Al margen de las discusiones naturales sobre el origen del Estado y del poder como elemento fundamental de su existencia, una gran parte de los ciudadanos tiene una idea generalizada respecto a qué fundamenta la vida institucionalizada: el contrato social. Aunque este se refiere al origen del Estado liberal ampliamente difundido en los pueblos colonizados de América, por ejemplo, a través de los movimientos independentistas del siglo XIX cuyos líderes creían fervientemente en su efecto civilizador, lo cierto es que un par de siglos después estamos frente a la posibilidad de decretar que esa idea de Estado ha muerto.
Ya en el siglo XX con la consolidación de una teoría del Estado poscolonial bajo el supuesto de nuevas estructuras de poder, concebidas para preservar los intereses económicos de los Estados coloniales occidentales en sus antiguas colonias, el extractivismo de los recursos naturales, apoyado en el racismo estructural, pasó a ser la principal fuente de violencia en esos territorios. Achille Mbembe (2006) describió estas nuevas estructuras de poder a través de su teoría de la necropolítica, que fundamenta el poder político en el derecho a matar originalmente en cabeza del Estado como expresión de poder soberano, y que habría pasado ahora a manos de gobiernos afines a esos intereses económicos coloniales, quienes deciden sobre lo que Foucault definió como la “condición de aceptabilidad de la matanza”.
Entonces pasamos de concebir el Estado como un suprapoder destinado a preservar la paz entre los individuos, de acuerdo con el contrato social, a representarlo como una estructura que se entiende sólo desde el poder que ejerce sobre los individuos con efectos diferenciados dependiendo del ámbito de aplicación. Y es que no es lo mismo cuando el Estado opera dentro de los límites del Estado de Bienestar occidental, o en colonias o poblaciones del sur global en general donde el contrato social es inaplicable. De hecho, casi que podemos concluir que este es reemplazado por el derecho soberano a matar al otro que no tiene derecho a vivir.
Entonces, la teoría del Estado moderno actual es la teoría del Estado colonial: este es concebido como una estructura de poder que distribuye el derecho a matar respondiendo exclusivamente a los intereses del capital. Debido a lo anterior, se han promovido teorías que buscan reemplazarlo por megacorporaciones a las cuales no les interesa la búsqueda de la paz entre individuos; sino que, más bien, favorecen la tecnología de la violencia a cambio de producción de riqueza para unos pocos. Congo, Venezuela, Sudán, Gaza, el Caribe son casos que pueden explicarse bajo esta dinámica.
El poder del Estado, reducido por inútil e ineficiente, debe ceder entonces a los intereses económicos particulares por una ilusión de progreso. Desde este aparato, gobiernos necropolíticos deciden quiénes podemos vivir y habitar un territorio determinado. Pensar el Estado en tiempos de violencia extrema implica entonces reconocer que no es a través de la desregulación y la privatización como construimos sociedades más equitativas y pacíficas.
Por el contrario, es imperativo superar el Estado colonial, donde el soberano puede matar en cualquier momento por mano propia o delegando ese derecho en otros (paramilitares, organizaciones criminales, mafias) que se alinean recurrentemente con los dueños del poder económico. El Estado de la necropolítica fomenta la persecución y el genocidio.
“Cada vez más a menudo, la guerra no tiene lugar entre los ejércitos de dos Estados soberanos, sino entre grupos armados que actúan bajo la máscara del Estado, contra grupos armados sin Estado pero que controlan territorios bien delimitados; ambos bandos tienen como principal objetivo la población civil, que no está armada ni organizada en milicias” (Embembe, 2006). Ahora bien, cabe decir que detrás de estos grupos armados aparecen, en muchísimas ocasiones, los grandes dueños del capital que llevan décadas promoviendo la reducción del Estado hasta hacerlo inoperante. Al lograr su total eliminación, incluso como idea política, logran apropiarse de todos los recursos para su beneficio exclusivo mientras la acumulación de riqueza desmedida sigue impune.
Una novela distópica está ocurriendo en nuestras narices en medio de discursos de ultraderecha anti-Estado que promueven la violencia generalizada y nos arrastran de vuelta a la época de la barbarie de tiempos primitivos. Pensar el Estado moderno con perspectiva decolonial se hace urgente.