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Por: Juan Corredor García
Gustavo Villegas, ex director del Programa de Paz y Reconciliación de Medellín y ex secretario de gobierno de Sergio Fajardo (2004-2007), y ex secretario de Seguridad de Federico Gutiérrez (2016-2017), habría tenido estrechos vínculos con la Oficina de Envigado, según un expediente judicial filtrado por medios de comunicación. Esta oficina fue inicialmente creada en la década de los ochenta como una oficina de cobro de deudas al servicio de Pablo Escobar, para luego convertirse en una federación mafiosa que regula casi todas las actividades criminales en Medellín.
De esta manera, la actual campaña presidencial exhibe pruebas de “gobernanza criminal” al tocar a dos de los tres principales candidatos según la intención de voto de los colombianos, pese a que uno de ellos desmienta los delitos por los cuales Villegas fue declarado culpable en 2018. Este tipo de gobernanza emerge cuando se establecen redes que unen a delincuentes con líderes cívicos, políticos y policías. O dicho de otra manera, cuando ocurren casos como el de la “donbernalización”: un pacto con narcotraficantes que redujo significativamente los homicidios en Medellín.
El testimonio, contado por Julio Perdomo, alias JP o el Viejo, vocero de la Oficina de Envigado, y filtrado por Caracol Radio, reveló una presunta cercanía de estas redes con la Alcaldía de Medellín. En su momento, Villegas aseguró que su estrategia consistía en era darles duro a las bandas para que negociaran su sometimiento. Sin embargo, los testimonios revelan una estrategia distinta, al menos en tres casos concretos.
En primer lugar, el secretario alertaba a las organizaciones criminales de las órdenes de captura en su contra. En segundo lugar, Villegas facilitó acuerdos entre la Secretaría de Seguridad y la Oficina de Envigado para el sometimiento de miembros de bandas delicuenciales que luego eran presentados como capturas y logros de la estrategia de seguridad. Por último, JP aseguró que Federico Gutiérrez evitó un primer intento de la Fiscalía para capturar a Gustavo Villegas. La figura que representa Villegas para la institucionalidad paisa, y por ende, la legalidad de su clase política, es relevante debido que ocupó cargos públicos por más de tres décadas.
Lejos de ser una anomalía en la historia de Colombia, lo cierto es que una vez más queda se explicitan los nexos entre el crimen organizado y miembros del Estado. La literatura académica ha encontrado que el crimen organizado no puede existir ni operar de manera exitosa mercados ilícitos sin algún nivel de protección estatal informal[1]. Así, los intereses del Estado y del crimen se intersectan, creando una zona gris de criminalidad donde la emergencia o mantenimiento del crimen organizado es posible. Se trata, según los investigadores Trejo y Ley, de un ecosistema en el que los grupos criminales organizados pueden respirar, crecer, reproducirse, y tener éxito.
¿Por qué Medellín?
Que esto ocurra en Medellín no es una sorpresa.
Al contrario de las guerrillas rurales de años anteriores, los grupos criminales en América Latina son esencialmente urbanos. La rápida urbanización del siglo XX produjo ciudades densamente pobladas con escasa inversión en vivienda pública, infraestructura y servicios sociales, desigualdad económica extrema y relaciones tensas con las instituciones policiales. Lo anterior, según Albarracín y Barnes, constituyen condiciones perfectas para la persistencia y expansión de las organizaciones criminales.
El caso de Medellín es revelador.
Ante una situación de extrema violencia por las disputas territoriales de narcotraficantes heredada de los años 90, durante la década del 2000 ocurre una transición en la naturaleza del control territorial al pasar de varios grupos al monopolio de la Oficina de Envigado. Este cambio condujo a una reducción de los niveles de violencia letales debido a una menor competencia entre los actores armados, que pactaron con el gobierno local un escenario favorable a los intereses de todos: del Estado, de los criminales e incluso del sector privado. Al final de cuentas, este pacto mejoró sustancialmente las condiciones de seguridad, y como consecuencia, el denominado “milagro de Medellín” logró atraer inversión extranjera. Se repite incesantemente este ejemplo de resiliencia urbana sin necesariamente reconocer las condiciones que lo permitieron.
¿Simple alianza o cercana integración?
¿Cómo es posible este tipo de pactos? Nuevamente, la literatura nos brinda algunas pistas.
Un elemento clave de la gobernanza criminal es la incrustación de estos actores con integrantes del Estado, la cual se puede dar de varias formas. Barnes sugiere que, de un lado, puede existir una simple alianza, es decir, contextos en los que el crimen organizado mantiene acuerdos formales o tácitos que limitan la aplicación y permiten que tanto el Estado como el crimen organizado se beneficien mutuamente. De otro lado, la integración consiste en la forma más alta de colaboración en la que el crimen organizado está incorporado directamente al aparato estatal, lo que permite a los delincuentes participar en actividades violentas e ilegales con impunidad.
En virtud de lo revelado en el expediente judicial, tal parece que existió una integración del gobierno local con la Oficina de Envigado, al lograr que una misma persona fungiera como director de un programa y secretario de dos carteras clave para la Alcaldía de Medellín (seguridad e interior), en dos periodos distintos.
Contrario a lo que los medios de comunicación han sostenido, no se trata de un “personaje oscuro que une a Gutiérrez y Fajardo”, sino de una clara manifestación del poder político que logró tener la Oficina en esa ciudad. Mientras todo esto ocurre, y a menos de dos meses de las elecciones, es válido preguntarse por el grado de responsabilidad de dos de los principales candidatos presidenciales en términos de intención de voto.
[1] Es válido reconocer que no todos los agentes del Estado son parte de redes criminales de protección gubernamental para criminales, y no todos los grupos criminales buscan protección de los agentes estatales. De hecho, es posible que ocurra justamente lo contrario: el confrontamiento entre grupos criminales y el Estado.
Juan Corredor García es Director General de La Gaitana Periodismo Independiente. Actualmente cursa un doctorado en ciencia política en City University of New York.
