Por: Mariela Méndez Cuéllar.
Hay unas manos que explican a Colombia mejor que cualquier estadística: las de mi abuelita Mariela, que va para noventa años en una vereda del Huila y no ha conseguido desapegarse de su tierrita. Están arrugaditas y manchadas. Sus dedos calculan el peso de un bulto sin báscula y la lluvia de mañana sin pronóstico. Con mi abuelo Ángel María le sacaron a esa ladera plátano, yuca, café, caña y guayaba… lo que comieron ellos y lo que comimos todos los demás. Él ya no está, ella sigue ahí, terca, mientras el país al que alimentó discute cómo debe llamarse.
A esas manos les cambiaron el nombre el pasado martes.
Ante las comisiones económicas del Congreso, mientras se discutía el presupuesto de 2027, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, anunció que el gobierno dejará de hablar de campesinos y empezará a decir “pequeños empresarios del campo”. La razón que dio cabe en tres palabras: “Campesino es despectivo”. Y remató prometiendo elevarles el estatus.
Hace cinco años publiqué en la revista Piélagus un artículo sobre el concepto de campesino, campesina, campesinado. Como parte de su título, sugerí que estábamos ante “un espejismo entre imaginarios sociales” porque eso fue lo que encontré, que este país lleva dos siglos mirando al campesinado y viendo otra cosa. Lo vio como el bruto pintoresco de los chistes. Lo vio como el guardián bucólico de la nostalgia urbana, ese del sombrero limpio y la sonrisa de comercial de turismo. Lo vio como sospechoso, como cómplice, como base social de alguien. Tras estos espejismos, nadie le preguntó nunca quién era.
Hoy nos ofrecen uno nuevo, y es el más elegante de todos: el emprendedor. Ayer se los borraba por desprecio; hoy se los quiere disfrazar de empresa para que quepan en la planilla del mercado. El procedimiento, en el fondo, es idéntico. Alguien decide en un escritorio de Bogotá quién es el otro y con qué palabra debe conformarse.
Conviene decirlo con precisión jurídica, porque esto no es una discusión de estilo. Desde el Acto Legislativo 01 de 2023, el artículo 64 de la Constitución reconoce al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección, con un relacionamiento particular con la tierra basado en la producción de alimentos y en la garantía de la soberanía alimentaria. La Corte Constitucional ya había avanzado en esa dirección en la sentencia C-077 de 2017, y en 2018 las Naciones Unidas adoptaron la Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales. No es folclor. Es un estatus jurídico que costó décadas de marchas, paros, pliegos y muertos.
Y ese estatus está amarrado a la palabra. El lenguaje del Estado no es un adorno, es lo que define a quién se le focaliza un subsidio, a quién se le mide en una encuesta, a quién se le titula un predio, quién aparece nombrado en un plan de desarrollo. Un pequeño empresario tiene clientes, costos y utilidades. Una campesina tiene territorio, soberanía alimentaria, derecho al acceso progresivo a la tierra y protección constitucional reforzada. Sustituir lo segundo por lo primero no es un ascenso, es una degradación escrita con buena letra.
Tampoco viaja sola la palabra. En esa misma sesión el ministro anunció que se frena la compra de tierras. Días antes, en la Agencia Nacional de Tierras ya circulaba la sugerencia de evitar los términos “campesinos” y “reforma agraria”. Primero se va el vocabulario y detrás, sin ruido, se va el presupuesto.
Hay algo más que me duele de manera particular, como mujer investigadora que ha trabajado con campesinas. Cuando hablamos de “pequeños empresarios del campo” no encontramos ni una sola mujer. La campesina, la que siembra y además cuida, la que cocina, cría, hereda menos tierra y trabaja más horas, desaparece dos veces, tanto por el masculino como por la contabilidad. Costó demasiado nombrarla como para dejar que la borre un eufemismo de despacho.
Que quede claro, señor ministro, nadie eleva a nadie quitándole el nombre. Se le quita para poder olvidarle con más comodidad.
Campesina no es un insulto. Es el nombre que ellas y ellos eligieron para sí después de siglos de ser llamados peones, colonos, alzados, desplazados, cifras. Es un título de dignidad que este país todavía no ha sabido merecer y que ningún funcionario tiene la potestad de retirar. Esa palabra no vive en el vocabulario oficial de un ministerio, vive en la Constitución que juraron cumplir, en las consignas de los paros agrarios, en las veredas donde el Estado solo llega en campaña y en la boca de millones de personas que, cuando les preguntan qué son, responden sin titubear: campesino, campesina. Mi abuelita, la primera. Se llama Mariela, yo llevo su nombre y no pienso cambiarlo por otro más presentable.
Sobre la autora…
Mariela Méndez Cuéllar es abogada, especialista en Derecho Administrativo y Magíster en Derecho Público de la Universidad Surcolombiana, donde se desempeña como docente, investigadora y asesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Integra el Comité de Ética y Bioética de la institución, así como el Grupo de Investigación Nuevas Visiones del Derecho, espacio donde fundó el Semillero Estudios de Equidad y Género. Su trabajo investigativo se enfoca en la defensa constitucional, los derechos humanos, la participación ambiental territorial, las perspectivas jurídicas feministas y la interseccionalidad de las comunidades rurales.