Por: Jesús A. Dulce.
La revolución digital y ecológica nos plantea de nuevo la dicotomía entre crecimiento económico y sentido del trabajo. Se cuestiona al capitalismo como el gran culpable de la desigualdad en el mundo, pero las opciones que se plantean parecen conducir a figuras de estado antidemocráticas.
Es, cuando menos llamativo, que la actividad que nos desarrolla en el hacer, el ser y el tener, sea a su vez la que puede acabar con nuestra existencia. El trabajo, ya no del futuro sino el de hoy, se enmarca en dos grandes transformaciones: la digitalización y el cambio climático.
Algunos autores, como el sociólogo francés Alain Supiot, tienen razón en recordarnos cómo lo digital debe ponernos a pensar en las necesidades de formación, mientras lo ecológico debe hacernos reflexionar en la sostenibilidad de los sistemas de producción en los que vivimos. Sin embargo, este y otros autores nutren parte de los argumentos de varios líderes políticos mundiales, entre ellos el colombiano, con tesis que afirman que lo que estamos viviendo es una dicotomía entre el discurso hegemónico capitalista versus el imperio de una adeudada justicia social.
Olvidan, creo yo intencionalmente, que el Estado social que surgió en la Europa de la posguerra fue posible gracias al crecimiento económico derivado de la segunda revolución industrial. Este dinamizó el sector privado, generó millones de empleos y, justo por eso, forjó profundas transformaciones en el tejido social, dando pie a movimientos reformistas y socialistas que a su vez se incluyeron en la arquitectura institucional de países como España y Francia, entre otros. La diferencia es que Europa no acabó con el sector privado y la industria para lograr el diseño del Estado social.
También se olvida que nuestro país se definió como un Estado Social de Derecho en la Constitución del 91, pese a no haber tenido realmente procesos de industrialización considerables como los que se dieron en los 70 y 80 en otras partes del mundo. Esto, previendo que la apertura económica de los noventa comportaría seguramente unas necesidades de protección reforzada a la dignidad y el desarrollo humano, entre ellas el acceso a mejores oportunidades como el trabajo digno y la salvaguarda de derechos sociales y culturales.
Como es ya costumbre, con el pasar del tiempo nos volvimos expertos en regulación laboral y no en el desarrollo de infraestructura, innovación e incentivos para la industria. Colombia sigue siendo un país de microempresarios y de informales. Aproximadamente 57 de cada 100 empleados trabajan en la informalidad, sin acceso a seguridad social, vacaciones, cesantías, etc. Pero aquí nos encanta romantizar la precarización. En lugar de condenar moralmente el hecho de ver personas vendiendo cigarrillos en las calles, nos decimos “qué berracos somos los colombianos, cómo trabajamos”. Si las leyes, como afirma Supiot, son el camino que tiene una sociedad para evitar el riesgo de deshumanización del trabajo, lo primero que deberían abordar es el problema de la informalidad.
Es fácil hablar de futuro del trabajo, de tercerización, de cambio climático y de digitalización cuando el 57% del mercado laboral en Colombia no posee un empleo formal y además no tiene las habilidades para acceder a empleos de calidad. Si bien se calcula que de aquí al 2030 se perderán más de 92 millones de empleos en el mundo, también es cierto que se generarán 170 millones de nuevos empleos.
No obstante, según el Foro Económico Mundial, este crecimiento estará jalonado especialmente por el sector tecnológico, con énfasis en inteligencia artificial y robótica, dando prioridad a ocupaciones como especialistas en Big Data, analistas de riesgo y seguridad, ingenieros de tecnología financiera, especialistas en IA y desarrolladores de software y aplicaciones. Seguidamente, se encuentran las ocupaciones que ayudarán a hacer frente a la crisis ecológica, como los especialistas en carros eléctricos e ingenieros ambientales o de energías renovables. En contraste, todas aquellas ocupaciones que podemos identificar como “programables” tienen una tendencia mayor a desaparecer, entre ellas algunas como los cajeros, vendedores, taquilleros, asistentes administrativos, contables y auditores.
¿Qué va a hacer Colombia frente a esta nueva realidad? Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que, lejos de resolver los problemas estructurales del empleo, la verdadera dicotomía que nos propone hoy el gobierno bajo el traje de una consulta popular es si queremos matar la vaca o entregársela al Estado para que la ordeñe. Bajo el amparo de la discusión eurocéntrica entre si el trabajo es mera mercancía o un fin en sí mismo, lo que se nos plantea en el fondo es un nuevo modelo económico donde sea el Estado el que vuelva a tener el control de los medios de producción (como ya está pasando en la salud) y el único que puede garantizar que los seres humanos encontremos un sentido a lo que hacemos. Esto se suele explicar bajo la idea falaz de que, a diferencia de la empresa, el Estado no busca un interés económico particular sino un bien común.
El peligro de este tipo de fundamentos es que abona el terreno a proyectos políticos antidemocráticos, ávidos de concentración de poder y de masas que, a mayor precarización, mayor grado de manipulación política. Es allí y no en otra parte donde se concretarán las predicciones globales sobre el aumento de desigualdades, etnonacionalismos y migración. Si ese es el camino que Colombia decide tomar, en el futuro del trabajo ni habrá futuro ni habrá trabajo.
Sobre el autor…
Jesús Dulce es Internacionalista de la Universidad del Rosario, especialista en Gestión Pública. Experto en políticas públicas, empleo y desarrollo social.