En Colombia, la corrupción se ha convertido en un hecho más de la cotidianidad. En regiones como el departamento del Huila, numerosos ciudadanos optan por guardar silencio ante actos corruptos y terminan aceptándolos como algo “normal”. ¿Qué explica esta preocupante resignación colectiva? Diversos factores sociales, económicos y políticos confluyen para que la población no denuncie la corrupción, alimentando un círculo vicioso de impunidad.
Factores sociales: cultura de tolerancia y miedo a represalias
Existe en la sociedad colombiana una cultura de tolerancia o acostumbramiento frente a las pequeñas corrupciones del día a día. La frase “hecha la ley, hecha la trampa” refleja cómo muchas infracciones menores son vistas con permisividad. De hecho, no es exagerado afirmar que la sociedad colombiana cuenta con muchos ejemplos de corrupción que han sido aceptados por ser de menor grado y que han pasado a formar parte del diario vivir”. Este aval social implícito se traduce en que sobornos “pequeños” o trámites amañados no generen indignación suficiente para denunciarlos. Con el tiempo, esa normalización erosiona la línea entre lo correcto y lo incorrecto, provocando incluso cambios en las conexiones cerebrales y trastocando paradigmas éticos al normalizar estas actividades sin recriminación o mucho menos social.
Otro factor social clave es el miedo a las represalias. Muchos ciudadanos temen que denunciar a un funcionario corrupto o a un poderoso local pueda costarles el empleo, beneficios o incluso poner en riesgo su integridad. No es una preocupación infundada: según el Barómetro Global de Corrupción 2019, el 78% de los colombianos encuestados cree que denunciar puede marcar la diferencia en la lucha anticorrupción, pero considera que quien lo haga “sufrirá represalias”. En otras palabras, la mayoría piensa que al alzar la voz podría exponerse a venganzas personales o violencia. Este temor se agrava en localidades donde todos se conocen y las redes de poder pueden aislar o intimidar al denunciante. Líderes sociales y comunitarios en Colombia han enfrentado amenazas e incluso agresiones por destapar actos de corrupción, lo que envía el mensaje de que es más seguro callar que arriesgarse.
La desconfianza en las autoridades también desanima la denuncia. Si la gente percibe que denunciar “no sirve para nada” porque las instituciones no actúan, es menos probable que se moleste en reportar un hecho. Amplios sectores de la población sienten que las quejas caen en saco roto. Según un informe de Justicia Cómo Vamos de 2024, un contundente 90% de los ciudadanos opina que la justicia “no ha estado a la altura” frente al flagelo de la corrupción. Esta percepción de ineficacia alimenta la apatía: “¿para qué denunciar si igual no pasará nada y todo quedará igual?”. En resumen, factores sociales como la cultura de ilegalidad, el miedo individual y la falta de credibilidad en la justicia se combinan para frenar la disposición a denunciar.
Factores económicos y políticos: impunidad, clientelismo y falta de protección
A los factores sociales se suman motivos económicos y políticos que consolidan el silencio. Uno de los más citados por analistas es la sensación de impunidad. Los colombianos frecuentemente ven en las noticias cómo escándalos de corrupción quedan sin castigo o se dilatan por años. Esta realidad genera cinismo: la ciudadanía percibe que denunciar es inútil porque los corruptos “siempre se salen con la suya”.
Una investigación reciente del Observatorio de Fraude y Corrupción (Agencia ITRC) encontró que la principal razón por la que la gente no denuncia hechos de corrupción es precisamente la percepción de impunidad o falta de acción de las autoridades, citada por 41% de los encuestados. Es decir, cuatro de cada diez personas creen que denunciar no vale la pena ya que el caso no avanzará o no habrá sanciones. A esto se añade el dato de que 13% no denuncia por temor a retaliaciones, reflejando de nuevo el factor de miedo, mientras que otro 5% admite no saber cómo ni dónde denunciar. La ausencia de mecanismos claros y seguros de denuncia –como líneas confidenciales efectivas o protección al denunciante– constituye, por tanto, otra barrera importante.
El clientelismo político y la dependencia económica también juegan su papel. En departamentos como Huila, muchas relaciones de poder se articulan en torno a favores políticos, contratación pública y “palancas” para obtener empleo o ayudas. Esto crea lealtades forzadas: alguien que consiguió un puesto gracias a un político difícilmente denunciará las irregularidades de su benefactor, por gratitud o por no perder ese sustento. De igual forma, comunidades con altos niveles de pobreza pueden llegar a tolerar la corrupción local si a cambio reciben migajas en forma de pequeñas obras, mercados o dádivas.
Se trata de un intercambio perverso: se mira hacia otro lado ante actos corruptos a cambio de beneficios puntuales. “Más vale lo conocido que lo por conocer”, podría pensar una familia que depende de la alcaldía de turno para su sustento. En síntesis, la cooptación económica de la ciudadanía –a través de empleo público, contratos o asistencialismo– debilita el incentivo a denunciar por miedo a perder esos beneficios en un entorno donde abundan las necesidades básicas insatisfechas.
Aunado a ello, está la falta de protección legal y apoyo al denunciante. Colombia apenas empieza a desarrollar estatutos robustos de protección a informantes (whistleblowers). Hasta hace poco, quien denunciaba corrupción quedaba prácticamente solo, expuesto a demandas por calumnia o a represalias laborales. Aunque existen normas en papel, en la práctica muchos consideran que “denunciar es darse contra la pared”. Transparencia por Colombia ha señalado que persisten importantes vacíos en la protección de quienes denuncian, y que los canales estatales de denuncia no generan confianza en la ciudadanía. Cuando denunciar implica un altísimo costo personal y ningún respaldo institucional, es comprensible que pocos estén dispuestos a hacerlo.
La corrupción se ve, pero no se denuncia: percepción versus realidad
Paradójicamente, los colombianos sí perciben y rechazan la corrupción, pero eso no se traduce en denuncias efectivas. Las encuestas muestran niveles altísimos de preocupación por este tema. Según Ipsos, en enero de 2024 la corrupción figuró como el tercer asunto que más inquietud genera (33% de los encuestados), sólo por detrás del desempleo (41%) y la inseguridad/violencia (38%).
Incluso otros sondeos la ubican como el primer problema nacional: en mediciones de Invamer, la corrupción repunta como el problema más grave identificado por los colombianos. Asimismo, tres de cada cuatro ciudadanos (74%) están convencidos de que los niveles de corrupción han aumentado en el país en los últimos años. En resumen, la corrupción no pasa desapercibida: la mayoría sabe que es generalizada y la considera una plaga.
Entonces, ¿por qué esa conciencia no deriva en acciones de denuncia? Aquí entra a tallar la brecha entre percepción y empoderamiento ciudadano. Un reporte de Justicia Cómo Vamos reveló que 67% de la población estaría dispuesta a denunciar casos de corrupción; sin embargo, solo 40% sabe a dónde acudir para hacerlo. Es decir, muchos quieren denunciar pero no saben cómo. Apenas cuatro de cada diez colombianos identifican a la Fiscalía como el lugar donde se puede reportar un acto corrupto, y apenas 19% conoce que la Procuraduría es otra instancia competente.
Este desconocimiento práctico se traduce en inacción. Además, la misma encuesta señala que la gran mayoría percibe que jueces y fiscales son influenciables por poderes políticos o económicos, lo que mina la confianza en que una denuncia prospere. En el Huila, esta desconexión entre rechazo a la corrupción y falta de denuncias se evidencia en conversaciones cotidianas: muchos habitantes critican los “torcidos” de los políticos locales en los corrillos, sin embargo, pocos están dispuestos a formalizar una queja ante las autoridades.
Las estadísticas oficiales de denuncias confirman la brecha. Entre 2010 y 2023 se presentaron 57.582 denuncias por corrupción en Colombia, un número modesto en comparación con la magnitud percibida del problema. Más alarmante aún es su desenlace: el 94% de esas denuncias no llegó a una condena. En otras palabras, solo 1 de cada 16 denuncias terminó con un corrupto condenado, según un análisis de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia. El resto quedó en la impunidad.
Muchas ni siquiera avanzaron: cerca del 89,7% de los casos ni siquiera logró una captura de los implicados, y más del 77% de los procesos se quedaron estancados en etapa de indagación preliminar. Esta realidad envía un mensaje desalentador a la ciudadanía: denunciar pareciera no tener impacto tangible. En el departamento del Huila, en particular, las cosas no son muy distintas. El mismo informe de la Secretaría de Transparencia reveló que alrededor del 94,4% de las denuncias de corrupción en Huila no han logrado ninguna captura o avance significativo en la justicia. Prácticamente la totalidad de los casos denunciados quedan sin resultado, consolidando la sensación de impunidad local.
Estas cifras duras explican por qué la gente opta por la resignación. Si casi ningún denunciante ve justicia, el incentivo a denunciar se pulveriza. Es un círculo vicioso: la impunidad desanima la denuncia, y la falta de denuncia permite que la impunidad continúe. Además, la baja cantidad de denuncias podría indicar un subregistro enorme de corrupción: la mayoría de hechos corruptos ni siquiera llegan a ser reportados oficialmente. Colombia ocupa los últimos lugares en índices internacionales de transparencia: en 2021 obtuvo apenas 39 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de Corrupción, ubicándose en el puesto 92 de 180 países evaluados. Esta calificación refleja una imagen de país altamente corrupto. Con tal nivel de percepción y la escasez de sanciones efectivas, muchos ciudadanos terminan asumiendo que la corrupción es una realidad con la que toca convivir, más que una anomalía que puede ser corregida.
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Sin embargo, los factores que pueden explicar la corrupción endémica en nuestra sociedad no se quedan allí. Por cuestiones de tiempo, preferimos que reflexionen estos elementos expuestos y el próximo 6 de mayo en nuestra segunda entrega concluiremos esta columna. Mientras tanto, cuéntennos, ustedes que nos leen ¿Qué opinan?
Algunas referencias
- Transparencia por Colombia (2019) La denuncia de la corrupción y la protección al denunciante en Colombia transparenciacolombia.org.co
- Observatorio de Fraude y Corrupción (2024) El impacto social de la denuncia en Colombia (Agencia ITRC) itrc.gov.co
- Infobae – “Justicia por mano propia…” (Mar. 13, 2024), datos de encuesta Justicia Cómo Vamos infobae.com
- Infobae – “El 94% de las denuncias de corrupción queda en la impunidad…” (Jul. 17, 2023), análisis Secretaría de Transparencia infobae.com
- Transparencia Internacional – Índice de Percepción de Corrupción 2021 (puntaje Colombia) transparenciacolombia.org.co
- Datexco – Encuesta Pulso País (2023), confianza en instituciones de control
- repository.unimilitar.edu.co
- La FM – “¿Qué ha pasado con el Plazas Alcid…?” (Agosto 24, 2018), caso estadio de Neiva lafm.com.co
- La Nación (Huila) – “Contraloría absolvió a Pedro Suárez…” (20 junio 2021), fallo caso estadio lanacion.com.co
- El Espectador – “Exgobernadora del Huila… será condenada por corrupción” (07 junio 2024) elespectador.com
- Ipsos – What Worries the World (enero 2024), preocupación por corrupción tusdatos.co
- Invamer – Encuesta (junio 2023), percepción aumento de la corrupción infobae.com
- Parra Barrios, Alberto. “Corrupción y fraude: el cáncer que destruye la economía colombiana” (2014) redalyc.org
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