La Gaitana – Periodismo independiente

En el marco del 25N: ¿quiénes caben en nuestra idea de justicia?

Movilización del Día Internacional de la Mujer en Bogotá, 8 de marzo de 2022. Fotografía: Camila Páez Bernal.

Por: Camila Páez Bernal.

Pronto será 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Veremos cifras de avances y retrocesos sobre el tema. Hoy quiero invitar a reflexionar sobre qué entendemos por una vida buena para las mujeres y qué tensiones atraviesan esta discusión en Colombia.

De entrada, vale la pena tomar en cuenta el concepto de bien común del filósofo Michael Sandel (2009), quien invita a pensar en cómo definimos colectivamente lo justo y los valores a los que apostamos. Sandel explica que la justicia no es neutral y que, más bien, esta refleja nuestros principios. En ese sentido, hace falta deliberar sobre los valores que compartimos como sociedad e, idealmente, debatir sobre nuestras nociones de la buena vida: una vida que valga la pena vivir.

Entre los años ochenta y los noventa, se dio un boom normativo en el diseño de mecanismos jurídicos y de política pública para la protección legal de mujeres, niñas y niños en toda Latinoamérica, lo cual sentó las bases para un discurso que apoyaba el avance de la autonomía política, física y económica de las mujeres. En Colombia, entre 1991 y 2022, el Congreso de la República recopiló 80 disposiciones relacionadas con el empoderamiento económico, político y la vida libre de violencia para las mujeres (Cámara de Representantes de Colombia, s. f.). Como ejemplos, podemos citar la Ley 1413 de 2010, que enfatiza el valor de la economía del cuidado; la Ley 581 de 2000, que establece cuotas de género; y la Ley 1257 de 2008, diseñada para mitigar la violencia contra las mujeres. Esto sitúa a Colombia, junto con otros países de la región, entre aquellos que han avanzado en el marco normativo para proteger a las mujeres, como es el caso del feminicidio y su tipificación penal (Neumann, 2020).

Entonces, en el papel se valora la vida de las mujeres y Colombia ha buscado sistemáticamente mejorar la vida, cerrar brechas y garantizar el bienestar. Pero ¿qué significa esto para las mujeres en su día a día? El Observatorio Colombiano de Feminicidios registró 973 casos de feminicidios consumados, tentativas de feminicidios y transfeminicidios en 2025 (Observatorio Colombiano de Feminicidios, s. f.) y la Defensoría del Pueblo reportó para 2024 16.144 casos de violencia intrafamiliar y 15.771 casos de delitos sexuales contra las mujeres.

La revictimización también aparece en los procesos de atención y acceso a la justicia, por ejemplo, al llevar a los denunciantes a conciliaciones o mediación policial cuando existe la protección para no obligar a los denunciantes a confrontar al agresor. Esto evidencia un contexto en el que la violencia y las fallas institucionales contra las mujeres, los niños y las niñas siguen siendo pan de cada día. Hoy, nuestras redes sociales siguen llenas de noticias sobre feminicidios, violencia sexual y desapariciones; el miedo a salir a las calles sigue siendo una realidad para muchas.

Entonces, ¿qué pasa cuando la ley dice una cosa, pero en realidad nuestras prácticas siguen mostrando un contexto hostil para las mujeres? ¿Cómo se está abordando este abismo entre la legislación y la experiencia concreta? Pareciera que en vez de abrir el debate a una discusión pública que permita evidenciar estas limitaciones de la implementación de la ley, los éxitos en el papel han coexistido con una marea contraria que busca cuestionar los argumentos que han respaldado estos cambios legales desde la valoración de las autonomías de las mujeres, la demanda de justicia social y la visibilización de las violencias.

Ojo, estas luchas no son para que las mujeres no críen ni se queden en sus casas, sino para que, cuando lo hagan, esta sea una elección mediada por la libertad, el deseo y la conciencia, no por la dependencia, el miedo y la opresión. Hoy, más que nunca, nos damos cuenta de que los triunfos que se enmarcan en papel o se encuadernan en un libro no son suficientes para romper y transformar estructuras que siguen siendo violentas para las mujeres.

Esta tensión entre los derechos reconocidos y los valores que queremos proteger también se evidencia en las decisiones políticas. Actualmente, vemos señales preocupantes para la protección de los derechos de las mujeres y de los grupos LGBTI en Colombia. Respecto de la posición internacional del país, el gobierno dejó la copresidencia de la Coalición por la Igualdad de Derechos (Reynoso, 2026). Asimismo, el ejecutivo ha expresado reservas frente al uso de conceptos relacionados con derechos sexuales y reproductivos y el enfoque interseccional en espacios de Naciones Unidas (Rodríguez Mora, 2026; Las igualadas, 2026).

Más allá de esto, Colombia formalizó su adhesión al Consenso de Ginebra (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 2026). Esta última adhesión no modifica por sí misma la legislación colombiana, pero sí refleja un posicionamiento internacional. A nivel doméstico, la exministra de Educación, Viviane Morales, expresó hace tiempo la intención de erradicar lo que denomina “ideología de género” de los colegios (Toscano Jaime, 2026). Ahora, algunas son decisiones diplomáticas ya tomadas y otras son intenciones de cambio anunciadas. Lo que pasará dependerá de los ciudadanos y de los espacios de debate que debemos generar activamente.

Las decisiones sobre la buena vida requieren que estemos dispuestas a discutirlas colectivamente desde el reconocimiento de la diferencia. No se trata de entrar de nuevo en la dinámica polarizante que ha regido nuestro escenario político, sino de preguntarnos, como sociedad y en un debate que permita la diferencia, cuáles son las concepciones de género, familia, paz y buena vida a las que queremos apostar, así como generar espacios de discusión política que nos permitan encontrarnos desde el desacuerdo sin borrar la experiencia del otro.

La invitación no es a que pensemos igual, sino a recordar la violencia contra las mujeres y la urgencia de emprender acciones para prevenirla. Para esto, es necesario reconocer que las leyes que construimos y su implementación son resultado de los valores a los que les apostamos; las leyes que promueven la autonomía física, económica y política de las mujeres están apostando a una sociedad en la que las mujeres son incluidas, visibles e importantes. Pero estos conceptos en disputa no son teorías abstractas en el aire: tienen implicaciones directas en la vida de las personas.

Los vacíos de la ley, las deficiencias en su ejecución, los intentos de deslegitimación y la intolerancia frente a lo diferente nos muestran qué experiencias e identidades pueden quedar excluidas. Cuando rechazamos o limitamos la educación sexual y reproductiva para niños y niñas, podemos privarlos de herramientas para reconocer situaciones de violencia y conocer su cuerpo; cuando negamos el reconocimiento de identidades de género diversas, corremos el riesgo de excluir sus experiencias de las decisiones públicas que afectan sus vidas. Y cuando ignoramos brechas salariales, dejamos de lado las desigualdades que limitan la autonomía económica de muchas mujeres, especialmente de las madres cabeza de familia.

Por eso, discutir colectivamente nuestras concepciones de vida, familia y género también implica reconocer las experiencias concretas de quienes enfrentan feminicidios, violencia sexual, embarazos adolescentes y desigualdades económicas. No podemos construir una idea compartida de justicia si dejamos por fuera de esa discusión las vidas y necesidades de quienes deberían estar protegidos por ella.

Sobre la autora…

Camila Páez-Bernal es doctora en Ciencia Política por Arizona State University, donde realizó sus estudios como becaria Fulbright. Actualmente es profesora en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Cincinnati, Estados Unidos. Su investigación se centra en la política comparada, con especial énfasis en América Latina, las instituciones democráticas, la participación política, los movimientos sociales, el género y la violencia política.

Su trabajo combina metodologías cualitativas y cuantitativas, así como perspectivas interdisciplinarias provenientes de la ciencia política, la antropología, la filosofía y los estudios culturales. Ha publicado en revistas académicas como Perspectives on Politics y Population Research and Policy Review, y es coautora de un capítulo en The Oxford Handbook of Political Participation (Oxford University Press).

Referencias

Cámara de Representantes de Colombia. (s. f.). Listado de leyes mujeres 1991–2022. https://www.camara.gov.co/wp-content/uploads/2025/06/listado_leyes_mujeres_1991_2022_1_1.pdf

Defensoría del Pueblo. (2025, 25 de junio). Panorama de las violencias de género en Colombia: enero a mayo de 2025. https://www.defensoria.gov.co/w/panorama-de-las-violencias-de-genero-en-colombia-enero-a-mayo-de-2025

Defensoría del Pueblo. (2026, 11 de octubre). Defensoría del Pueblo presenta Balance 2025 sobre barreras de acceso a la justicia para mujeres y personas OSIGNH en el país. https://www.defensoria.gov.co/w/balance-2025-sobre-barreras-de-acceso-a-la-justicia-para-mujeres-y-personas-osignh

Equality Now. (s. f.). El retroceso global contra los derechos de las mujeres: qué estamos viendo y cómo respondemos. https://equalitynow.org/es/news/news-and-insights-es/el-retroceso-global-contra-los-derechos-de-las-mujeres-que-estamos-viendo-y-como-respondemos/

Las Igualadas. (2026, 7 de octubre). Colombia se distancia del concepto “derechos sexuales y reproductivos” en Consejo de la ONU. El Espectador. https://www.elespectador.com/genero-y-diversidad/las-igualadas/colombia-se-distancia-del-concepto-derechos-sexuales-y-reproductivos-en-consejo-de-la-onu/

Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. (2026, 8 de octubre). Colombia formaliza su adhesión al Consenso de Ginebra sobre la Promoción de la Salud de la Mujer y el Fortalecimiento de la Familia. https://www.cancilleria.gov.co/sala-de-prensa/noticias/colombia-formaliza-su-adhesion-al-consenso-de-ginebra-sobre-la-promocion-de-la-salud-de-la-mujer-y-el-fortalecimiento-de-la-familia

Neumann, P. (2020). Femicidio and feminicidio laws in Latin America. En Oxford Research Encyclopedia of Politics. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228637.013.1715

Observatorio Colombiano de Feminicidios. (s. f.). Reportes [Tablero interactivo]. Recuperado el 26 de octubre de 2026, de https://www.observatoriofeminicidioscolombia.org/reportes

Reynoso, L. (2026, 17 de septiembre). Colombia se retira de la mayor coalición internacional por los derechos LGBTI: “No es prioridad, es algo del Gobierno Petro”. El País. https://elpais.com/america-colombia/2026-09-17/colombia-se-retira-de-la-mayor-coalicion-internacional-por-los-derechos-lgbti-no-es-prioridad-es-algo-del-gobierno-petro.html

Rodríguez Mora, P. (2026, 9 de octubre). Colombia se desmarca ante la ONU de los derechos sexuales y reproductivos y cuestiona conceptos de género. El Colombiano. https://www.elcolombiano.com/colombia/colombia-cuestiona-derechos-sexuales-reproductivos-genero-onu-BH42105217

Sandel, M. J. (2009). Justice: What’s the right thing to do? Farrar, Straus and Giroux.

Toscano Jaime, N. (2026, 21 de agosto). Diario del gobierno de Abelardo: busca acabar con la “ideología de género”. La Silla Vacía. https://www.lasillavacia.com/en-vivo/diario-del-gobierno-de-abelardo-busca-acabar-con-la-ideologia-de-genero/

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