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Opinión | Por: Luis Humberto Perdomo
El mes del orgullo está acompañado de una disputa con distintos frentes. Me gusta cuando en Colombia León Zuleta hablaba del “Poder Guey”. Eran los años 70s y la homosexualidad era considerada como una enfermedad en el mundo entero. No obstante, Zuleta asumió la necesitad de crear un discurso disidente y considerar sus propias acciones como actos políticos que interpelaban el orden binario establecido.
La de esa época fue una disputa desde lo discursivo y territorio-local para consolidar una apuesta global por la defensa de los derechos de una población. Zuleta cuestionó no solo el orden binario, también la manera como se fueron configurando discursos desde “América” y eso lo llevó a plantear el termino Guey de manera alterna al término Gay en inglés. Buscaba la manera de nombrar sus banderas desde la lengua propia, una necesidad de asumirse desde su territorio y su lenguaje.
Evidentemente no se trata de asumir un tinte nacionalista en las reivindicaciones sociales. Es reconocer que en la conquista de derechos no se deben configurar narrativas dominantes o institucionalistas que se globalicen e invisibilicen otras expresiones territoriales. Por eso la necesidad de reconocer que cada uno de los territorios han dado luchas históricas por consolidar la conmemoración del mes del Orgullo y sobre todo para incidir en la institucionalización de sus agendas de derechos.
En el mes del orgullo se pone en evidencia que una disputa histórica ha sido atravesada desde distintos frentes y territorios. Por consiguiente, el reto está en institucionalizar las agendas y discursos; reconocer las luchas territoriales, donde la violencia física o psicológica es tan silenciosa que no incomoda la indiferencia de nadie.
Hace unas semanas fue publicado el Informe derechos humanos de personas OSIGD-LGBTI 2021: una radiografía del prejuicio por parte de la Defensoría del Pueblo. Este informe expresa que hay una violencia con patrones comunes y que se justifica en la orientación sexual, identidad o expresión de género diversa. Este tipo de violencia se ha presentado con la acción u omisión de las instituciones públicas y están siendo legitimadas en espacios sociales.
Así mismo, plantea que los hechos de violencia se han desencadenado en homicidios y feminicidios. Entre el año 2021 y 2022 han asesinado 80 personas. Específicamente son 48 mujeres transgénero, 27 hombres gay, 4 mujeres lesbianas y 1 hombre bisexual. Este panorama es alarmante en Colombia, teniendo en cuenta que es unos de los países más violentos en América Latina; y lo que pone en evidencia este y otros informes son los patrones comunes en los hechos de violencia en una sociedad que con su silencio legitima el asesinato, esto evidencia la LGBTIfobia.
De la misma manera, las instituciones públicas han asumido un rol violento, pues, no han asumido en sus acciones institucionales un enfoque diferencial en el que sus funcionarios comprendan, politicen y respeten la diversidad. Por consiguiente, el informe plantea que la Política Pública Nacional LGBTI (Decreto 762 de 2018) no ha sido una prioridad del gobierno nacional, así mismo, las entidades territoriales tienen aún la tarea de formular sus propias políticas locales.
Los casos de violencia nos muestran que hay departamentos o municipios más violentos que otros. Esto requiere pensar desde el territorio la creación de espacios de cuidados para la diversidad y sobre todo el acompañamiento y veeduría en el compromiso institucional para la promoción, atención, sanción y eliminación de los prejuicios que impiden el ejercicio de los derechos de la población LGBTIQ+.
Así como la historia de la conmemoración del día del orgullo o la historia de León Zuleta nos muestra la relevancia de la disputa discursiva y del lenguaje. Hoy en día se hace necesario el fortalecimiento de la disputa institucional, política, y territorio como un para institucionalizar la agenda de derechos. Sobre todo, para que desde los territorios y sus respectivas entidades territoriales haya un compromiso ético y político con la formulación, implementación y evaluación.
Perfil: Politólogo de la Universidad Surcolombiana.
Cláusula de conflicto de intereses: Humberto Perdomo no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico/profesional/personal de su perfil.
