Por: Laura Katherine Caro Ovalle.
Ha pasado más de medio siglo desde que Beauvoir advirtió que «bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados», y su afirmación parece describir perfectamente el panorama político actual. En Colombia, cada vez que nos encontramos inmersos en épocas electorales, los derechos sexuales y reproductivos (DSR) vuelven a instalarse como una disputa pública, de modo tal que pareciera como si la autonomía sobre el cuerpo de las mujeres dependiese del clima político del momento.
En las últimas décadas, Colombia se ha posicionado como uno de los países con mayores avances respecto al reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos fundamentales. Esto, a través del desarrollo de jurisprudencia —como la sentencia C-055 del 2022 mediante la cual se despenaliza el aborto hasta la semana 24 y se ratifica la autonomía reproductiva —y de normas como la Ley 2566 de 2026, que establece los principales lineamientos de gestión para el abordaje intersectorial de infecciones de transmisión sexual (ITS). Por ello, es posible afirmar que se ha fortalecido el reconocimiento de los DSR como bienes inmateriales constitucionalmente protegidos. Estos avances también se apoyan en el bloque de constitucionalidad, que incorpora tratados internacionales de derechos humanos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), reforzando la obligación del Estado de garantizar estos derechos.
Sin embargo, estos hitos normativos no han sido impedimento para que, en cada contienda electoral, estos derechos se intenten disputar de nuevo, como si aún estuviesen pendientes de aprobación, o intentasen todavía pasar uno de los debates del congreso. En medio de las propuestas y las discusiones sobre economía, seguridad, desarrollo y medio ambiente , terminan viéndose comprometidas la autonomía, la libertad y la dignidad de las mujeres, pues inevitablemente estos temas son herramientas de disputa ideológica para generar controversias y visibilidad mediática.
Este escenario les permite a las personas candidatas posicionarse rápidamente frente al electorado y también en las encuestas, tanto entre quienes los defienden como entre quienes los rechazan. Lo problemático es que, cuando los derechos se convierten en temas de debate electoral, dejan de tratarse como garantías y pasan a percibirse como promesas políticas, cuando en muchas ocasiones ni los mecanismos existentes son eficaces y funcionales, en la mayoría de casos solo ofrecen limitaciones.
A lo largo de la historia hemos visto cómo las contiendas político-electorales han afectado los derechos de las personas, sobre todo de las mujeres. La experiencia estadounidense evidencia los riesgos de someter derechos fundamentales a dinámicas políticas. Un ejemplo de esto ocurrió con la decisión Roe v. Wade, que estableció bajo la 14ª enmienda que el “derecho a la intimidad” era suficientemente amplio, como para que las mujeres tuviesen la decisión de interrumpir su embarazo, dejando de ser una facultad estatal para convertirse en un derecho federal. Esto permitió que durante casi 50 años se garantizara el acceso al aborto; hasta que, en el año 2022, este fuese suprimido a través del fallo ocurrido en el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization. Este dictaminó que la Constitución norteamericana no confiere el derecho al aborto ni protege la «intimidad» en ese ámbito, devolviendo así la autoridad para regular o prohibir el procedimiento a los ciudadanos y sus representantes electos en cada estado. Este retroceso no fue producto de un hecho aislado, ni siquiera fue exclusivamente jurídico, sino el resultado de una construcción política progresiva orientada a transformar la composición ideológica de la Corte Suprema.
Aquí el papel de George W. Bush (abiertamente “provida”) resultó determinante, pues fue él quien nominó a jueces como Samuel Alito y John Roberts, consolidando una mayoría conservadora en el tribunal. De hecho, durante el trámite del caso Dobbs v Jackson Women’s Health Organization, se filtró un borrador con la opinión mayoritaria elaborado por el juez Samuel Alito, en el cual ya se planteaba la anulación de Roe v. Wade y del precedente Planned Parenthood v. Casey. Así se sostuvo el derecho al aborto durante tres décadas, además de regularse la viabilidad fetal (24 semanas) y eliminarse la protección constitucional del derecho al aborto. Esto último, derivó en un traslado de la regulación a cada estado de la Unión. Debe tenerse en cuenta que este tipo de desregulaciones no son ajenas a las dinámicas electorales que las hacen posibles, en especial porque la configuración ideológica de las altas cortes responde, en gran medida, a decisiones adoptadas por actores políticos que llegan al poder a través de procesos electorales y que, una vez allí, impulsan agendas alineadas con sus intereses y bases electorales.
Este fenómeno se replica en nuestro país a través de iniciativas que, bajo discursos de protección, pretenden regular de manera restrictiva los derechos ya promulgados y protegidos por nuestro ordenamiento jurídico. Un ejemplo de esto es el acuerdo 340 de 2025 del Concejo de Bogotá, denominado “Ruta por la vida”, el cual imponía una evidente disuasión institucional y generaba una regresividad jurídica que no favorecía a nadie, sino a las ideas conservaduristas de quienes la propusieron. Este se archivó en marzo de 2026 tras ser objetado por la administración distrital al ser abiertamente inconstitucional. Lo anterior, también sirvió para ilustrar que esto no elimina el problema de fondo, el cual es la existencia de iniciativas que, lejos de ampliar garantías, buscan reconfigurar el alcance real de los derechos sexuales y reproductivos mediante mecanismos indirectos de limitación.
En consecuencia, estos altercados lo único que hacen es deshumanizar el derecho con el fin de negar las voluntades y oportunidades con las que cuentan las mujeres actualmente. Y aunque las urnas en 1957 fueron un primer paso hacia la ciudadanía de las mujeres y su derecho a elegir —como podemos divisar en la fotografía de María Currea, sufragista y activista colombiana —estas mismas son usadas muchas veces para intentar reversar sus derechos. Hoy, uno de los desafíos que atraviesan las mujeres es que las elecciones no se conviertan en una amenaza contra su propia autonomía. Lamentablemente, esta es una realidad a la que debemos enfrentarnos cotidianamente: ¿hasta cuándo será el cuerpo de las mujeres y sus decisiones una moneda de cambio para la búsqueda de votos?
Sobre la autora…
Laura Katherine Caro Ovalle es feminista y estudiante de Derecho de la Universidad Surcolombiana, con interés en el derecho penal y el análisis jurídico-feminista. Se ha enfocado en el estudio crítico del derecho, particularmente en temas de género, articulando su formación académica con procesos de incidencia en territorio. Además, encuentra en el arte una forma de expresión y construcción de sentido frente a las realidades sociales. Es integrante de la Red Huilense de Defensa y Acompañamiento en Derechos Sexuales y Reproductivos (RHUDA).