Más de dos décadas han transcurrido desde que la Corte Penal Internacional entró en funcionamiento. El organismo representa la materialización en el cambio de perspectiva del derecho internacional público: durante mucho tiempo se pensó que la finalidad de éste era regular las relaciones entre los Estados. Ahora bien, con la creación del tribunal penal internacional quedó claro que los individuos son objeto de protección bajo la ley internacional y que existen problemas que conciernen a toda la humanidad, porque su gravedad es tal que representan una afrenta para los valores de la comunidad internacional.
En sus inicios, la Corte Penal Internacional fue objeto de críticas, muchos se preguntaban por qué el tribunal se había enfocado, casi de manera exclusiva, en juzgar a criminales de guerra en países africanos. Las críticas se enfocaban en que el tribunal internacional operaba con una lógica de enjuiciar a individuos provenientes de países en vía de desarrollo y con una ideología contraria a la imperante en el norte global. Sin embargo, recientemente esta narrativa fue confrontada con la expedición de la orden de captura en contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aliado de Estados Unidos y de Occidente.
Así las cosas, el pasado noviembre la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional profirió una orden de captura en contra de Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant, ministro de defensa del Estado de Israel, tras considerar que estos dos individuos habían incurrido en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, los cuales fueron perpetrados entre el 8 de octubre de 2023 y mayo de 2024. Dentro de estos crímenes se enlistan conductas como provocar intencionalmente la inanición de civiles, asesinato, persecución y otros actos inhumanos. La Corte no se pronunció sobre una eventualidad responsabilidad por el crimen de genocidio, pese a que es importante tener en cuenta que en etapas posteriores del proceso ante la CPI esta conducta puede ser atribuida a los criminales de guerra, por lo que no resulta un tema del todo zanjado.
La relevancia de la emisión de esta orden de captura no ha sido más que de orden simbólico, pues su eficacia depende de si alguno de los 124 Estados que han ratificado el Estatuto de Roma decide hacerla entrar en vigor y arrestar efectivamente a los acusados, quienes podrán ser aprehendidos siempre y cuando se encuentren en territorio de jurisdicción de alguna de las 124 partes (hasta el momento ninguna orden de captura proferida por este alto tribunal se ha hecho efectiva por parte de ningún Estado). Desde luego, Estados Unidos e Israel no están incluidos en esta lista. No obstante, los símbolos juegan un rol indispensable en el derecho y en el avance de la justicia a nivel internacional. La expedición de esta orden de captura da cuenta de que, en un mundo donde cada vez surgen líderes autoritarios con narrativas antiglobalistas, el derecho internacional se fortalece bajo criterios de independencia que guían su actuar, haciendo cumplir la ley para todas las partes involucradas.
Desde mediados del siglo XX, el espíritu que llevó a los Estados a replantear la concepción tradicional y estadocentrista del derecho internacional pretendió brindar garantías judiciales a los individuos que eran víctimas de crímenes internacionales o graves violaciones a los derechos humanos, más allá de las fronteras nacionales. Hoy en día, en medio del auge de autoritarismos, con figuras como Nethanyahu, Trump, Milei, Orbán, Putin, Xi Jiping y todos sus aliados, los avances del derecho internacional se presentan ante los ojos de muchos líderes mundiales como una especie de Frankenstein: la creación de un orden mundial que fue legitimado por sus antecesores y que ha cobrado tal fuerza vital que desborda sus intereses y los pone en jaque. ¿Podrán atar al monstro incontrolable? ¿O quizá tan solo aceptarán sus límites y lo reducirán al mundo de las ideas y lo simbólico? Que cada uno haga su apuesta.