Las estrategias de quienes se oponen a los derechos sexuales y reproductivos para imponer sus posturas moralistas sobre las mujeres y las personas con capacidad de gestar se transforman según el contexto. Por eso, que el Concejo de Bogotá haya aprobado el Acuerdo distrital 340, denominado “Ruta por la Vida”, dirigida a “mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer”, y que implica retrocesos en la garantía de estos derechos, debe preocuparnos a nivel nacional.
A pesar de que la Secretaría Distrital de la Mujer y la Secretaría Distrital de Salud emitieron conceptos de no viabilidad, el Concejo decidió aprobarlo: un documento que, de forma engañosa, establece una serie de medidas para que las mujeres y otras personas con capacidad de gestar enfrenten aún más barreras para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
Cuando existía el sistema de causales establecido por la sentencia C-355, que permitía la interrupción del embarazo en algunos casos —si había riesgo para la vida o la salud integral de la mujer, si existía una malformación fetal que no permitiera la vida fuera del útero o si el embarazo era producto de violencia sexual—, bastaba con que el médico impusiera su opinión diciendo que no aplicaba ninguna. Esto ocurría a pesar de que tanto la Corte Constitucional como el Ministerio de Salud habían señalado los requisitos para acceder y que, en el caso del riesgo para la salud, el certificado no debía interpretarse como una autorización, dado que quien decide el nivel de riesgo o peligro que está dispuesta a asumir, es decir, hasta dónde permitirá que la gestación altere su bienestar, es la persona gestante.
Por eso, en 2022, cuando la Corte Constitucional generó la sentencia C-055, conocida como sentencia Causa Justa, y amplió la garantía del derecho al aborto, mientras algunas instituciones se limitaron a modificar sus rutas eliminando el requisito de las causales, otras —sobre todo en regiones descentralizadas, que venían incumpliendo la norma y, por tanto, no tenían rutas de atención reales— se volvieron creativas. La misma persona que registraba a la paciente al ingreso le indicaba que allí no se realizaba el procedimiento, que no había servicio disponible o que debía esperar hasta que se desocupara alguien que quisiera atenderla, como si se tratara de un favor hecho a regañadientes y no de un servicio de salud que debe garantizarse con una atención humana y de calidad.
Pero desde la primera sentencia hay un argumento que siempre se repite: el uso de la salud mental como pretexto para imponer barreras.
Bajo la falsa preocupación de “cuidar” la salud mental de quienes abortan, se genera violencia institucional, presionándolas de manera sutil o directa. En RHUDA hemos acompañado a mujeres en el Huila que son remitidas hasta el psicólogo solo para que el profesional, muy acongojado, les muestre fotos de sus hijxs indicándoles que son su “bendición más grande y mayor alegría”. Esto no solo desconoce toda ética profesional, sino que impone de manera deliberada una versión de la vida y de la familia como la única válida.
También hemos encontrado casos en los que la psicóloga expide un certificado mientras infantiliza a las mujeres que acuden ante ella. En algunos casos, la profesional ha llegado a afirmar que, pobrecitas, “van a tener que cargar con ese pecado por el resto de su vida”, como si no fuera suficiente que nos creyeran incapaces de tomar decisiones y necesitáramos que alguien externo nos diera la razón. Pero sabemos que son situaciones que se repiten en distintas regiones del país.
Estas son historias reales, pero no llegan a conocerse públicamente porque nadie quiere hablar de aborto. Ni el personal de salud, física y mental, que no cuestiona sus prácticas e, incapaz de separar sus posturas personales de la atención a sus pacientes, no deja registro de esto en sus historias clínicas. Ni los entes de control y de administración regional, que miran para otro lado y en muchas ocasiones ni siquiera miden cómo está el panorama con relación al aborto. Ni las mujeres que experimentan las barreras, quienes, más que arrepentirse de su decisión de abortar —ya se ha demostrado que no existe ese supuesto síndrome postaborto que tanto enarbolan los grupos antiderechos—, viven tantas situaciones de violencia ginecoobstétrica en forma de maltrato, humillación, negación de atención o presión moral, además de una fuerte presión social por no responder al mandato de la maternidad que se nos ha impuesto históricamente. Es más, muchas de ellas expresan que solo quieren pasar la página.
La consulta de opciones ya existe: ante una prueba de embarazo positiva, el personal de salud debe indicarle a la usuaria que puede continuar el embarazo, dar en adopción o acceder a una IVE. El problema nunca ha sido la información para continuar hacia un control prenatal, puesto que muchas veces incluso las inscriben en estos sin preguntarles qué quieren. Ahora bien, las barreras siempre han existido para quienes desean interrumpirlo.
Este proyecto de acuerdo no afecta solo a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar en Bogotá: marca un referente peligroso para el derecho a la vida de estas personas en todo el país, alimenta la desinformación y refuerza los discursos que justifican la imposición de barreras en otras regiones. Nuestros derechos no son negociables ni debatibles. La salud mental no puede convertirse en la excusa para despojarnos de la autonomía sobre nuestros cuerpos.