino que toda persona con ideas que puedan leerse como apoyos a ellos deben ser también reprimidas y combatidas. En respuesta, propone un enfoque de seguridad humana. A diferencia de lo que ha llamado “política de la muerte”, consistente en contar las bajas en combate como medida de éxito (y muchos otros elementos menos identificables), Petro propone que su política de seguridad “se mida en vidas”.
Esto ayuda a explicar por qué su propuesta de seguridad es, más bien, una propuesta de paz. Por un lado, se compromete a cumplir con la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP, continuar negociaciones con el ELN e iniciar un proceso de diálogo y sometimiento a la justicia con lo que llama “grupos multicrimen” (jamás explican qué quiere decir este término). Por otro lado, Petro se compromete a cambiar el paradigma de la guerra contra las drogas y garantizar la reparación integral de las víctimas del conflicto armado.
Sin duda, es una propuesta de seguridad más robusta en cuanto aborda varios elementos que afectan a la seguridad (las inequidades en la distribución de la tierra, la reparación de las víctimas, el cumplimiento del Acuerdo de Paz con las FARC-EP y la posibilidad de dialogar con otras organizaciones). Sin embargo, hay un hueco gigante en el programa de Petro: no hay nada sobre cómo combatir a los grupos armados.
Es verdad que la forma en que hemos combatido a los grupos armados ha sido muy ineficaz. Sin embargo, la presión militar puede que sea fundamental para lograr que los grupos armados quieran dialogar. Como hemos argumentado antes, el gran momento de fortalecimiento económico y militar del ELN permite pensar que no están en una coyuntura particularmente atractiva para un Acuerdo de Paz. Por tanto, acompañar la política de paz con una mejor estrategia de combate (no enfocada en producir bajas o capturas indiscriminadas, sino principalmente en reducir las afectaciones humanitarias para la población civil) es fundamental. Sin embargo, sobre esto no hay prácticamente nada en el programa de gobierno. A final de cuentas, seguiremos teniendo un reto de carácter militar y no se puede pretender que la paz llegará automáticamente. Ignorar eso no va a implicar que desaparezca del panorama. Aquí hay una deuda pendiente del candidato.
- La fuerza pública: ¿reformas o continuidades?
Uno de los puntos centrales a la hora de hablar de seguridad en Colombia es la necesidad o no de reformar las instituciones encargadas de ella. Este gobierno, a pesar (o quizá justo por eso) de ser un defensor acérrimo de absolutamente todas sus actuaciones, deja a la fuerza pública con muy bajos niveles de legitimidad. Entre varias razones para ello están la brutal represión durante el paro nacional, las operaciones de la fuerza pública en las que asesinaron civiles y menores de edad y, quizá la principal, la poca capacidad de autocrítica y la arrogancia para asumir estas fallas. ¿Qué están planteando los candidatos frente a eso?
Gustavo Petro plantea una reforma estructural al sector seguridad. Esto implica, por un lado, recuperar el carácter civil del cuerpo policial. Para ello, Petro propone llevar a la Policía al Ministerio del Interior o al de Justicia, eliminar el fuero penal militar y desmontar el ESMAD. La Policía, así, dejará de cumplir funciones de carácter militar y estará más involucrada en la resolución de conflictos entre ciudadanos. Por otro lado, para las fuerzas militares propone una nueva política de defensa nacional (aunque no explica en qué consiste), la eliminación del servicio militar obligatorio y el fortalecimiento de la meritocracia para los ascensos y los ajustes salariales.
Esta es una propuesta ambiciosa y, posiblemente, apunta a varios de los elementos que se han cuestionado sobre la fuerza pública en Colombia. Sin embargo, no es claro si la figura de Petro sea la mejor posicionada para hacer estas reformas sin despertar reticencias en estas instituciones. Viviana García Pinzón y Alejandra Ortíz Ayala han mostrado que existen serias tensiones dentro de la fuerza pública sobre la figura de Gustavo Petro, al punto de que el general Eduardo Zapateiro ha criticado públicamente al candidato. ¿Cómo hará el candidato para lograr estas reformas sin tensionar la ya débil relación entre autoridades civiles y militares? Ese es el reto para el que todavía no tenemos respuesta.
Por su parte, Rodolfo Hernández no sea aventura a grandes reformas para la fuerza pública. En su programa menciona que buscará asegurar el bienestar de su personal, lo que implica garantías jurídicas, revisar los sistemas de ascensos, acceso a educación superior y mejorar los salarios. Al tiempo, dice que se necesita recortar “gastos ineficientes”. Aunque no especifica mucho qué gastos le parecen ineficientes, sí menciona un ejemplo: debe reducirse el dinero destinado al personal ejecutivo para recompensar mejor a los combatientes. En este sentido, su propuesta es muy similar a la que está en el programa de Petro: mejorar las condiciones de quienes hacen parte de estas instituciones.
Hernández reconoce la crisis de legitimidad de la fuerza pública, pero su única propuesta al respecto es la formación en derechos humanos. Sin embargo, está bien documentado que la formación en derechos humanos no es suficiente para solucionar la violación sistemática de derechos humanos. Incluso, la fuerza pública puede apropiarse de ese discurso y justificar sus actuaciones en ese marco. Un caso similar podría ser la defensa que hizo el General Zapateiro de la operación en Putumayo en la que se le acusó a la fuerza pública de asesinar a varios civiles: él se apega a algunas ideas (mal entendidas o tergiversadas a propósito) del DIH para decir que la operación se ajustó a la legalidad. En ese sentido, la propuesta de Hernández es insuficiente y un lugar común que no permitirá superar la crisis de legitimidad.
- Aciertos de los candidatos
Rodolfo Hernández, aunque no tiene una propuesta de seguridad sólida y presenta más bien continuidades y lugares comunes, se aventura a proponer una reforma del Inpec. Esta institución ha sido cuestionada por el mismo Iván Duque, dado que gracias a sus esquemas de corrupción se han fugado una buena cantidad de presos, y ni hablar de los complejos esquemas de crimen organizado que funcionan desde las cárceles gracias a la complicidad de varios funcionarios. La propuesta de reforma de Hernández apunta a mejorar las condiciones de las cárceles a través de la creación de una “ciudad resocializadora”. Esto es, buscar que en ellas se desarrollen actividades de autosostenimiento y bienestar con el propósito de que, al pagar su condena, las personas puedan dedicarse a estas actividades y no reincidir. Sin duda, repensar la forma en que se piensan las cárceles en Colombia es una tarea pendiente y este puede ser un primer elemento para el debate.
Por su parte, el principal acierto en la política de seguridad de Gustavo Petro considero que es el compromiso de transformar el paradigma de la guerra contra las drogas. Si hay algún consenso entre la comunidad académica es que la guerra contra las drogas tal y como la conocemos ha sido, más bien, un fracaso. Criminalizar a los cultivadores y a los consumidores ha traído como consecuencias políticas dañinas para la salud, el ambiente y la seguridad de los ciudadanos como la aspersión aérea de glifosato y la erradicación forzosa, por ejemplo. Pensar en la transformación a un modelo de economías productivas y en la regulación es necesario para avanzar hacia la paz. Dejar de criminalizar es fundamental y en el programa de Petro está ese compromiso.
Ahora, también es verdad que eso es algo que pasa tanto por otras instituciones nacionales, como por el mismo sistema internacional. Quizá, para ser más honesto, el compromiso de Petro debería ser impulsar un cambio de paradigma, y para esto se necesitan recursos diplomáticos y un real compromiso a nivel nacional para socializar estas implicaciones. Aun así, que esté en su programa es en un gran acierto.
- Los desaciertos y los vacíos
Finalmente, hablemos de lo que los candidatos ignoraron o en lo que posiblemente se equivocan. Empecemos por Rodolfo Hernández. Hay particularmente dos propuestas que pueden ser muy problemáticas. La primera es el tratamiento de los recursos naturales como un asunto de seguridad. En el programa de Hernández afirman que conformarán equipos especializados dentro de la fuerza pública para detener la deforestación, la caza ilegal, la contaminación de los ríos y cualquier acción riesgosa para el bienestar del agua y la naturaleza. Esta es la misma idea que ha asumido el gobierno de Iván Duque, justificada en que el narcotráfico es un crimen ambiental.
Aunque pareciera lógica, esta idea es más bien problemática, como lo ha argumentado Estefanía Ciro. Securitizar el ambiente implica que los campesinos terminan siendo considerados actores criminales, mientras el gran capital detrás de las operaciones de deforestación se ignora en la discusión. La Operación Artemisa, que según el gobierno iba a solucionar la deforestación en el país, ha venido acompañada de abusos de autoridad, pocos resultados y estigmatización del campesinado. La propuesta de Rodolfo Hernández es, entonces, la continuidad de una política que no ha detenido los daños ambientales, pero sí está quebrando más la relación entre el Estado y el campesinado.
En segundo lugar, Rodolfo Hernández no ha sido muy claro con respecto a la forma en que asumirá la responsabilidad de la fuerza pública en el conflicto armado. En su programa, menciona que les ofrecerá garantías judiciales y protección en instancias internacionales. Sin lugar a duda, los miembros de la fuerza pública deben tener garantías para enfrentar cualquier caso judicial en su contra. Sin embargo, esta coyuntura es particularmente importante porque, por un lado, se discute el informe de la Comisión de la Verdad y la manera en que va a ser recibido por parte de los estamentos militares. La renuncia de Carlos Guillermo Ospina muestra que no hay mucha disposición para reconocer su rol como victimarios. Por otro lado, en la JEP también se discuten casos, como el de las ejecuciones extrajudiciales, que han generado respuestas furiosas de algunos sectores por considerarlos infundados. La posición del nuevo gobierno será fundamental para dotar de legitimidad a esas instituciones o minarla a través de cuestionamientos abiertos. El programa de Rodolfo es muy vago al respecto, pero los puntos mencionados plantean serias preguntas sobre su voluntad de defender la verdad en la guerra, incluso cuando toque puntos controversiales para las élites militares.
Por su parte, en la propuesta de seguridad de Gustavo Petro hay también dos elementos más bien ambiguos que no parecen haberse razonado con mucha fuerza. En primer lugar, este candidato parece hacer una suposición bastante extraña, y es que en Colombia hay un grupo armado con el que se puede negociar porque es político (el ELN), mientras el resto son grupos de narcotraficantes (que llaman “grupos multicrimen”). Aunque esta idea parece lógica, omite que, como hemos argumentado junto con el profesor Víctor Mijares, el crimen organizado también utiliza elementos políticos para justificar su existencia. Las AGC tienen estatutos, logo, himno, discurso político y casas de adoctrinamiento. Entonces, ¿por qué considerarlas un grupo multicrimen y no una organización con la cual iniciar un diálogo?
Por supuesto que es verdad que ese proceso de politización discursiva no necesariamente acompaña su actuación a nivel local, pero asumir que son simplemente grupos de narcotraficantes que van a entregarse a la justicia sin más es o una inocentada o una lectura muy errada del crimen organizado. A Gustavo Petro le hace falta reforzar sus ideas sobre el crimen organizado si espera desarrollar políticas de seguridad efectivas para combatirlo. Y eso que en el programa no queda nada claro en dónde sitúan a las disidencias de las FARC-EP: ¿son grupos multicrimen o grupos con ideología política? Ahí hay un hueco gigante que posiblemente marcará un tiempo de improvisación mientras el nuevo gobierno, en caso de quedar, entiende las complejidades de la guerra en Colombia.
Por último, la política de seguridad de Gustavo Petro (y la de Rodolfo Hernández también, dicho sea de paso) parece asumir que en Colombia hay una guerra uniforme y que la solución es, entonces, un acuerdo de paz de carácter nacional con cada organización armada. No obstante, como hemos argumentado con los profesores Luis Trejos y Amparo Bravo, hoy en Colombia parecen haber muchas guerras, cada una con objetivos, actores e interacciones diferentes.
Desmovilizar a todos los grupos armados en Colombia suena muy bien, pero es prácticamente imposible porque en cada territorio hay actores localizados y no es posible un acuerdo con cada uno de ellos. Incluso si se desmovilizan los grandes actores de la guerra en Colombia, hay múltiples organizaciones locales que viven de rentas legales e ilegales que se pueden sostener sin ellos. Por eso hemos propuesto que se necesitan múltiples acuerdos de paz, no con organizaciones, sino con un carácter subregional. En ellos, deberían involucrarse las élites locales, los grupos armados, la sociedad civil y el Estado local. La política de seguridad de Gustavo Petro ignora todas esas aristas subregionales de la guerra y, si se mantiene así, puede volver al ciclo de desmovilizar actores sin acabar las guerras.
Reynell Badillo Sarmiento es Internacionalista de la Universidad del Norte. Magister en Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes. Investigador adscrito al Centro de Pensamiento UNCaribe.
