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Opinión | Por: Luciana Gorrón Avendaño
Ser una persona con experiencia de vida trans es un castigo, al menos, así lo interpreta el Estado y la fuerza pública en este país. Sobre todo, en Neiva, donde han aumentado los casos de violencia policial hacia las mujeres trans que ejercen el trabajo sexual.
Han pasado 6 meses desde que fui invitada a la sesión del Concejo de Neiva, con motivo del 8 de marzo, mes de la mujer trabajadora, para alzar la voz por todas las mujeres, que hemos sufrido un sinnúmero de violencias sin importar nuestra clase, ‘raza’ o diversidad, entre ellas, las mujeres trans; en su momento, reflexioné sobre nuestro papel en un mundo diseñado por y para los hombres y lo que implica para nosotras, tomarnos los escenarios de poder político.
Recuerdo, que mi presencia fue transgresora; incomodó a la audiencia y a los mismos concejales, incapaces de reconocer que la población trans está en peligro y que, en ellos, como funcionarios públicos y ciudadanos de un Estado Social de derecho, recae parte de la responsabilidad de tantos años de olvido, exclusión y violencia, experimentados sobre nuestros cuerpos. Esa fue mi denuncia y así lo expresé.
Sin duda, no estaba equivocada, ha pasado el tiempo y los mismos que ese día me ignoraron y hasta se rieron de mi intervención, hoy, guardan silencio frente a la cantidad de casos de violencia policial que han venido aumentando en la ciudad, no sólo contra mujeres trans, sino, hacia los habitantes de calle.
Me cuesta entender qué necesidad tiene la Policía —sí, ellos en conjunto porque estos casos ya no son aislados, sino, sistemáticos— por subalternizar a quienes han sido marginadas históricamente por no cumplir con los estándares heteronormativos. ¿Pretenden afianzar colectivamente una masculinidad débil, mientras despojan de cualquier rasgo feminizante a quienes se les dé la gana? ¡Esto es peligroso!
Y lo es, porque esa hipermasculinidad imperante en la fuerza pública, naturaliza descaradamente el apetito sexual de sus integrantes, al punto de sentirse con la autoridad de controlar los cuerpos de las mujeres, sobre todo, si se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica y social. Así lo evidenciamos durante el estallido social con las violaciones en grupo en los Centros de Atención Inmediata (en adelante CAI); prácticas heredadas del paramilitarismo en Colombia, adoptadas por la doctrina militar y que, desde los estudios antropológicos, han servido para afianzar patrones de intimidad entre hombres.
Basta con escuchar los testimonios de las trabajadoras sexuales para confirmarlo. A una de ellas, un policía que identifican como ‘el rolo’, le pegó patadas, puños, la insultó y la amenazó de muerte delante de otros compañeros que desde el CAI veían todo sin hacer nada. ¿Dónde está la supuesta formación en Derechos Humanos? ¿Qué tiene por decir el coronel Diego Fernando Vásquez Arguello, comandante de la policía metropolitana de Neiva? ¿Por qué tanto silencio y negligencia? En vano han quedado los juramentos a Dios y a la Patria, cada vez que fallan por salvaguardar la convivencia de los ópitas y garantizar los DDHH y las libertades públicas.
Además, es revictimizante, irónico e suficiente, enviarlas a poner el denuncio a la misma institución que las violenta y se les ríe en la cara. Algo triste en una región donde la expectativa de vida de las personas trans no sobrepasa los 35 años de edad y en un país, donde han asesinado a más de 40 mujeres trans en lo que va del 2022; muchas de esas muertes, siguen en la impunidad.
Por ello, alzo la voz para que estas injusticias no se sigan cometiendo sin que realmente traiga reparación a las víctimas y consecuencias a los victimarios. ¡Basta de tanto silencio y negligencia por parte de todas las instituciones del Estado! Las mujeres, los grupos poblacionales racializados y sexualmente diversos no solo somos útiles en campaña, también, necesitamos que tomen en serio nuestras realidades y nos garanticen una justicia social que nos lleve a vivir en dignidad.
Adenda. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República, ya tiene pleno conocimiento sobre esta situación y está avanzando en las respectivas investigaciones para pronunciarse y tomar medidas frente al caso. Asimismo, el sector alternativo, presente en el Concejo de Neiva. Ojalá y la Policía Metropolitana de Neiva se pronuncien y disculpen públicamente por lo sucedido.
Perfil: Estudiante de último semestre del programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Surcolombiana. Feminista, apasionada por la historia y defensora de derechos humanos y población LGBTIQ+. Ha escrito en medios como: La Oreja Roja; 180 Grados ‘Desde otro ángulo’ y El Digital, Periodismo Alterativo.
Cláusula de conflicto de intereses: Luciana Gorrón Avendaño no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico/profesional/personal de su perfil.
