En un departamento que, entre sus capítulos de horror, narra un sinfín de pérdidas y sufrimientos que persisten con el paso del tiempo, hoy se observa un alarmante aumento en los índices de violencia, que contrasta con los esfuerzos de paz promovidos por el Gobierno en el marco de la política de Paz Total. Las cifras recientes revelan un recrudecimiento del conflicto armado, lo que visualiza un panorama sombrío que exige una reflexión profunda sobre la pertinencia de las políticas implementadas.
A ocho años de la firma de uno de los acuerdos más importantes en materia de paz en el país, la presencia diferenciada del Estado en territorios geoestratégicos, así como el control e injerencia de actores que ejercen poder a través de las armas, ha funcionado como un agravante para escenarios de conflicto que hacen visible el legado del uso de la violencia privada como forma de mantener el orden y el control social en zonas dónde la pobreza se perpetúa de generación en generación.
Esto, sumado a la ambigüedad en los imaginarios de paz, ha permitido grandes fisuras entre lo que esperaba la sociedad civil en materia de implementación y las apuestas de los gobiernos de turno que, aunque proclamen tal fin, proyectan un alto costo en vidas y conquistas, así como en espacios y territorios de poder donde la voz requiere etiqueta para resonar, y de territorios que, en medio de disputas por su control, evidencian lo vulnerables que somos al no pertenecer ni siquiera al cuerpo que habitamos.
Fenómenos como la vinculación de niños, niñas y adolescentes a la guerra, el reclutamiento forzado, la imposición de manuales de conducta y la carnetización en zonas rurales del departamento del Huila han mostrado la amplia capacidad de los agentes armados ilegales para el control y sometimiento de comunidades y organizaciones sociales. No es de extrañar que el departamento del Huila registre un total de ocho Alertas Tempranas (AT)1 entre 2018 y 2024, en las que se advertía sobre la injerencia de disidencias, especialmente en la zona occidental y norte del departamento.
Las cifras de una región, asediada por la violencia.
Para el año 2023, en el marco de la construcción de la Política Territorial de Paz y Derechos Humanos de la Gobernación del Huila, se evidencia un aumento de la violencia del 87% entre 2020 y 2023, incluyendo homicidios, desplazamientos forzados, asesinatos de líderes sociales y violencias de género. Solo en 2023, según cifras de la Unidad para las Víctimas (UARIV) se registraron 6.825 casos de desplazamiento forzado. En octubre de 2024, la cifra total de desplazamientos asciende a 161.049. En lo que respecta a hechos violatorios del Derecho Internacional Humanitario (DIH), el repositorio de Naciones Unidad (OCHA) reporta un total de 78 incidentes para 2023 y 48 hasta octubre de 2024.
De acuerdo con la organización INDEPAZ entre 2016 y 2024 se han registrado un total de 41 asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos en el Huila, siendo 2020 el año más violento con 11 muertes. En lo que va de 2024, se han contabilizado cuatro asesinatos, de los cuales dos ocurrieron en agosto.
Por otro lado, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entre 2016 y 2024 se registraron 943 incidentes relacionados con el conflicto y violaciones a los derechos humanos en el departamento del Huila. De estos, 493 corresponden a homicidios selectivos, 194 a amenazas, 112 a atentados, 82 a extorsiones, 40 a actos terroristas, 36 a vinculaciones de niños, niñas y adolescentes a grupos armados, 21 a enfrentamientos entre disidencias y la fuerza pública, y 19 a secuestros, entre otros. Los grupos más afectados por estos hechos son los jóvenes, con 152 casos; los niños, niñas y adolescentes, con 88 casos; así como líderes sociales, campesinos y poblaciones étnicas. Hasta la fecha, la JEP ha registrado 289 incidentes de afectación contra la sociedad civil en 2024.
El negacionismo respecto a la injerencia y presencia de actores armados en los últimos cinco años ha obstaculizado la acción oportuna de las entidades competentes. Esta miopía, centrada en catalogar los hechos violentos como incidentes aislados, ha permitido el fortalecimiento y la internalización de prácticas de control y uso de la violencia como forma de poder en algunas zonas con escasa presencia del Estado, facilitando así la actuación de disidencias y grupos armados ilegales.
«El negacionismo respecto a la injerencia y presencia de actores armados en los últimos cinco años ha obstaculizado la acción oportuna de las entidades competentes»
El rastro de actores armados en los últimos 5 años para el Huila
Según la investigación realizada en conjunto con el profesor David Silva Ojeda2 de la Universidad Surcolombiana, entre 2017 y 2019 se registró la injerencia de la disidencia de las FARC-EP de la Columna Móvil Dagoberto Ramos en municipios como Teruel, Íquira, Santa María, Palermo y Aipe; la Comisión Frente 62 Gentil Duarte en el municipio de Algeciras; y el Frente 3 en el municipio de Baraya. También, se reportó la injerencia de la Segunda Marquetalia, la Columna Móvil Teófilo Forero y de la delincuencia común del ELN en el municipio de Teruel. Esto evidencia un intento de activar el corredor estratégico del Sumapaz, dada la influencia del control montañoso de la cordillera central y oriental.
Entre 2020 y 2021 se registró una dispersión y acentuación de la presencia de actores disidentes con el Comando Coordinador de Occidente en municipios como La Plata, Paicol, Tesalia, Íquira, Nátaga y Neiva, así como en Algeciras. También se observaron disidencias del Bloque Suroriental en el municipio de Acevedo y panfletos que indicaban la injerencia del ELN en Teruel, así como la presencia de la Segunda Marquetalia en Campoalegre y Algeciras. Entre 2022 y 2024, el reagrupamiento de actores armados en el departamento se hace aún más evidente.
Es importante mencionar que, tras el cambio de gobierno y en el marco de la Política de Paz Total, se prepararon mesas de diálogo con los actores armados presentes en el país, como el Estado Mayor Central (EMC), un grupo disidente cuyos principales miembros no firmaron el Acuerdo de Paz con las antiguas FARC-EP. Esta mesa se instaló en diciembre de 2023 e incluye los bloques Jorge Suárez Briceño, Bloque Suroccidental, Comando Conjunto de Oriente, Bloque Magdalena Medio y Bloque Occidental Jacobo Arenas. Sin embargo, en 2024, debido a diferencias entre Néstor Vera, alias ‘Iván Mordisco’, y Alexander Díaz, alias ‘Calarcá Córdoba’, el EMC se dividió en dos facciones: por un lado, los bloques Jorge Suárez Briceño, con frentes como Rodrigo Cadete, Iván Díaz y el CM Dagoberto Ramos, bajo el mando de alias ‘Calarcá Córdoba’ (ala que aún sigue en la mesa de negociación con el gobierno), y el Bloque Jacobo Arenas, con el frente Dagoberto Ramos; y por otro lado, los bloques Isaías Pardo, con los frentes Hernando González Acosta y el Ismael Ruiz, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. Este último se encuentra actualmente fuera del cese al fuego, como se evidencia en el mapa a continuación.
La coexistencia entre la paz y la guerra
Ante el desconcertante panorama actual, la Política de Paz Total del gobierno ha apostado por priorizar mesas de negociación con un enfoque territorial en un intento de encontrar una salida negociada al conflicto. Sin embargo, la cristalización de acuerdos y la fragmentación de actores, junto con las conversaciones herméticas sobre el avance de las discusiones entre el Estado y los grupos armados, han convertido el mantenimiento de una agenda de paz en un territorio en disputa en un verdadero desafío3.
Los discursos de militarización y el aumento de la fuerza en zonas fuertemente asediadas chocan con los llamados de la sociedad civil para el respeto de los mínimos humanitarios y la garantía de permanencia en los territorios. Es fundamental reconocer que la paz negociada requiere de voluntad y que las discusiones deben centrarse en las dinámicas de poder y las economías ilegales que alimentan el conflicto.
La perpetuación de la violencia no solo ha revelado un vacío de poder tras la salida de las antiguas FARC-EP, que fue disputado y posteriormente llenado por diversos actores, sino que también ha evidenciado que las discusiones estructurales no han tenido el peso suficiente para transformar las realidades de la ruralidad huilense.
Por ello, es imperativo que los esfuerzos institucionales vayan encaminados en la adecuación de ecosistemas que permitan el diálogo condicionado al respecto del DIH, esto implica un despliegue institucional que focalice los puntos de tensión que alimentan fenómenos como el reclutamiento forzado y el asesinato selectivo. El blindaje a los acuerdos de paz firmados en 2016 permite no sólo instar al armado en que la negociación es el camino, sino también, posibilita el pensar otras formas de actuar por parte de la institucionalidad.
- Entre las cuales se encuentran la AT 036 de 2018 de los Municipios de Baraya, Neiva y Tello, la AT 063 de 2018 y AT 043 de 2020 de Algeciras; La AT 029 de 2020 de íquira; AT 025 de 2022 para íquira, La Plata y Nátaga; la AT 010 de 2023 de Neiva, Baraya y Tello; la AT 022 de Neiva, Baraya y Colombia la AT 012 de 2024 para Garzón y Gigante. ↩︎
- El profesor Silva Ojeda es colaborador de este portal. ↩︎
- Esto no solo demuestra un control territorial y de rutas por parte de actores armados, sino también una estructura jerárquica que permite la sincronía en las cadenas de mando dentro de las organizaciones. Además, permite observar una coordinación entre grupos a través de redes de cooperación que operan en economías ilegales, lo que les permite internalizar y adaptarse en zonas con una débil presencia del aparato estatal. Este fenómeno ha llevado a la tercerización de las expresiones de violencia, así como la continuidad de un ciclo de violencia interminable, incluso después de la firma de un acuerdo de paz. Lo cual implica nulas garantías de permanencia en el territorio de sectores poblacionales fuertemente golpeados por estas presencias como lo son firmantes de paz, líderes sociales, comunales, campesinos y juveniles. ↩︎
Un comentario sobre “El Huila: entre imaginarios de paz y disputas de poder en una región en conflicto”