Editorial
Ante las luchas de las mujeres por la garantía de sus derechos, siempre han existido estructuras que validan los discursos que las minimizan. En la actualidad, donde el clickbait y la información rápida se sobreponen a la argumentación y la búsqueda de fuentes confiables, los medios de comunicación deben asumir una posición clara ante un dilema recurrente: o sostienen formas de violencia simbólica o cultural que legitiman violencias directas, o las contrarrestan.
Un ejemplo de ello es la violencia política de género. Esta incluye toda acción, conducta u omisión que, por la condición de mujer de la víctima, pretenda restringir o impedir el ejercicio de sus derechos políticos, ya sea mediante la participación electoral, ciudadana o el ejercicio de la función pública. No se limita a quienes ejercen directamente la política, sino también a sus familias y círculos sociales cercanos. Aunque ocurre sin distinción de la corriente política o ideológica, tiene algunos elementos en común: se normaliza a través de discursos que minimizan la importancia de la participación de las mujeres y se valida a través del “humor”.
Como generadores de opinión, los medios debemos reconocer nuestra responsabilidad en la construcción de estas narrativas, bien sea mediante análisis sesgados o al servir de portavoces para estos mecanismos de discriminación. Tal como lo señalan diversas fuentes académicas, los medios de comunicación pueden convertirse en amplificadores de ‘espirales de silencio’ o agendas persuasivas que deslegitiman a algunos grupos sociales junto con sus agendas políticas, incluyendo las mujeres.
Esta estructura de violencia no golpea a todas por igual. Cuando en los análisis no se tiene en cuenta un enfoque interseccional que reconozca cómo el racismo y el clasismo sistémico afectan a poblaciones históricamente violentadas , los medios de comunicación contribuyen a profundizar las brechas. Mientras que algunas voces son escuchadas, las mujeres indígenas, afrodescendientes, rurales o de sectores empobrecidos enfrentan una doble marginación: la de ser mujeres en política y la de pertenecer a territorios que los medios solo visitan cuando se presentan situaciones de violencia directa, por la noticia del momento. En este sentido, al replicar prejuicios de clase o raza no solo se desinforma, sino que se generan ambientes donde la violencia se justifica por el origen de la víctima, invalidando sus luchas y relegando sus agendas a los márgenes del debate público.
Adicionalmente, en cuanto a medios de comunicación, el entorno digital cobra mayor relevancia como territorio de disputa, al ser el lugar donde la mayoría de personas coincidimos. En el caso de la violencia de género, a sus expresiones físicas se le suman las violencias en la red. Mientras la ONU estima que el 23% de las mujeres en Europa han sufrido algún tipo de violencia de género digital, en Colombia alrededor del 53% de las mujeres han vivido violencia de este tipo. Esto resulta crítico para las mujeres trabajadoras y empresarias, quienes permanecen conectadas más de 7 horas diarias por motivos laborales. Pero, aunque la gran mayoría rechaza estas agresiones, aún persiste un preocupante 14.4% que justifica el acoso en redes sociales. Resulta evidente que las redes sociales y otros entornos digitales continúan siendo un espacio hostil, donde se normalizan distintos tipos de agresiones. De allí que los medios de comunicación tengamos una responsabilidad clave a la hora de fortalecer una cultura mediática que no justifique la agresión.
En el marco de un nuevo 8 de marzo, las luchas históricas de las mujeres por el sufragio y la participación enfrentan nuevas problemáticas: la violencia digital y el sesgo mediático. Desde los medios de comunicación, debemos pasar del “feliz día” a buscar la transformación de los contextos locales donde informamos. Transitar de la mera retórica de la equidad a la práctica de un periodismo que no solo narre las luchas, sino que deje de ser un obstáculo que las invisibiliza.