Una médica residente colombiana se ha suicidado. Estaba vinculada a la Universidad Javeriana. La nota que deja indica a sus compañeros “Ustedes sí pueden”. Es como una excusa, una justificación. Me refiero a la doctora Catalina Gutiérrez Zuluaga (D.E.P.). Mientras se debate en redes sociales su edad e historial de salud, salen a relucir más relatos de médicos y médicas de diferentes universidades colombianas, públicas y privadas, que convergen en denunciar un secreto a voces que nadie se ha tomado la molestia de atender: el acoso y la violencia durante la formación médica. Aunque dicha violencia se vive desde pregrado tiende a profundizarse en las especializaciones clínicas.
Algunas voces sostienen que el debate es un tema interno. Al igual que ocurre con otras violencias, “la ropa sucia se lava en casa”, Sin embargo, parafraseando al psiquiatra William Sánchez: «El maltrato en la medicina no es una línea vertical, como las jerarquías de la formación médica. Es un círculo. Un círculo que pasa por especialista, residente, estudiante y paciente». Porque el maltrato no forja carácter, -como algunos sectores defienden-. Genera indiferencia ante el dolor ajeno, aversión hacia el autocuidado, deshumanización y profundiza estigmas en torno a la salud mental, en una profesión con una carga emocional implícita.
Empecemos por decir que el proceso de ingreso a una especialidad médica implica para la mayoría de postulantes, varios años previos pagando una y otra vez exámenes de admisión en diferentes universidades, recorriendo distintas ciudades del país, en la disputa por dos o cuatro cupos, con la desconfianza de calificaciones fantasma en entrevistas con criterios poco claros y que en ocasiones parecen responder a cadenas de favores o a meros negocios. No es raro entonces que la posibilidad de retirarse de una especialidad se vea como un fracaso, que se desee cuidar ese cupo con cuerpo y alma, evitando cualquier atraso en su graduación, para no incrementar la deuda a la que muchas veces deben recurrir sosteniendo matrículas que van de los 8 a los 20 millones por semestre.
En cuanto a las situaciones de acoso y violencia, estas van desde insultos y humillaciones públicas, hasta acoso sexual y violencia física como empujones, golpes, escupitajos y castigos para aumentar las horas de trabajo de personal residente. Y sí, hablo de trabajo porque los y las residentes al día de hoy operan como mano de obra precarizada en clínicas y hospitales. Allí cumplen horarios extenuantes, que se alargan por esos “castigos” impuestos por sus superiores, llegando a turnos de hasta 24 o 36 horas continuas, donde no solo realizan actividades académicas, sino que atienden pacientes. En el mejor de los casos en estas jornadas cuentan con el acompañamiento de su docente, pero en muchos otros simplemente se les deja firma y sello de su especialista, bajo la amenaza de que resuelvan absolutamente todo y firmen las historias clínicas sin “molestarle”, bien sea porque su superior, paradójicamente, necesita descansar o porque se encuentra trabajando en varios lugares.
Aquí mismo en la Universidad Surcolombiana es bien sabida la persistencia de estas prácticas. Es frecuente encontrar en los pasillos y chats de la Facultad de Salud y del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, relatos con los mismos nombres de los y las profesoras que desde mis años de estudio ya ejercían la violencia, personajes que han tenido incluso procesos legales abiertos luego de humillar, acosar y golpear a su personal subordinado, sin que nada pase.
Estas situaciones pasan inadvertidas de las cifras oficiales. Ello ocurre, en parte por su normalización como algo propio del proceso formativo, y también por el temor a denunciar, para evitar represalias. Las implicaciones de dicha violencia psicológica llevan a tal nivel de menosprecio y auto minimización, que la opción de la denuncia es una derrota. La solución parece ser vivir el proceso muchas veces en solitario, sin poder o querer explicar a sus familias cómo sobreviven el día a día.
Y es que aún en la actualidad, la importancia que se le da a la salud mental parece limitarse a los artículos y publicaciones que llenan los currículos de profesionales del sector salud. Uno de dichos estudios, irónicamente con participación incluso de la Universidad Javeriana, encontró que en residentes de cirugía del 2023 “… las tasas de acoso laboral y sexual fueron de 35,3 % y 18,1 %, respectivamente”, siendo el acoso sexual “significativamente mayor entre las mujeres” y los profesores de cirugía y los residentes de niveles superiores los principales perpetradores de conductas de acoso laboral.” [1]
No sorprende entonces que, tras la muerte de Catalina, el saludo del día siguiente en muchos centros de estudio iba cargado de amenazas de que quienes hablaran con la prensa iban a ver reflejada su “impertinencia” en sus evaluaciones, que “ya no se les podía decir nada” o que estaban exagerando, que “no siempre es así”, que “no hay denuncias ni pruebas” y “que si no les gusta, mejor no hubieran ingresado a estos programas”. Frases en las que suelen resguardarse quienes ejercen violencia y sus cómplices, buscando menguar la oleada de críticas que se han producido.
Mientras tanto, el debate en redes sociales continuaba. Se empezaron a publicar los nombres de docentes y presuntos perpetradores de la violencia, nombres que se repetían y a quienes no tardaron algunas personas en defender, pidiendo confidencialidad, rechazando el escrache (también llamado “funa”) o minimizando la sistematicidad de sus prácticas. Pero tal como expresó una colega, las instituciones de educación superior han tenido sobradas oportunidades para investigar en privado, adelantar procesos pedagógicos y dar solución a una problemática que se ha convertido en patrón, que no es exclusiva de la Universidad Javeriana y de los programas de Cirugía, sino que es un tema estructural de la educación en el sector salud, donde quienes van avanzando en sus estudios muchas veces replican las mismas prácticas, en una suerte de herencia de acoso y violencia normalizada.
Que sea ahora entonces el escarnio público y la vergüenza lo que les movilice, porque no es posible que una médica se suicide y no pase nada.
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Nota adicional de la autora: Un par de horas antes de publicar esta columna se conoce por redes sociales el presunto suicidio de un estudiante de pregrado (Medicina) de la Universidad de los Andes por discriminación asociada a prejuicios de orden socioeconómico. Con profundo dolor insistimos en que estamos frente a un patrón y las instituciones de educación superior deben tomar medidas urgentes. Cada noticia como esta es una vida truncada dejando una estela de dolor a su paso. No podemos permanecer indiferentes.
Citas: [1] Domínguez-Torres LC, Sanabria-Quiroga ÁE, Torregrosa-Almonacid L, Vega-Peña NV. Acoso laboral y sexual en residentes de cirugía colombianos en 2023. Rev Colomb Cir. 2024;39: (en prensa) Disponible en: https://www.revistacirugia.org/index.php/cirugia/article/view/2531/2086