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Entre el temor y la resignación: ¿por qué no se denuncia la corrupción en Huila? – Parte II

Adonis Tupac Ramírez Cuéllar
Un ícono de la corrupción de nuestra tierra: el Estadio Guillermo Plazas Alcid. Por: Diego Achuri.

Un ícono de la corrupción de nuestra tierra: el Estadio Guillermo Plazas Alcid. Por: Diego Achuri.

|Sociedad| La semana anterior cerramos el mes de abril con la primera parte de esta reflexión en torno a ¿Seremos los huilenses proclives a tolerar la corrupción? ¿Por qué? En esta segunda parte, Adonis Tupac Ramírez profundiza en la desconfianza institucional. Además, recorre algunas de las perlas de la corrupción en el Huila.

Si quieres leer la primera entrega puedes ingresar aquí.

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Desconfianza en las instituciones de control

La responsabilidad de combatir la corrupción recae en varias instituciones estatales –fiscalías, juzgados, contralorías, procuraduría, entre otras–, a pesar de que la ciudadanía tiene poca confianza en ellas. De acuerdo con la encuesta Pulso País (Datexco, 2023), los organismos de control y justicia gozan de baja favorabilidad en la opinión pública. Solo 34% de los colombianos tiene una imagen favorable de la Fiscalía General, y cifras similares se registran para la Contraloría (35%) y la Procuraduría (37%)​.

En términos llanos, alrededor de dos tercios de la población desconfía de las entidades encargadas de investigar, fiscalizar y sancionar la corrupción. Esto se debe, en parte, a escándalos en los propios entes de control y la politización de la justicia. Por ejemplo, se han visto casos de procuradores o contralores salpicados por conflictos de interés, o fiscales que terminan involucrados en líos de corrupción, socavando la credibilidad institucional.

En el Huila, esta desconfianza tiene asidero en experiencias concretas. Las personas observan cómo procesos contra dirigentes locales se enredan en trámites o resultan en absoluciones polémicas. La falta de resultados visibles crea una sensación de indefensión: “si ni la Contraloría ni la Fiscalía hacen algo, ¿qué gano yo con denunciar?”. Además, cuando un ciudadano promedio enfrenta un laberinto burocrático para poner una queja –formularios, pruebas, testificaciones– mientras ve al denunciado moviendo sus influencias, es comprensible que pierda la fe. La falta de transparencia sobre el curso de las denuncias también contribuye: muchos denuncian y jamás se enteran en qué paró el caso, alimentando la idea de que “todo quedó tapado”. En suma, la erosionada confianza en las instituciones guardianas de la honestidad pública se traduce en inmovilismo ciudadano.

Casos emblemáticos en el Huila: del escepticismo a la resignación

Para entender el impacto de estos factores en el Huila, vale la pena repasar algunos casos emblemáticos que han marcado la región. Estos ejemplos muestran no solo los actos corruptos, sino la reacción (o falta de reacción) de la sociedad ante ellos.

Un caso paradigmático es el del Estadio “Guillermo Plazas Alcid” de Neiva, la obra deportiva más importante del departamento, cuya remodelación terminó en desastre. En agosto de 2016, la tribuna occidental del estadio colapsó mientras se realizaban trabajos de ampliación, dejando cuatro obreros muertos y nueve heridos. La tragedia destapó una cadena de irregularidades e inconsistencias en la contratación de la obra, que involucraba recursos públicos millonarios. Investigaciones posteriores revelaron que mediante contratos amañados un tercero se habría apropiado de más de 25.000 millones de pesos destinados a la remodelación​. Es decir, no solo hubo negligencia que costó vidas, sino también un presunto desfalco colosal al erario.

Este escándalo indignó temporalmente a la opinión pública local; sin embargo, con el paso del tiempo se ha vuelto otro símbolo de impunidad: dos años después del colapso no había ni una sola condena contra los responsables​. Las obras del estadio quedaron inconclusas, las víctimas sin reparar, y el proceso judicial avanzó lentamente. La Contraloría, en un fallo de 2021, reconoció múltiples irregularidades. Con todo, exoneró de responsabilidad fiscal al entonces alcalde de Neiva (bajo cuya administración se ejecutó el contrato), sancionando solo a funcionarios subalternos​. Para muchos huilenses, ver que la máxima autoridad de la ciudad salió libre de polvo y paja pese a la magnitud del caso, confirmó sus sospechas: “acá nunca pagan los de cuello blanco”. La lección tácita fue desalentadora y reforzó la idea de que denunciar o esperar justicia es en vano.

Otro ejemplo resonante es el de Cielo González Villa, exgobernadora del Huila (2012-2015) y figura de alto perfil político. Durante años se rumoraron irregularidades en la contratación de su administración, pero aquello no impidió que su grupo político mantuviera influencia. Finalmente, en 2024 –casi una década después– la Corte Suprema de Justicia anunció una condena contra González Villa por corrupción, al demostrarse que durante su gobierno adjudicó directamente millonarios contratos de licor vulnerando la ley de contratación pública​. La exmandataria, miembro de un poderoso clan familiar (su hermano también fue gobernador), resultó culpable de varios delitos, incluyendo interés indebido en la contratación y falsedad en documento público. Si bien su condena envía un mensaje de que “la justicia tarda pero llega”, muchos en Huila se preguntan cuántos hechos irregulares de aquel periodo quedaron impunes mientras la justicia actuaba.

Además, el caso refleja cómo las redes de poder pueden perpetuarse: González Villa continuó siendo ficha política (ligada a un partido nacional) pese a las acusaciones, lo cual pudo inhibir que ciudadanos comunes denunciaran en su momento por temor a enfrentar a alguien con tal respaldo. Su caso ejemplifica la distancia entre la indignación privada y la acción pública: probablemente muchos supieron o sospecharon de sus manejos, sin embargo, pocos se atrevieron a denunciar en su época, y solo una investigación de alto nivel logró llevarla a tribunales años después.

Estos casos, junto a otros escándalos locales (como sobrecostos en contratos de alimentación escolar, nepotismo en alcaldías municipales o desvío de regalías), han ido forjando en la población huilense una mezcla de escepticismo y resignación. Se vuelve común escuchar frases como “todos roban, pero al menos que hagan algo”, o “¿denunciar para qué, para que luego uno quede mal?”. La resignación no significa aprobación, sino más bien desempoderamiento: el ciudadano de a pie siente que poco puede hacer contra la maquinaria de corrupción, y termina adaptándose para sobrevivir en ese entorno. Así, la no denuncia es en parte mecanismo de autoprotección y en parte reflejo de una derrota cultural frente al sistema.

La falta de denuncia de la corrupción en Colombia –y específicamente en el Huila– no obedece a una apatía innata de sus gentes, sino a un entramado de circunstancias adversas. Factores sociales como la normalización de prácticas corruptas y el miedo a represalias; factores económicos como la dependencia del clientelismo y la necesidad; y factores políticos como la impunidad reinante y la debilidad institucional, se combinan para silenciar las voces que podrían enfrentar la corrupción. Las estadísticas muestran un país donde la corrupción se percibe en aumento y las instituciones anticorrupción inspiran poca confianza, mientras que las denuncias ciudadanas son escasas y rara vez prosperan. En el Huila, los ejemplos concretos de casos sin castigo inmediato han consolidado la idea de que “la ley no es para todos” y de que enfrentarse al poder corrupto puede ser inútil o peligroso.

No obstante, romper este círculo vicioso es imperativo. Organizaciones civiles y entes como Transparencia por Colombia insisten en que se deben mejorar las condiciones para la denuncia: proteger al denunciante, facilitar canales anónimos, asegurar que la queja tenga seguimiento y resultados. Solo recuperando la confianza de la ciudadanía será posible que ésta se anime a reportar los hechos de corrupción que presencia.

Mientras los colombianos no sientan garantías de seguridad y eficacia al denunciar, es probable que muchos sigan optando por la resignación antes que por la acción. Y esa resignación –comprensible a nivel individual– termina siendo cómplice involuntaria de un sistema corrupto que se enquista en la vida cotidiana. Combatir la corrupción, entonces, no es solo tarea de los entes de control, sino un desafío cultural: revertir la aceptación social de “lo indebido” y empoderar al ciudadano común para que exija cuentas sin temor. Solo así, gradualmente, dejará de verse la corrupción como un hecho inevitable en la rutina diaria, para tratarla como lo que es: un delito que merece denuncia y castigo venga de donde venga.

Algunas referencias

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