Por: Laura Carolina Álzate Candia – Red Huilense de Acompañamiento en Derechos Sexuales y Reproductivos RHUDA.
Hace cuatro años, la sentencia C-055 del 2022 fragmentó la narrativa del castigo en Colombia. El aborto dejó de ser un expediente penal hasta la semana 24 y desde la lucha del movimiento Causa Justa se inscribió una fecha en el calendario de las victorias civiles. Recordamos los pañuelos verdes, los abrazos en las calles y esa sensación eléctrica de que, por fin, el Estado nos escuchaba y ya no nos castigaría.
Fue hermoso, fue liberador y fue, sobre todo, un acto de justicia elemental que nos devolvió la propiedad sobre nuestros propios cuerpos. Sin embargo, celebrar el fin del delito como si fuera el fin del control es una ingenuidad política y es nuestra responsabilidad hacernos cargo: cuestionar, incomodar y exigir que sigamos avanzando en esta conquista que en el 2022 dio un paso histórico.
La metamorfosis del castigo
Antes del 21F, atreverte a decidir por ti podría significarte la muerte, malos tratos o ansiedad al lidiar con los reproches y plegarías de familiares o personas cercanas, no necesariamente ultra religiosos, pero sí convencidos de “la verdad” y la supuesta necesidad de redención que una que necesitaba.
Cuatro años después sabemos que la penalización era solo la costra. Debajo, el tejido sigue infectado por una convicción cultural que no se actualiza a la par que la norma: la idea de que la maternidad no es un deseo, sino una inercia biológica obligatoria, perpetuando una culpa que el derecho de a poco va extirpando.
La arquitectura del retraso
El desgaste programado es la tortura que debemos pagar hoy para decidir, lidiar con la confusión, con la falta de información en los centros de atención, la objeción de conciencia y los diversos obstáculos sobrevinientes. Por ejemplo, cuando por fin logras que te atiendan entonces te dicen que debes esperar: pase lo que pase, sin importar la semana en la que estés, debes esperar y hacer toda una ruta que depende de dónde vives, con qué recursos cuentas, cuáles contactos puedes utilizar, qué tan informada estás sobre el proceso. Todo esto convierte el acceso en una carrera de obstáculos.
Entonces la democracia se revela como un primo lejano. Porque cuando el derecho depende del capital simbólico para defenderse o de la billetera para saltarse la fila de la humillación, la universalidad desaparece. Lo que queda es un privilegio para quienes pueden resistir el asedio, y una condena al margen para quienes atraviesan el proceso en absoluta soledad.
Esto es infame, porque quedamos a la deriva, aferradas con todas nuestras fuerzas a la decisión de elegir, de no cambiar nuestro plan de vida, de no traer un hijo más a una casa donde el bolsillo no aguanta, no traer una víctima más en una familia que sobrevive a la violencia intrafamiliar a puerta cerrada. Es infame que nos siga costando tanto ser soberanas con nuestras vidas, cuerpos y voluntades: elegir lo que nos da la gana para nuestro futuro.
La autonomía no es un acto de valentía
Entonces, aunque el activismo nos ha traído a este punto, la forma en que debes asumirlo se convierte en una demanda heroica. ¿Qué pasa con las que están tan vulnerables, como bien la sentencia lo reconoció, y no tienen la energía de sobreponerse y reclamar que se cumpla y acompañe de forma digna su IVE?
Exigir heroísmo o una paciencia especial para ejercer un derecho es, en sí mismo, una forma de negación y exclusión. Una democracia sana no debería pedirle a una mujer que sea una guerrera para acceder a un servicio de salud; más bien, debería garantizar que su decisión no sea un campo de batalla.
¿De qué sirve que el Código Penal sea laico si la sala de espera sigue siendo religiosa?
Conmemorar es señalar las formas en que el control se ha sofisticado. Mientras el acceso siga siendo una «resistencia», la sentencia será apenas un mapa de un lugar al que todavía no hemos llegado.
Sobre la autora…
Laura Carolina Alzate Candia es feminista y comunicadora social, apasionada por el desarrollo de negocios y el diseño de productos y servicios con enfoque en innovación social. Ha trabajado en la construcción de alianzas entre el sector público, privado y social en América Latina, liderando procesos de articulación institucional que integran estrategia, impacto social, desarrollo económico y sostenibilidad. Es integrante de la Red Huilense de Defensa y Acompañamiento en Derechos Sexuales y Reproductivos (RHUDA).