Se podría pensar que, por ser una cuestión innata de nuestra especie, como seres humanos ya deberíamos tener un amplio conocimiento sobre sexualidad, reproducción y la relación de nuestro propio cuerpo con el de otras personas. Sin embargo, la realidad es que hasta hace pocas décadas empezamos a poner el ojo en la educación sexual como un asunto de interés público.
Durante mucho tiempo, bajo doctrinas religiosas y de carácter moralista, nos enseñaron a ver nuestra sexualidad como algo obsceno y vulgar. En Colombia, un país con un profundo arraigo hacia las costumbres judeocristianas, todavía persisten muchas barreras para la educación sexual. Por desgracia, debido a la desinformación replicada por algunos grupos fundamentalistas y anti-derechos, la conversación ha perdido el foco frente a lo indispensable de brindar herramientas de prevención y autoconocimiento a las infancias y juventudes de nuestro país. En tanto la opinión pública siga sin ponerse de acuerdo frente a cómo impartir la educación sexual, continuarán acentuándose problemáticas sociales como las que expone UNICEF (2005), tales como el embarazo precoz, las enfermedades de transmisión y la violencia sexual.
Para empezar, debemos entender que a las niñas y los niños hay que brindarles herramientas de acuerdo con las necesidades de cada ciclo vital. Eso implica enseñarles a reconocer nociones básicas de consentimiento, autocuidado, e incluso a manifestar debidamente sus emociones. Por un lado, se les abre la posibilidad de identificar las violencias que puedan ser ejercidas en su contra y tomar acciones de autocuidado. Por otro lado, a sus cuidadores les será más fácil algunos patrones y actuar contra posibles abusos.
No obstante, la familia no siempre es un espacio garante de cuidado y protección para los menores. Según un informe presentado en 2023 por la Defensoría del Pueblo, a partir de cifras de Medicina Legal, se evidencia que en la mayoría de casos de violencia sexual contra menores de edad los principales agresores hacen parte del entorno familiar. Lo anterior nos demuestra que no es posible dejar la sexualidad como un asunto exclusivo de la familia. Muchos sectores conservadores de la sociedad sostienen que la educación sexual debe permanecer como una tarea exclusiva del núcleo familiar como parte de la crianza. Sin embargo, no todas las familias colombianas cuentan con la posibilidad de brindar una formación integral para menores de edad.
Además de contribuir a combatir la estigmatización que existe en torno a la sexualidad, la educación sexual otorga herramientas para el autoconocimiento, para la capacidad de tomar decisiones autónomas, responsables e informadas con el cuerpo, al igual que ayuda a establecer vínculos humanos basados en el respecto y el consenso. Hablar de educación sexual integral implica pensar un conjunto de enseñanzas que apunten a la construcción de libertad a partir de un sujeto capaz de entenderse a sí mismo desde su individualidad, con su propio cuerpo, vinculado a una sociedad de personas que también poseen derechos y deberes. De esta manera, se adquiere mayor aprecio frente a nuestra diversidad sociocultural y resulta mucho más probable desarrollar relaciones empáticas y respetuosas entre individuos que conviven en un mismo escenario de colectividad.
En cuanto al papel del Estado, es menester garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, comprendidos como derechos humanos al estar estrechamente vinculados a derechos fundamentales como la vida, la salud y el libre desarrollo de la personalidad. La labor de impartir una educación para la sexualidad con integridad asume la participación de las entidades públicas y las instituciones educativas. Y es que, aunque el Estado Colombiano y la institucionalidad se han mostrado deficientes, por la existencia de la Ley 1620 de 2013, que contempla la enseñanza de la educación sexual en entornos escolares, sabemos que en Colombia sí es una obligación continuar fortaleciendo la labor educativa en materia de sexualidad. Por ello, desarrollar e implementar políticas públicas que garanticen el derecho a recibir una educación sexual integral es crucial para acercarnos a la consolidación de un país comprometido con el presente y el futuro de su gente.
A modo de cierre, es importante insistir en un trabajo mancomunado entre las instituciones, quienes educan, quienes cuidan y quienes acompañan, por una enseñanza integral para la sexualidad. Eso, indudablemente, hace parte de una transformación social en favor no solo de la niñez y la juventud, sino de toda la sociedad colombiana. En ese sentido, contrarrestar la desinformación frente a la educación sexual es una labor a la que todas y todos debemos sumarnos. Es necesario ampliar el diálogo desde los distintos escenarios, públicos o privados, en los que podamos incidir. Este no es un asunto de exclusivo carácter privado y familiar; se trata de un asunto público y de sociedad.
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Este artículo fue el ganador de la Convocatoria para Mujeres Columnistas que La Gaitana Periodismo Independiente publicó en marzo de 2024.