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Por: Red Huilense de Defensa y Acompañamiento en Derechos Sexuales y Reproductivos (RHUDA)
En estas elecciones presidenciales hemos visto como han tomado fuerza temas habitualmente relegados del plano electoral (como es el caso del cuidado y el trabajo no remunerado) que cobran mayor relevancia en este momento de la historia de nuestro de país donde los retos que vendrán para el próximo gobierno son amplios y variados.
En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, los avances obtenidos en materia de normatividad proveniente de la Corte Constitucional, no solo en materia de aborto sino de derechos en general, y el fortalecimiento de los movimientos que trabajan por su garantía e inclusión en los diferentes sectores, contrastan con la avanzada fundamentalista antiderechos que se ha visibilizado en algunos sectores de la sociedad colombiana y con algunos dirigentes, con situaciones como la adhesión del gobierno actual a grupo de países antiaborto de la OEA.
Por esto, a continuación te contamos qué dicen los candidatos presidenciales alrededor de algunas temáticas relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos y centrándonos en sus planes de gobierno.
Educación sexual y embarazo adolescente.
El embarazo en adolescentes sigue siendo una problemática que exige la atención del Estado colombiano: En el caso del Huila, si bien hay una tendencia a la disminución de los embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años, siguen siendo una problemática para tener en la mira, más si consideramos cada vez más niñas entre 10 y 14 años quedan en embarazo, y que la educación sexual no se imparte de manera efectiva y con enfoque de derechos en las instituciones de educación del departamento.
Aunque el tema de educación sexual aparece en los programas de gobierno que hemos analizado, podemos dar cuenta que no hay propuestas lo suficientemente concretas como para asegurar que la educación sexual sea un tema primordial en las agendas presidenciales. Sergio Fajardo, Federico Gutiérrez y Gustavo Petro mencionan la articulación de sectores como salud y educación en este sentido, y aunque todos los candidatos incluyen la importancia de reducir los embarazos adolescentes, no hay propuestas lo suficientemente concretas para asegurar que la educación sexual sea un tema primordial.
En materia de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las infancias y adolescencias en Colombia, es crucial el fortalecimiento de una educación sexual, en la que se les brinden herramientas con las que puedan, de manera responsable e informada, tomar decisiones sobre su sexualidad que respondan a las necesidades del desarrollo humano de la población. Por lo tanto, establecer una agenda que vuelque a las instituciones educativas, al sector salud y a los entes gubernamentales a fomentar una educación sexual integral, será importante para quienes pretendan llegar al poder.
Población sexualmente diversa.
Las problemáticas del sector LGBTIQ+ son variadas, y van desde la vulneración de derechos ya reconocidos por la normatividad actual hasta la exclusión social y coacción en libertades individuales, mediado por la estigmatización y los estereotipos de género.
Así, las propuestas para esta población son más concretas. El Pacto Histórico, les incluye en un apartado específico, en el que prioriza un enfoque diferencial, generacional e intercultural por cada compromiso, entre ellos, la inclusión socio-laboral, educativa, política, y de acceso a salud, por medio de políticas públicas construidas por toda la población sexualmente diversa. En dicho tema, este apartado es uno de los más completos, junto al de Sergio Fajardo, con la diferencia de que este, propone trabajar de la mano con el DANE para tener datos desagregados de esta población y sus problemáticas, para así fomentar la inclusión en los diferentes sectores; además, insiste en las capacitaciones a servidores públicos para disminuir la discriminación, pero no propone novedad en cómo lograría que estas tengan un impacto real, teniendo en cuenta que se supone que estas ya se deberían estar implementando y al menos en el Huila, no repercuten en una mayor garantía de derechos, donde por ejemplo la población trans ha padecido violencia, en especial, por la fuerza pública.
En esta línea, Federico Gutiérrez propone reforzar los canales de denuncia para mejorar el acceso a la justicia, así como trabajar con padres de familia para que les entiendan y acepten en la diversidad, lo cual contrasta con sus posturas públicas, donde ha marcado abiertamente su posición en contra de la adopción de parejas del mismo sexo. A su vez, Rodolfo Hernàndez presenta un apartado muy vago sobre ello, de menos de una página, sin proponer nada concreto ni mucho menos novedoso.
Este panorama nos permite reflexionar sobre el interés de los candidatos presidenciales por pensarse un país construido con los grupos históricamente minorizados y nos cuestiona el contraste de las propuestas con la realidad actual de nuestro país.
Mujeres trans
Las mujeres trans han padecido un sin fin de violencias y exclusión: la Defensoría del Pueblo informó que de 248 casos de violencia y/o discriminación hacia la población LGBTIQ+ que acompañó y asesoró entre 2021 y abril de 2022, 119 fueron mujeres transgénero, además que 46 mujeres trans fueron asesinadas en este periodo. Especialmente, en el sur de Colombia, el conflicto armado y la discriminación ha hecho de sus cuerpos territorios en disputa, controlados por el poder político y, por lo tanto, el no reconocer a profundidad las desigualdades que les atraviesan, es preocupante.
Si bien, candidatos como Sergio Fajardo y Gustavo Petro dedican propuestas específicas para la población trans en materia de salud, tránsitos seguros y vinculación laboral, no son novedosas, ni dan solución a problemas estructurales, exclusivos de las mujeres trans. Además, están diseñadas dentro de la norma vigente que actualmente no tiene el impacto deseado. Peor aún, cuando proponen ‘cambios’ generalizados para toda la poblaciòn lgbtiq+, sin reconocer las particularidades de cada grupo poblacional, caso tal, de los planes de gobierno de Federico Gutiérrez y Rodolfo Hernández.
Las afectaciones de la exclusión en materia de participación política y los escenarios sociales, laborales, económicos y culturales la ha vivido de manera diferenciada la población trans, de modo que los candidatos deben estar a la altura del análisis para contemplar propuestas concretas no solo a la luz de implementar lo ya establecido, sino para realizar un seguimiento adecuado que permita ver su verdadero impacto.
Interrupción voluntaria de embarazo (IVE)
Con la sentencia 055/2022 que amplía la despenalización del derecho en Colombia, viene un reto enorme, tanto para que se genere un acceso efectivo y sin barreras, como para avanzar en la despenalización social del aborto que permita un ejercicio real de la autonomía reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar.
En este sentido, mientras que Sergio Fajardo menciona que trabajará en la reglamentación de manera integral del aborto con énfasis en disminuir el estigma, en el programa de Gustavo Petro se limita a indicar que acatarán la decisión de la Corte Constitucional con esfuerzos transversales en relación con derechos sexuales y reproductivos. Además, ambos candidatos han expresado públicamente su apoyo en que sea un tema de libertad para las mujeres y de salud pública. Por su parte, Rodolfo Hernández y Federico Gutierrez no lo incluyen en sus planes de gobierno, y además en intervenciones públicas han referido no estar de acuerdo con la última sentencia de la Corte, por lo que no queda claro qué papel jugarán en el proceso de implementación de esta.
En el caso del Huila, donde persisten grandes limitaciones de acceso a la IVE y el estigma a su alrededor3, es crucial no solo un apoyo a la sentencia 055/2022, sino la apuesta por seguir avanzando en la garantía de este derecho fundamental a través de la eliminación de barreras.
Violencia sexual y otras violencias basadas en género
El tema de violencia sexual es amplio y abarca desde acoso verbal hasta penetracion forzada, además está atravesada por características particulares que deben tenerse en cuenta.
Revisando los planes de gobierno encontramos que las violencias basadas en género (VBG) se abordan de manera generalizada por los candidatos, y con excepción del feminicidio, no se especifican en su gran mayoría: en cuanto a las propuestas (no directamente de violencia sexual) encontramos que Rodolfo Hernández ampliaría la cobertura de centros de acogida, Petro propone la implementación de un sistema nacional de alertas tempranas e instancias especializadas, Sergio Fajardo le apostaría a una mayor seguridad en las calles a través de capacitación de la policía y al mejoramiento en salud integral para mujeres víctimas de VBG, y Federico Gutierrez ampliaría la acción a través de la línea de atención telefónica nacional 155. Vuelve así mismo el tema de capacitación de funcionarios para la ruta de atención (G. Petro y S. Fajardo), pero como mencionamos previamente es cuestionable el impacto real que tienen estas capacitaciones.
Al revisar el detalle en violencia sexual, el programa de Rodolfo Gutierrez hace énfasis en la violencia “intrafamiliar” invisibilizando los demás tipos de violencia, Federico Gutierrez incluye el tema de acoso sexual en empresas, Sergio Fajardo menciona la violencia sexual en varios apartados y Gustavo Petro incluye la explotación sexual, pero en general las propuestas no son concretas de violencia sexual. Por último, llama la atención que el programa de Sergio Fajardo incluye la mención de la violencia reproductiva, que no se encuentra en los demás candidatos.
Para el departamento del Huila, donde sorprenden los últimos casos de violencia sexual acontecidos y la aparente inefectividad actual tanto de las rutas de atención como de las acciones de las autoridades para la prevención de este tipo de violencias, es importante establecer acciones concretas y dejar de enmarcar todos los tipos de violencias como si habláramos de una sola cosa.
Trabajo sexual
En Colombia el trabajo sexual no es ilegal ni está penalizado, sin embargo no se vela por condiciones de vida dignas para las personas que lo ejercen.
En este sentido, las problemáticas de trabajadoras/es sexuales brillan por su ausencia en los programas de gobierno de los candidatos a la presidencia. A pesar de que el programa del Pacto Histórico es el único que menciona “la garantía de derechos de las personas en ejercicio de la prostitución”, en general ningún candidato presenta propuestas concretas que apunten a la garantía de dichos derechos, lo cual es preocupante ya que las personas que se dedican a este oficio se enfrentan constantemente a condiciones laborales y de vida devastadoras
Pese a que ha habido expectativas normativas, entre las más recientes la sentencia T – 629 de 2010, la poca priorización que se le da al tema, las posturas conservadoras en el Congreso de la República y el desinterés de la sociedad general pretenden invisibilizar este sector de la población y sus problemáticas.
Dudas más que certezas
A pesar de que reconocemos que las problemáticas que presenta actualmente el país son tan amplias que es imposible especificar todas y cada una de las acciones que se llevarían a cabo en un posible gobierno, y que en el panorama general encontramos inclusión de una gran variedad de temas en las campañas presidenciales, en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos algunas acciones generales como la capacitación con enfoque de género a funcionarios y la fuerza pública y la inclusión de educación sexual integral, que son temas en los que ciertamente se debe insistir, al no tener estrategias novedosas y claras de implementación que garanticen su efectividad e indicadores que permitan generar un seguimiento y evaluación real, se generan zonas grises en perspectiva; sumado al hecho de no incluir otros que requieren su reconocimiento a nivel nacional, como la violencia ginecoobstétrica y las problemáticas individualizadas de las mujeres trans o del trabajo sexual, se genera un ambiente de incertidumbre del trabajo del próximo gobierno alrededor de estos derechos. Esta incertidumbre se matiza un poco ante líneas más generales de reconocimiento de las libertades individuales y la autonomía con enfoque de derechos, mostrada en mayor medida por las campañas de la Coalición Centro Esperanza y del Pacto Histórico (incluso viendo los amplios espacios dedicados a los apartados con los temas de mujeres y población LGBTIQ+) y mucho menos en el caso de la Liga de Gobernantes Anticorrupción y la Coalición Equipo Por Colombia.
Ante esto, las/los/les activistas por los derechos sexuales y reproductivos seguiremos atentxs, cualquiera que sea el resultado de la contienda electoral, reconociendo que las problemáticas son amplias y variadas pero que en ningún caso deben tratarse con menos importancia ni pasar a segundo plano, ya que el reconocimiento legal de estos derechos pese a estar avanzando, sigue estando en constante peligro.
Conflicto de intereses: La Red Huilense de Defensa y Acompañamiento en Derechos Sexuales y Reproductivos (RHUDA) es una organización sin ánimo de lucro que trabaja por el posicionamiento de este tipo de derechos en la región surcolombiana, es la organización vocera del movimiento Causa Justa en el Huila, no está adscrita a ningún movimiento o partido político y sus integrantes no reciben salario ni poseen acciones de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo profesional y personal de su perfil.
Este artículo fue construido de manera colectiva desde el grupo de incidencia de RHUDA, por Erika Lisseth Saldarriaga González, Luciana Avendaño, Denisse Michelle Padilla, Luisa Fernanda Torres Siatame, Laura Lucía Hernández Pulecio. Para este análisis fueron tenidos en cuenta los cuatro candidatos primeros en las encuestas.
Algunos datos y cifras fueron tomados de la investigación “Diagnóstico participativo sobre la garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres en el municipio de Neiva, con énfasis en el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). 2015-2019” que realiza la Red Huilense de Defensa y Acompañamiento en Derechos Sexuales y Reproductivos (RHUDA) con el apoyo de La Mesa Por LA Vida y La Salud de las Mujeres.
