Por: Nicole Burgos Aliendres.
Ha comenzado 2026 con fuertes acontecimientos para Venezuela. Lo que millones de ciudadanos habían esperado por años —un cambio político real— parece al fin irse concretando. Sin embargo, para muchos persisten dudas, debates e interpretaciones sobre lo que está ocurriendo.
En la madrugada del 3 de enero del presente año se presentó en Venezuela un hecho que ha sido descrito de formas muy distintas: algunos lo denominan una invasión por parte de Estados Unidos; otros lo ven como una operación destinada a restaurar la democracia; y algunos refuerzan el discurso desde sus propias narrativas autodenominándose garantes de la justicia y la defensa de los derechos. Dentro del mar de discursos, argumentos y comentarios han emergido preocupaciones como el irrespeto al derecho internacional, el riesgo de una explotación de petróleo masiva y la presunta vulneración de la soberanía del país. En estas líneas, abordaré justamente el estudio de la soberanía venezolana.
Según Matteucci, la soberanía tiene doble aspecto: uno interno, el cual hace referencia a los cuerpos de mediación entre los individuos y el Estado, eliminando así conflictos internos a través de la administración para mantener la paz; y un segundo, externo, que concierne a una situación de igualdad entre soberanos en un plano internacional —entendiendo al soberano como el Estado en sí y no como una persona—.
Con respecto a la soberanía interna de Venezuela, tomando el concepto de Matteucci, se evidencia que a lo largo de 26 años se ha visto vulnerada. Las reiteradas protestas ciudadanas contra el propio Estado exigiendo derechos básicos como educación, salud, salario digno, así como otros más robustos relacionados con la justicia, libertad y la necesidad de retornar a la democracia, evidencian la incapacidad del Estado para responder de manera efectiva a las demandas que señala la teoría clásica del Estado. A ello se suma la erosión institucional que vive el país, que impide a los órganos internos garantizar el orden y mantener la paz.
Al hablar de soberanía externa se puede ir complicando la situación. Siguiendo la línea de Matteucci, todos los Estados deben gozar de los mismos derechos y garantías en el sistema internacional, sin que uno se imponga sobre otro, respetando los límites, acuerdos y marcos legales comunes. Al mismo tiempo, el soberano debe ser promotor y servidor de lo establecido en su constitución y en los tratados internacionales, contribuyendo a la convivencia y estabilidad entre naciones. Este es el punto que trae mayores controversias, ya que muchos cuestionan el accionar de Estados Unidos por considerarlo una vulneración a esta soberanía externa.
En esta discusión entran en juego los argumentos que respaldan dicha intervención como: la idea de que Venezuela —o, más específicamente, su gobierno— se había convertido en un factor de riesgo regional debido a su relación con grupos armados, narcotraficantes e influencias extranjeras que desestabilizan el continente; además de las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos dentro del país y la falta de legitimidad con que contaba Nicolas Maduro y su cúpula. Tales hechos ponen en duda hasta qué punto la soberanía externa permanece intacta, no ya desde el sábado pasado, sino en perspectiva de las últimas décadas.
Existe, además, una noción más romántica sobre la soberanía. Esta recalca que el pueblo es quien detenta la soberanía. En ese sentido, hablamos de “soberanía popular”. He escuchado reiteradas veces, sobre todo en relación con Venezuela, que la soberanía emana del pueblo y es éste quien debe decidir su destino y cómo solucionar sus conflictos. Sin embargo, surge una pregunta inevitable: ¿cómo puede un pueblo, sin contar con el apoyo gubernamental, sometido completamente a la coerción estatal mediante las fuerzas militares, sin respeto alguno a sus derechos y sin contar con un respaldo efectivo, actuar como verdadero agente soberano capaz de solucionar sus propios conflictos?
Este contexto refleja el amplio concepto de la soberanía y todo lo que conlleva, sería muy incrédulo de nuestra parte reducirlo a una injerencia militar. También implica analizar el deber del soberano tanto en su dimensión interna como externa, así como la fragilidad que emerge cuando el poder va perdiendo legitimidad y la ciudadanía deja de encontrar canales efectivos para resolver sus demandas dentro del propio Estado.
Sobre la autora…
Nicole Burgos Aliendres es actualmente estudiante de Ciencias Políticas y Gobierno, con participación en espacios académicos y experiencia en distintos voluntariados. Ha acompañado procesos migratorios y acciones humanitarias, combinando el interés por el análisis político con el compromiso social y el trabajo comunitario.