Por: Marcela Giraldo Gómez, Lucía Hernández Pulecio y Erika Saldarriaga González.
Recientemente, la ciudad de Neiva ha presenciado una importante decisión judicial que representa un avance histórico local: un hombre ha sido condenado a 16 años de prisión por haber agredido sexualmente a su mejor amiga. Los hechos ocurrieron en el año 2018, cuando Francisco Alfonso Romero se aprovechó de la relación de confianza que tenía con la víctima y de su estado de alicoramiento —el cual limitaba gravemente su capacidad de defensa y de otorgar consentimiento— para agredirla sexualmente. Posteriormente, el propio agresor reconoció lo ocurrido en una conversación. La situación ha sido ratificada en fallo condenatorio proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito con funciones de conocimiento el pasado 07 de julio.
Este caso evidencia cómo persisten dinámicas de poder que refuerzan la idea de que los hombres pueden ejercer control sobre los cuerpos de las mujeres, amparados muchas veces por un sistema que tiende a minimizar o invisibilizar estas violencias. Por esto, nos interesa reflexionar sobre dos aspectos fundamentales: por un lado, si desde la normativa y jurisprudencia vigente se está garantizando o no el acceso a la justicia para la defensa de los derechos humanos de las mujeres y, por otro, cuál ha sido el tratamiento que los medios de comunicación locales han dado a esta noticia.
Consideramos que este caso es histórico no por la eficiencia del sistema judicial colombiano, ya que la víctima tuvo que esperar siete años para que se dictara una medida de aseguramiento contra su agresor. Lo que lo hace verdaderamente significativo es que representa una excepción en un contexto en donde muchas mujeres han denunciado a su(s) agresor(es) sin obtener una respuesta mínima de parte del Estado. Según cifras de la Fiscalía General de la Nación, entre el 2021 y el 2023, 135.482 personas fueron víctimas de delitos sexuales, siendo las mujeres y las niñas el 82% de las víctimas totales con 115.964 casos. De estos, solo en el 3% se han ejecutado condenas. Además, en los últimos años se han concentrado cada vez más los casos «inactivados» y con decisiones de archivo o preclusión.
A pesar de que la Corte Constitucional se ha pronunciado en diferentes sentencias sobre el enfoque de género como obligación de la administración de justicia, lo que se presenta en la práctica son situaciones de revictimización, mediante la normalización de la violencia contra la mujer y la perpetuación de estereotipos de género desde los mismos operadores judiciales. De acuerdo con las sentencias de la Corte, analizar con perspectiva de género los casos «no implica una actuación parcializada del juez” a favor de la mujer, “reclama, al contrario, su independencia e imparcialidad», al analizar esta problemática en un contexto sociocultural amplio que reconozca que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente discriminado, más allá de sus imaginarios y posturas personales.
Nos parece fundamental, también, ver las redes sociales inundadas de la fotografía del agresor, permitiendo que otras mujeres sintieran la libertad de manifestar, a través de sus redes sociales, lo incómodas que se sintieron alguna vez en presencia del mismo hombre. Aunque, hay que decirlo con claridad, esto último no necesariamente es fruto de una justicia que funcione o de una confianza para la generación de denuncias, sino de la persistencia de los movimientos feministas y las redes de apoyo que hemos tejido históricamente entre las mujeres. Han sido los feminismos los que han hecho posible que hoy se nombren estas violencias, se exija justicia y se denuncien públicamente comportamientos que antes eran silenciados.
Aunque no se difundió la fotografía de la víctima, siendo esto una acción favorable para priorizar su privacidad y seguridad), aún falta recorrer un largo camino para garantizar la no revictimización en el debate público, dado que exponer la foto del agresor no impidió volcar la narrativa al sensacionalismo de la agresión. La prensa local, en su intento de informar sobre esta noticia, publicó notas que, más que comunicar con responsabilidad las implicaciones en materia de derechos humanos y equidad de género que este fallo tiene para la región, reprodujo narrativas que rozaron con el sensacionalismo y el morbo a través del exceso innecesario del detalle en la agresión. Además, dichos pronunciamientos evidenciaron la falta de profesionalismo y ética el resaltar detalles sobre la vida sexual de la víctima y el contexto en el que se desarrolló su estado de alicoramiento, formando el caldo de cultivo perfecto para seguir reforzando estereotipos sexistas y machistas que ponen en cuestionamiento público nuestra sexualidad y nuestro derecho a tener espacios de ocio sin ser violentadas.
Aquí la cuestión no debe ser el licor de por medio, ni las horas en las que estaba fuera de casa y mucho menos si fue su culpa porque “se confió demasiado del amigo”, como aseguran muchas personas en redes sociales. Las mujeres nunca salimos de nuestras casas esperando a que nos agredan sexualmente, ni tomamos licor en espacios de rumba para que se aprovechen de nosotras y mucho menos desarrollamos vínculos de amistad esperando a que, en un momento de clara vulnerabilidad e indefensión, nos violen o nos maten.
Sobre esto hemos sido insistentes las feministas y defensoras de los derechos humanos de las mujeres: es necesario que la culpa deje de recaer en la víctima y comencemos a cuestionar a los victimarios. Dar luz sobre una noticia como esta sin el rigor periodístico para contextualizarla como parte de una grave problemática de violencia de género y no como un caso aislado, es ejercer un periodismo irresponsable y desconectado con la realidad local, regional y nacional.
Los medios de comunicación, como fuentes frecuentes de información para la ciudadanía y como actores esenciales en la construcción y el desarrollo de las agendas públicas, deben entender que su rol es fundamental. Evitar reproducir estereotipos de género y discursos con alta carga de violencia es necesario para dar foco a lo realmente importante: visibilizar el problema y contribuir a la erradicación del mismo. El compromiso debe partir desde la responsabilidad de estar al día con las exigencias mínimas de la labor periodística de brindar a la gente información contextualizada, crítica y sometida a la respectiva rigurosidad de análisis en repercusión social.
Sabemos que muchas escuelas de periodismo, en su esencia más académica, aún tienen un camino por recorrer frente a la implementación de protocolos o guías que instruyan frente a cómo comunicar acertadamente sobre casos de violencias de género. Sin embargo, esto no es una excusa para pasar por alto la necesidad de desarrollar el ejercicio periodístico a la altura de lo que se espera, puesto que existe documentación elaborada por organizaciones internacionales como ONU Mujeres, y medios de comunicación independientes como Volcánicas que funciona como base para empezar a cuestionar nuestras formas de hacer periodismo, y establecer un proceso consciente y arduo de desaprender lo que creíamos aprendido.
El compromiso con la erradicación de las violencias requiere un desmonte de los estereotipos de género no solo desde los juzgados, sino también de las redes sociales y los propios medios de comunicación. Requiere una respuesta firme contra los agresores y la construcción de entornos seguros y no revictimizantes para quienes sobreviven a estas violencias. Requiere ir más allá de la inmediatez de la noticia, más allá del furor amarillista y del morbo de lo violento como un fenómeno normalizado.
Es entender que cuando se vulneran derechos y se atenta contra la dignidad humana, nuestro deber es cuestionar si estamos enriqueciendo ciclos interminables de injusticia o estamos contribuyendo a la comprensión y disminución de esta problemática. La libertad de expresión es un derecho completamente esencial para comunicar, pero que no puede ser profanado como justificante para continuar reproduciendo el lenguaje de la violencia y la discriminación. Es momento de cambiar el relato, porque son estas narrativas las que permiten la transformación social.
Sobre las autoras…
Esta es una publicación conjunta entre tres colaboradoras permanentes de La Gaitana Periodismo Independiente. Ellas son:
Marcela Giraldo Gómez es Feminista, integrante de la Red Huilense de Defensa y Acompañamiento en Derechos Sexuales y Reproductivos (RHUDA). Licenciada en Lengua Castellana y Especialista en Gestión de Procesos Psicosociales con experiencia en acompañamiento a comunidades en condiciones de vulnerabilidad NNA, mujeres y víctimas del conflicto armado. Fotógrafa amateur. Comprometida con la transformación social y la construcción de paz.
Lucía Hernandez Pulecio es Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Surcolombiana. Feminista con experiencia en comunicación política y digital con enfoque de género y de diversidades. Coordinadora de Comunicaciones en la Red Huilense de Defensa y Acompañamiento en Derechos Sexuales y Reproductivos (RHUDA).
Erika Saldarriaga González es la Editora de género de La Gaitana Periodismo Independiente. Médica de la Universidad Surcolombiana. Feminista y activista, defensora de Derechos Humanos. Cofundadora de la Red Huilense de Defensa y Acompañamiento en Derechos Sexuales y Reproductivos (RHUDA) e integrante del Grupo Médico por el Derecho a Decidir – Colombia.
