El conflicto armado colombiano ha sido uno de las acontecimientos más prolongados y devastadores del siglo XX y XXI en el mundo. Las dinámicas de guerra perpetradas por miembros de la Fuerza Pública y los grupos guerrilleros sumergieron a la sociedad colombiana en un escenario violento ligado a una profunda crisis institucional, política y económica. Uno de los capítulos más oscuros de esta historia es el de las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos”, una práctica que refleja la dimensión más alarmante del conflicto: la vulneración sistemática de Derecho Humanos.
Las ejecuciones extrajudiciales se traducen en asesinatos a persona civiles cometidos por miembros de la Fuerza Pública como el Ejército o la Policía, presentando a las víctimas como insurgentes pertenecientes a grupos armados al margen de la ley o bandas delincuenciales. Este tipo de hechos se presentaban como operaciones militares que se desarrollaban en el marco del conflicto armado y en el que resultado eran bajas en medio de una acción bélica presuntamente legítima.
En el departamento del Huila, de acuerdo con la información recolectada por el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Paz y Territorio – OBSURDH, se tienen datos de un total de 129 casos de ejecuciones extrajudiciales, en los cuales fueron asesinadas 253 personas entre los años de 1984 al 2012, en 26 de los 37 municipios que conforman el Departamento, en estos casos de destacó la contribución significativa de militares adscritos al Batallón de Infantería No. 27 “Magdalena” y el de Infantería No. 26 “Cacique Pigoanza”.
El camino hacia la verdad y la justicia
En julio de 2018, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), avocó conocimiento del Macrocaso 03 en el que se investigan las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, que la sociedad conoce eufemísticamente como falsos positivos.
Posteriormente, esta misma Sala dispuso la apertura de seis Subcasos en consideración al número de hechos, de víctimas y del potencial ilustrativo de la práctica criminal. Dentro de estos Subcasos se encuentra el Departamento del Huila, priorizado en la investigación por la magnitud de la victimización durante el periodo comprendido desde el 2005 hasta el 2008.
Al respecto, fueron vinculados 36 máximos responsables y partícipes determinantes, miembros activos y retirados del Ejército Nacional de Colombia, de los cuales 30 aceptaron su responsabilidad por las ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” en el Departamento del Huila y a su vez, se comprometieron con el aporte de verdad a las víctimas. Entre los crímenes aceptados se relacionan 200 asesinatos, incluyendo 32 desapariciones forzadas, 8 tentativas de homicidios perpetrados por integrantes del Batallón de Infantería No. 26 ‘Cacique Pigoanza’, el Batallón de Infantería No. 27 ‘Magdalena’, la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 11 y la IX Brigada.
Los próximos 8, 9 y 10 de agosto, los 30 militares que aceptaron su responsabilidad fueron convocados por la Jurisdicción Especial para la Paz a la Audiencia Pública de Reconocimiento de Verdad en la que deberán referirse públicamente a los hechos y conductas imputadas como una oportunidad de contribuir en la búsqueda de la verdad y la restauración. Además, este espacio también contará con la participación de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil.
Este tipo de Audiencias Públicas revisten especial importancia para una sociedad como la nuestra. Más allá de un espacio judicial de tipo contencioso es importante que los reconocimientos públicos de responsabilidad confronten las tesis negacionistas; aquellos que en escenarios como redes sociales menoscaban, se burlan o simplemente desconocen las víctimas del Estado bajo esa modalidad. La sociedad necesita comprender que detrás de cada cifra hay una historia, una estela de dolor que convirtió a ciudadanos en falsos triunfos militares. El Huila no puede persistir en relatos negacionistas conociendo de mano de los victimarios los detalles de un crimen persistente en el tiempo que se convirtió en sistemático y trastocó la vida de más de doscientas familias huilenses.
Aunque el camino que nos queda por recorrer es largo y plagado de obstáculos, seguimos avanzado en la construcción de escenarios de reconciliación y verdad.
Importante: Quienes deseen seguir el desarrollo de la Audiencia Pública podrán hacerlo a través de canales que disponga la Jurisdicción Especial para la Paz (ver canales oficiales).
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|Conflicto de intereses| La autora de esta columna hace parte del equipo jurídico del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos (OBSURDH) quien ha hecho especial seguimiento a esta categoría de violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.