Por: David Leonardo Torres Melgarejo
Rafael Uribe Uribe fue asesinado en 1914; Jorge Eliécer Gaitán, en 1948; Rodrigo Lara Bonilla, en 1984; Jaime Pardo Leal, en 1987; Luis Carlos Galán, en 1989; Bernardo Jaramillo Ossa, en 1990; Carlos Pizarro Leongómez, también en 1990; Álvaro Gómez Hurtado, en 1995; Miguel Uribe Turbay, en 2025. Asimismo, el 13 de agosto de 1999 Jaime Hernando Garzón Forero fue asesinado por esas fuerzas oscuras que nacen de una concupiscencia que ha existido, al menos desde mediados del siglo XX hasta hoy, entre el Estado colombiano y grupos armados al margen de la ley cuya posición ideológica, política, cultural o religiosa resulta difícil de precisar, porque en el fondo responden a intereses económicos que no son coherentes con el bienestar de la mayoría.
Ha pasado mucho tiempo desde que Garzón y las demás personas mencionadas en este texto dejaron de estar entre nosotros. Esa acumulación pone de presente algo alarmante para nuestra sociedad: el cohonestar, o más bien la naturalización de la violencia. Colombia ha aprendido a vivir con ella y aceptarla. De ahí frases hechas como “no hay un muerto malo” o “qué hubiera pasado si esta persona siguiera viva”; preguntas que rara vez se convierten en acción y que terminan absorbidas por la misma costumbre de la que pretenden escapar.
Cada 13 de agosto, Colombia vuelve a un mismo lugar, a la esquina de la Calle 24C # 40 – 20, en Bogotá, para rememorar que a las 5:45 de la mañana de 1999 dos sicarios en moto interceptaron el campero de Jaime Garzón Forero y lo mataron a tiros. Con él no solo murió un hombre, sino una manera irreverente y entrañable de hacer periodismo político en Colombia.
Tres días antes de morir, Garzón visitó en la cárcel al exjefe paramilitar Custodio Gaitán Mahecha, porque había llegado a sus oídos que Carlos Castaño quería asesinarlo. El presentimiento se cumplió, pues meses después, la justicia estableció que el crimen fue un homicidio planeado desde las estructuras paramilitares, con la participación de agentes del entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Veintisiete años después, el expediente sigue abierto y las condenas son escasas frente a la magnitud del entramado que rodeó el crimen. En 2004, la justicia colombiana condenó en ausencia a Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, desaparecido antes de poder ser capturado, a partir de una investigación que concluyó que el asesinato fue ordenado por él, con Juan Pablo Ortiz Agudelo como autor material de los disparos y Edilberto Antonio Sierra Ayala como conductor de la motocicleta. Ambos sicarios fueron posteriormente liberados por falta de pruebas, una de las primeras señales de que algo en la investigación se había desviado deliberadamente.
La condena más significativa llegó mucho después: en febrero de 2021, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 26 años de prisión contra José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, por haber determinado a Carlos Castaño a ordenar el crimen. Otro procesado, el coronel en retiro Jorge Eliécer Plazas Acevedo, permanece detenido sin sentencia definitiva. Su caso pasó a la Jurisdicción Especial para la Paz en noviembre de 2019, tras firmar un acta de sometimiento, y desde entonces ha quedado atrapado en la lentitud institucional: solicitó su sometimiento a esa jurisdicción desde 2018 y, siete años después, aún no se resuelve si será aceptado o excluido.
El caso trascendió incluso las fronteras del país. El Estado colombiano reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el asesinato ocurrió con la aquiescencia de agentes estatales y que hubo dilaciones judiciales que afectaron a la familia de Garzón. Organizaciones como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo insisten en que el crimen debe abordarse desde un enfoque macrocriminal, al señalar que quienes desviaron la investigación no solo habrían incurrido en fraude procesal y falso testimonio, sino en un entramado más amplio que ideó, ejecutó y encubrió el asesinato.
Declarado crimen de lesa humanidad desde 2016, lo que significa que la acción penal no prescribe, el expediente Garzón se ha convertido en un símbolo incómodo: la prueba de que en Colombia se puede identificar a los determinadores de un magnicidio y, aun así, no lograr que la justicia cierre el círculo alrededor de todos los responsables.
Más allá del expediente judicial, el legado de Garzón sobrevive en sus personajes Heriberto de la Calle, Godofredo Cínico Caspa y en una forma de humor que hacía política sin dejar de ser entrañable. Su asesinato marcó un antes y un después para la libertad de prensa en Colombia y para quienes ejercen el periodismo y la sátira política bajo amenaza.
Sin embargo, creo que es necesario sentarnos a pensar, a recalcular e incluso a reivindicar los valores sobre los que se sostienen los Estados sociales y democráticos de derecho modernos: la dignidad humana, la vida, la libertad, el libre desarrollo de la personalidad. Estos no son avatares desconocidos o consignas panfletarias, sino que mantienen los verdaderos cimientos de una sociedad que tiene o debería tener por vocación la búsqueda incesante de la paz.
Cabría también la posibilidad de seguir ahondando en la crisis judicial, legislativa y ejecutiva, trayendo a colación los nombres de tantos políticos y presidentes involucrados de una u otra forma en esta historia. A pesar de lo anterior, la solución está en comprender las raíces de los conflictos que han aquejado a Colombia, y no limitar la ocurrencia de estos magnicidios, desapariciones, homicidios a gran escala e incluso genocidios —como el de la Unión Patriótica— a simples causas como el conflicto armado, las drogas, el narcotráfico o la corrupción sin más. Se trata de comprender de manera coyuntural, y no solo transversal, qué es lo que verdaderamente aqueja a esta patria colombiana.
No pretendo ofrecer aquí la fórmula mágica para entender la razón de ser de este conflicto, ni siquiera pretendo definir con precisión en qué consiste. Pero sí quiero dejar un llamado de atención y recordar lo que decía el propio Jaime Garzón: “Creo en la vida, creo en los demás, creo que este cuento hay que lucharlo por la gente.” Si tomamos esa frase como gallardete, quizás podamos converger en una sociedad más equilibrada, ecuánime y pacífica. Esto no significa obedecer colores, banderas, ideologías o candidatos: significa estar al lado del débil, del solitario, de quien está privado de la libertad, de quien no tiene voz.
Hoy, a las puertas de otro 13 de agosto, la pregunta sigue siendo la misma que hace 27 años: ¿hasta cuándo la verdad completa seguirá siendo un privilegio que la justicia colombiana le niega a las víctimas de la violencia política?
Sobre el autor…
David Torres Melgarejo es abogado con énfasis en derecho penal, magister en derecho penal de la universidad Santo Tomás, estudiante de doctorado en la universidad de Lleida. Litigante, profesor a nivel de pregrado y posgrado en diversas universidades de Colombia.