0
0
Por: Andrés Mauricio Cabrera y Juan Corredor García
Con este texto, en La Gaitana Periodismo Independiente queremos rememorar el 9 de abril, día nacional de las víctimas del conflicto armado en Colombia. De este modo, unimos nuestra voz de apoyo a la súplica de las víctimas que aún claman por verdad, justicia y reparación; al tiempo que recordamos el imperativo estatal de garantizar la paz y la justicia social, objetivos insatisfechos desde nuestra constitución como nación. Sólo es posible una verdadera transición si se supera la base material que posibilitó la violencia a la que, para desgracia, nos hemos habituado.
Ninguna persona es una isla; la muerte de cualquiera me afecta porque me encuentro unido a toda la humanidad; Por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas; doblan por ti.
John Donne.
“Como si fueran palabras Que van diciendo los muertos, Como si fueran plegarias De los viejos que se fueron”
Jorge Villamil Cordovez.
Jorge Villamil Cordovez no murió en El Cedral. Su cuerpo abandonó este mundo en Bogotá, la tierra que supo abrazarlo buena parte de su vida. Sus ojos no vieron los cafetales; tampoco vieron llorar los sauces. Esos árboles, que el compositor vio “morir en silente olvido”, fueron imágenes desperdigadas en sus pupilas, arropadas por el peso de los años y la dulzura del recuerdo. Del Cedral poco quedó: la casa fue vendida tiempo después por la familia en virtud de las constantes amenazas de parte de miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y presuntos cocaleros de la zona. De hecho, el siguiente propietario fue asesinado por los mismos que marcaron el éxodo de la familia Villamil Cordovez de su tierra natal.
La casa cayó bajo el peso de los años. Los cedros que sirvieron de ropaje contra el viento y la lluvia fueron vendidos. No hubo barcino, ni torito bravo que retornara a la tierra. En cierto modo, el torito vivía de sus ensoñaciones por la tierra a la que un día arribaron en distintos momentos Tirofijo, Alfonso Cano, Alfonso Castañeda y demás nombres que marcaron con crudeza la historia nacional, para arrastrarlo por El Pato y El Guayabero. Al respecto, rememora Alfredo Molano en A lomo de mula, viajes al corazón de las FARC, la importancia de dicha zona para la constitución de la por ese entonces incipiente guerrilla que huía tras lo ocurrido en El Davis:
“Después de la fundación de las Farc en mayo del 65, llegaron a la región Marulanda, Jacobo y Joselo y crearon un comando en un sitio llamado Arenales, donde fundaron una escuela militar guerrillera. Allí aprendieron la táctica y la estrategia en guerra irregular Jorge Briceño, el Mono Jojoy, Alfonso Cano, Raúl Reyes y Timochenko, entre otros. (…) Con el correr de los días llegaron familias desplazadas del sur de Tolima, de Huila, de Cauca, de Quindío (…). El 25 de marzo de 1965 a las 10 a.m., cuando el viento se llevó la niebla y la tierra comenzó a calentarse el gobierno bombardeó la región”. (Molano, Alfredo. A lomo de mula: viajes al corazón de las FARC. 2016. Págs. 84-85).
La violencia política de Colombia involucró a partidos políticos, fuerzas militares y policiales, guerrillas, paramilitares, narcotraficantes, autodefensas, y otros distintos grupos armados que derivan en facciones criminales. Si bien los efectos de la guerra se han hecho sentir en todo el territorio nacional, desde Leticia hasta San Andrés, hay regiones que han sufrido de manera diferenciada esta violencia.
El departamento del Huila como uno de los teatros de guerra
Los civiles han sido sus principales víctimas, según distintas estadísticas, situando a Colombia en los peores ránquines del mundo en términos del número de desplazados internos, víctimas de minas antipersonal y remanentes, desaparecidos, asesinatos, entre otros repertorios horrorosos de la violencia. El departamento del Huila, por sus condiciones geográficas y políticas, fue uno de los teatros de la guerra que continuaron tras la época de La Violencia (el periodo de guerra civil originado por las élites del Partido Conservador y el Partido Liberal), y en consecuencia, ocupa un lugar central en esta historia.
El dramático escenario bélico se tradujo en al menos 50 tipologías de violencia ocurridas entre 1958 y 2016, concluyó una investigación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad que logró sistematizar 400 testimonios entre víctimas, excombatientes, y otros actores del conflicto. De este tamaño es el horror que ha consumido a los huilenses. Un número inimaginable que demuestra hasta qué punto se crearon mecanismos ejecutados por verdaderos especialistas de guerra en una violencia que se utilizó para provocar daño bajo el pretexto de conseguir un fin político.
Desde su constitución, las FARC hizo del Huila uno de sus bastiones. Ahora bien, y esto es necesario repetirlo, el departamento no sólo padeció la presencia de dicho grupo armado bajo su brazo más letal, la columna “Teófilo Forero”; también sufrió de primera mano la violencia perpetrada por otros grupos armados, en especial, de paramilitares, bandas criminales (Bacrim) y otros aún no identificados.
Las FARC como principal responsable de las víctimas civiles
Al respecto, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) constató que Neiva fue la ciudad capital que más padeció (junto con Cali) incursiones armadas (9 en total) entre el año 1965 y el 2013. Respecto a los municipios, Algeciras fue el sexto municipio del país que más se vio vapuleado por el mismo flagelo con dieciséis incursiones. Quizás esto explique en parte las razones por las cuales el departamento del Huila apoyó con votos la salida militar del conflicto en detrimento de la vía negociada.
El conflicto nos ha dejado con secuelas que persisten en nuestra memoria. En ese sentido, recordamos las masacres de Acevedo acaecidas en 1999 y 2003, además por lo ocurrido a su vez en La Laguna, Pitalito, Suaza, Timaná, Potrero grande, Campoalegre y otros municipios del departamento. Ni hablar de lo ocurrido a Humberto Santana, exconcejal de Rivera, asesinado en 1988. Santana era concejal por el partido de la Unión Patriótica. Igual suerte corrieron otros exmiembros y exrepresentantes del mismo partido en nuestro departamento. Sobre esto, bien vale la pena observar texto de Eduardo Arias Gutiérrez, Unión Patriótica a 30 años de su creación en el Huila. Asimismo, es necesario indagar en lo ocurrido a los estudiantes de la Universidad Surcolombiana que fueron desaparecidos presuntamente por agentes del Estado por el simple hecho de ejercer su derecho a la protesta social.
especial mención requieren todos los hechos atribuidos a la columna Teófilo Forero de las FARC, responsables del asesinato de los concejales de Rivera el 27 de febrero del año 2006; el secuestro del avión de Aires en el año 2002 en el que viajaba Jorge Eduardo Géchem, quien fuera secuestrado tras el descenso del aeroplano en Hobo; el secuestro de Consuelo Gonzáles de Perdomo mientras viajaba de Pitalito a Neiva; El asesinato de Jaime Lozada; las tomas perpetradas a los conjuntos residenciales Torres de Miraflores, Torres de Manzanillo y Casablanca; la “casa-bomba” en Neiva en el barrio Villa Magdalena; el asesinato del policía Francisco Javier Cuellar en Hobo y, no menos importante, el asesinato de los “patrulleritos” en Algeciras, niños menores de once años vestidos de policías que fueron acribillados durante un evento cívico-deportivo en la vía Algeciras-Hobo.
Ejecuciones extrajudiciales
Si bien estos son tal vez sólo algunos de los hechos más representativos atribuidos al mencionado grupo armado, no pretendemos desconocer otros múltiples secuestros, atentados y asesinatos cometidos por otros actores que han hecho presencia en la zona. Según el Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos (OBSURDH), entre 1984 y 2012 ocurrieron 255 casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por integrantes del Ejército de Colombia.
Por su parte, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a través del Auto 033 de 2021, encontró un total de “327 muertes reportadas como resultados operacionales en el Huila, las cuales se concentraron en el sur y el centro del departamento, particularmente, en el municipio de Pitalito con 39 víctimas, correspondiente al 26.9% del total de las muertes; seguido del municipio de Garzón en donde se registraron 19 víctimas, es decir el 13.1% del total presentado”.
Según reza el Auto, “un porcentaje muy importante de los hechos ocurridos en el departamento es atribuible a militares adscritos a dos de los batallones que tienen su área de operaciones allí: el Batallón de Infantería no. 27 “Magdalena” con sede en Pitalito y jurisdicción en el sur del Huila, y el Batallón de Infantería no 26 “Cacique Pigoanza”, con sede en Garzón y jurisdicción en el centro del departamento”.
Sobre el deber de la memoria
El deber de memoria, más allá de ser un imperativo estatal en procura de la paz y una verdadera transición hacia instituciones democráticas, resulta ser un mandato moral para toda la sociedad civil. En Colombia, tal como observó el CNMH bajo la dirección de Gonzalo Sánchez, el conflicto ha escalado bajo estructuras y dinámicas que aún debemos comprender para su posible solución. En este sentido, las “luchas por la memoria” rememoran el mandato que las víctimas de otros sucesos de violencia límite han sugerido: es necesario comprender las circunstancias y causas que posibilitan la barbarie para que hechos similares no ocurran de nuevo.
Primo Levi, víctima de los campos de exterminio nazis, rememoraba la necesidad de comprender lo ocurrido; cuando no al menos de conocerlo: “Si comprender es imposible, conocer es necesario, porque lo sucedido puede volver a suceder, las conciencias pueden ser reducidas y obnubiladas de nuevo: las nuestras también. Por ello, meditar sobre lo que pasó es deber de todos” (Levi, Primo Michele. Trilogía de Auschwitz: Apéndice de 1976).
Uno de los principales problemas que atañen a los procesos de comprensión de la violencia es la apatía o la elusión moral. De acuerdo con esto, las personas suelen volverse frías ante el dolor de los demás, indiferentes al mismo. Esto obedece, de acuerdo con Theodor Adorno, Lisa Tessman y otros estudiosos de la violencia, entre otras razones a que las personas que han padecido la violencia procuran eludir todo aquello que tenga que ver con violencia para no rememorar acontecimientos que los han marcado o para no sentir afectos tristes.
De allí que la elusión moral sirva de mecanismo de defensa que las personas emprendan para no verse aún más apabulladas. Empero, esta táctica resulta peor que encarar un proceso comprensivo de la barbarie. Lo es porque imposibilita la erradicación de la estructura material que, perviviendo, posibilitó la emergencia de la violencia. En Colombia, por desgracia, aunque en menor proporción respecto a otras épocas, somos una sociedad que rehúye de su conflicto. El problema es que la violencia persiste, a pesar de su evidente disminución tras los acuerdos de paz, y la base material que la ha posibilitado yace intacta.
Hacia un esclarecimiento de la verdad
De acuerdo con lo expuesto, resulta necesario no pasar por alto un día como hoy en el que se conmemoran las víctimas. Por ello, desde la academia y el periodismo resulta imperativo dar cuenta de lo que hace sesenta años Guzmán, Fals y Umaña recomendaron: “descender con horror, con asco, pero con ilimitada comprensión humana […] a ese subfondo de miseria […] para buscar soluciones adecuadas con conocimiento minucioso de su tragedia y de su patología.
El primer escollo por superar con miras a una paz material es el de esclarecer la verdad sobre los hechos acaecidos. De este modo, es menester que el Estado y la sociedad en su conjunto colaboren para el esclarecimiento de los actores y las circunstancias de tiempo, modo y lugar de lo ocurrido. Sin un compromiso serio en la búsqueda de la verdad, resulta imposible garantizar justicia y, en últimas, reparar a las víctimas del conflicto. Ellas son a quienes en últimas nos debemos. Son quieres ocupan el lugar central de estos episodios traumáticos. Y es a ellos a quienes distintas organizaciones civiles y sin ánimo de lucro, instituciones creadas para implementar la paz y la reconciliación entre los colombianos, y los medios de comunicación como La Gaitana Periodismo Independiente, acompañamos en su dolor.
Como decía John Donne, poeta metafísico inglés a quien Hemingway rememorase bajo el título de “Por quien doblan las campanas”, la pérdida de un ser en cualquier parte del mundo nos constituye. El dolor humano debería convocarnos y hacernos igualmente responsables. Como decía Tzvetan Todorov, en su reinterpretación del concepto de culpa metafísica de Karl Jaspers:
“Pertenecemos a una especie cuyos representantes han cometido actos atroces, y sabemos que no podemos protegernos contra las implicaciones de ese hecho declarando a esas personas locas o monstruosas; no, nosotros estamos hechos de la misma carne. (…) Vergüenza, primero, porque no ha podido prevenir la aparición de ese mal (…); en seguida porque se pertenece a la misma especie que sus agentes, porque ningún hombre es una isla. Es lo que Jaspers llama la “culpabilidad metafísica” (Todorov, Tzvetan. Frente al límite. 2004, Pág. 270).
Andrés Mauricio Cabrera es profesor de lectoescritura, filosofía moral y política y filosofía y literatura en la Universidad del Rosario. Escritor e integrante de una banda de punk.
Juan Corredor García es director de La Gaitana Periodismo Independiente. Actualmente cursa su doctorado en Ciencia Política en la Universidad de la Ciudad de Nueva York (EEUU).
