¿Qué derechos estamos perdiendo nosotrAs?

_{Por Catalina Artunduaga S.}

Hay una frase que se repite cada vez con más fuerza en las discusiones políticas contemporáneas: “las mujeres estamos perdiendo nuestros derechos”.

La escuchamos frente al avance de la ultraderecha, los retrocesos en materia de derechos sexuales y reproductivos, el cuestionamiento de las políticas de género y frente al crecimiento de discursos antifeministas.

Y sí, hay razones para estar alerta.

La ultraderecha avanza. Lo hace en Colombia y en distintas partes del mundo. Cambian los partidos, los candidatos y las consignas, pero se repite una operación política: convertir la desigualdad en orden, la exclusión en tradición y el miedo en una herramienta de gobierno.

Pero hay una pregunta que me persigue cuando escucho hablar de la “pérdida de los derechos de las mujeres”: ¿de cuáles mujeres estamos hablando? No es una pregunta para relativizar los derechos conquistados. Tampoco para negar que existen retrocesos reales. Es, precisamente, una pregunta sobre el alcance de aquello que llamamos derechos.

Pensemos por ejemplo, en la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).

En Colombia, hablar hoy de IVE implica una conversación sobre una conquista histórica: de la posibilidad de que una persona con posibilidad de gestar pueda decidir sobre su reproducción sin que esa decisión devenga en una consecuencia penal. Pero basta acercarse a la realidad de quienes intentan ejercer ese derecho para descubrir que el reconocimiento jurídico y el acceso efectivo no implican lo mismo. La existencia per se del derecho en una ley o en un protocolo no garantiza el ejercicio.

¿Puede acceder de la misma forma a una IVE una mujer que vive en Bogotá y una mujer que vive en un territorio rural? ¿Una mujer con recursos económicos para pagar el procedimiento de manera particular y una mujer que depende completamente del sistema de salud? ¿Una mujer que habla español y una mujer sorda que necesita comunicación accesible en lengua de señas? ¿Una mujer con redes de apoyo y una mujer migrante que teme acercarse a una institución? ¿Una mujer con disponibilidad para trasladarse, insistir, reclamar y litigar, y una mujer cuya vida cotidiana está atravesada por múltiples formas de dependencia?

El derecho puede ser universal en el papel y profundamente desigual en la práctica. Y esto importa porque nos obliga a revisar que queremos decir cuando afirmamos que “las mujeres” conquistamos un derecho. ¿Quiénes pudieron ejercerlo? ¿Quiénes tuvieron que luchar para que una institución siquiera reconociera que ese derecho les pertenecía? ¿Quiénes quedaron esperando? ¿Quiénes tuvieron que viajar? ¿Quiénes encontraron barreras de idioma, discapacidad, territorio, pobreza o estigma? ¿Quiénes ni siquiera supieron que podían exigirlo?

En medio de estas preguntas, surge una todavía más incómoda ¿Qué significa perder un derecho cuando nunca se ha podido ejercer plenamente?

Esa pregunta me lleva a pensar en el sujeto político que históricamente ha ocupado el centro del feminismo hegemónico. Una mujer bastante específica: blanca, cisgénero, heterosexual, sin discapacidad, con determinados recursos económicos y con una posición social desde la cual podía reclamar derechos en nombre de “las mujeres”.

No porque las demás mujeres no existieran. Sino porque sus experiencias fueron, demasiadas veces, tratadas como particulares, periféricas o secundarias. El feminismo negro, los feminismos indígenas, comunitarios y anticoloniales, así como las luchas de mujeres con discapacidad, empobrecidas, migrantes y trans, llevan décadas señalando que no todas las mujeres experimentamos el poder, la violencia, el Estado o la ciudadanía de la misma manera.

Y aquí aparece una incomodidad innecesaria. Hay mujeres que sí están viendo amenazados derechos conquistados. Ahora bien, el problema, para otras, ocurre antes: para conquistar un derecho, éste debe poder ejercerse en plenitud. Y, para muchas, la garantía solo existe en el papel; mas no en la realidad.

Una mujer puede tener, en teoría, derecho a una IVE y al mismo tiempo encontrarse con una institución que no tiene intérprete de lengua de señas. Puede tener derecho a la salud y encontrarse con barreras económicas, geográficas o administrativas que hacen casi imposible ejercerlo. Puede tener derecho a decidir sobre su cuerpo y, sin embargo, ser tratada como si otras personas fueran más capaces que ella para decidir.

Entonces la pregunta deja de ser únicamente si estamos perdiendo derechos. También tenemos que preguntarnos: ¿Quién ha sido reconocida como sujeto de esos derechos?

Esta pregunta es particularmente importante frente al avance de la ultraderecha. Porque la ultraderecha no solamente promete quitar derechos. Promete devolvernos a un orden. A un orden donde cada quien debe ocupar un lugar aparentemente natural: el hombre como autoridad, la mujer como cuidadora, la familia heterosexual como núcleo de la sociedad, la sexualidad como asunto privado y regulado, la nación como comunidad homogénea y la diferencia como amenaza.

Pero, la idea de volver al orden siempre contiene una pregunta que nos deberíamos hacer ¿Orden para quién? Aquí cabe tener presente que la nostalgia política suele tener memoria selectiva. Habla de una época en la que “había valores”, “había familia”, “había respeto”, “había seguridad”. Pero rara vez nos preguntamos quién podía vivir tranquilamente dentro de ese supuesto orden y quién debía soportarlo.

Porque el periodo colonial también representaba un orden. Y funcionaba.

Funcionaba precisamente porque distribuía de manera desigual la humanidad, la ciudadanía, la propiedad, el conocimiento y el poder. No todos los cuerpos fueron considerados igualmente autónomos. No todas las vidas fueron protegidas con la misma intensidad, ni todas las personas fueron reconocidas como sujetos de derechos; y la colonia no terminó simplemente porque cambiamos de bandera. Muchas de sus lógicas perviven en nuestras instituciones, en nuestras categorías sociales y en nuestra manera de decidir qué cuerpos son legítimos, qué conocimientos cuentan, qué vidas merecen protección y qué diferencias deben ser corregidas.

Por ello una lectura anticolonial del avance de la ultraderecha exige mirar más allá de los discursos explícitamente racistas, sexistas o autoritarios. Hay que mirar qué normalidad está intentado restaurar. Porque buena parte de la fuerza contemporánea de la ultraderecha proviene de su capacidad para presentarse como respuesta al caos: frente a la transformación de las familias, propone “familia”; frente a las migraciones, “fronteras”; frente a las luchas feministas, “orden”; frente a las disidencias sexuales, “naturaleza”; frente a las demandas antirracistas, “mérito”.

Tenemos que preguntarnos quiénes quedaron fuera de esas conquistas, quiénes llegaron tarde a la ciudadanía y quiénes todavía encuentran obstáculos para ejercer derechos que en el papel parecen universales. Ahora bien, esto no significa que los derechos de unas mujeres deban competir con los de otras. Significa exactamente lo contrario.

Significa que debemos dejar de construir una idea de “mujer” tan estrecha que solo algunas puedan reconocer plenamente dentro de ella. ¡He aquí la invitación!

Sobre la autora…

Vilma Catalina es psicóloga y especialista en estudios feministas y de género de la Universidad Nacional de Colombia. Escritora e investigadora interesada en las relaciones entre salud mental, poder y cultura. Su trabajo explora los límites del dolor, la autonomía y sus implicaciones sociales en contextos contemporáneos.