De la Paz total como apuesta del Gobierno de Gustavo Petro se ha hablado mucho últimamente, hay quienes critican su enfoque, otros su diseño, y algunos la ven un tanto ambiciosa e imposible. Pero ¿por qué hablamos de Paz Total después de la firma de uno de los acuerdos de paz con una de las estructuras históricamente más grandes e importantes en el país?
La reconfiguración de los actores armados ilegales en los últimos años ha posicionado en la agenda pública la necesidad de hablar de paz no con uno, sino con muchos actores que han entrado a ocupar el vacío de poder después de la salida negociada de las antiguas FARC -EP.
El recrudecimiento de la violencia por parte de actores armados y estructuras criminales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), cuyas operaciones se extiende al país vecino de Venezuela y tiene presencia actualmente en departamentos como Arauca, Cauca, Chocó, Norte de Santander y Nariño; el Estado Mayor Central (disidencias ex FARC- EP que no firmaron el acuerdo de paz en 2016); el Clan del Golfo, que surge de la desmovilización de grupos paramilitares a mediados de la década de los 2000; antiguas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC); la Segunda Marquetalia (disidencias ex FARC- EP que se acogieron al acuerdo de paz en 2016); Los Shottas & los Espartanos (grupos criminales que operan en Buenaventura); Bacrim como la Oficina de Envigado (que operan en Antioquia y su área metropolitana), entre otros; ha puesto en jaque la voluntad de paz de un gobierno cuya bandera se centró en demostrarle al mundo la necesidad de salidas negociadas al conflicto con un enfoque de garantías de no repetición.
Pues bien, de acuerdo con el visor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mecanismo de justicia transicional surgido del Acuerdo Final entre el Gobierno y las Farc-EP, se observa que de enero a febrero de 2025 en el país se registraron 169 eventos relacionados al conflicto armado y 1.110 hechos de afectación a la población civil en el país; de los cuales 613 corresponden a homicidios selectivos, 185 casos a amenazas, 169 casos a atentados o tentativa de homicidios y 42 casos de vinculación de Niños Niñas Adolescentes y Jóvenes (NNA) a la guerra, entre otros.
En otras palabras, el país ha sido testigo de un total de 1.223 eventos en los primeros dos meses del año. Tan solo en el Huila, la cifra asciende a 37 eventos, de los cuales 18 han sido homicidios selectivos, 2 actos terroristas, 1 enfrentamiento armado y 3 casos de vinculación de NNAJ a la guerra, por citar solo algunos.
Y mientras el conflicto no da tregua en los territorios fuertemente disputados por actores armados al margen de la ley, que distan de ser los grupos revolucionarios de antaño, para los cuales las armas eran el medio que les permitía una voz en el espectro político; y ante el horror que atraviesa el noreste del país en regiones como el Catatumbo- Norte de Santander por la disputa entre el ELN y el EMC, la política de Paz Total sancionada por la Ley 418 de 2022 se convierte en una batalla de estrategias ambiguas y diálogos fragmentados, carentes de bases sólidas que trascienden a sus protagonistas.
Las maniobras políticas para sostener el estandarte de la paz del gobierno actual han estado cruzadas por improvisadas y cuestionadas decisiones que han minado la confianza en el Estado y la intencionalidad de los grupos que se encuentran en diálogo para buscar una salida negociada al conflicto.
De allí que, en este artículo, hagamos un breve análisis, como si de una partida de ajedrez se tratase, de las maniobras del gobierno de Gustavo Petro en el marco de la Paz Total. Sobre todo, nos centraremos en las repercusiones que estas han tenido en departamentos como el Huila.
1. El gambito de rey, la apuesta de Paz Total
En ajedrez se denomina así al sacrificio de una pieza menor que permite abrir una línea de ataque. Es un movimiento audaz, pero un mal cálculo de este deja expuestas las líneas defensivas de quien lo ejecuta.
En 2023, Danilo Rueda, alto comisionado de paz en ese entonces, ejecutó tal movimiento intrépido, calculando un avance decisivo en los diálogos con el Estado Mayor Central (EMC); sin embargo, esta táctica requirió ceder en algunos puntos para generar credibilidad y fortalecer la posición de la contraparte
Esas concesiones se convirtieron en incentivos perversos en medio de una negociación carente de reglas claras entre ambos bandos. Debido a esto, en abril de 2024 se desencadenó la ruptura interna del Estado Mayor Central (EMC) dividiéndose en dos facciones: por un lado, los bloques Jorge Suárez Briceño, con frentes como Rodrigo Cadete, Iván Díaz y el CM Dagoberto Ramos, bajo el mando de alias ‘Calarcá Córdoba’ (alias que aún sigue en la mesa de negociación con el gobierno), y el Bloque Jacobo Arenas, con el frente Dagoberto Ramos.
Por otro lado, estaban los bloques Isaías Pardo, con los frentes Hernando González Acosta y el Ismael Ruiz, bajo el mando de alias “Iván Mordisco, debido a diferencias entre Néstor Vera, alias ‘Iván Mordisco’, y Alexander Díaz, alias ‘Calarcá Córdoba’; puesto que el primero acusaba al segundo de alinearse con los objetivos del Estado y contrariar los de la organización, según el comunicado de 14 de abril de 2024.La ausencia de protocolos rigurosos y sanciones efectivas incrementa lo que en economía se le conoce como riesgo moral, según Tobón & Vanegas, lo que permitió que los grupos armados ilegales actuaran bajo los vacíos jurídicos y usando la necesidad del Gobierno de mostrar resultados con los procesos de negociación.
Los discursos reaccionarios y confrontativos entre ambos mandos han acondicionado un escenario de disputa por el control territorial entre ‘Calarcá Córdoba’ e ‘Iván Mordisco’, implicando incursiones progresivas recíprocas en zonas de control del otro. Cabe precisar que las agrupaciones bajo el mando de alias ‘Calarcá Córdoba’ a 2025 continúan en negociaciones de paz con el Gobierno Nacional; a diferencia de ‘Iván Mordisco’ y las estructuras bajo su mando, las cuales se apartaron de dicho proceso, demostrando una evidente ruptura de la cúpula militar y política del Estado Mayor Central.
Esta disputa generó una regulación social carente de medidas humanitarias debido a la presencia diferenciada del Estado, tal como lo menciona la Alerta Temprana (AT) 001 de 2025 de la Defensoría, la cuál es definida como un instrumento de prevención humanitaria en el conflicto armado en el país. Allí, se proyectan riesgos de conflicto en departamentos como Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas, Meta, Guaviare y una parte del Cauca. Para el Huila, menciona un total de 20 municipios en riesgo alto por presencia e injerencia de estos actores armados.
Esto se conoce como un efecto adverso en políticas públicas, puesto que, al inclinar la balanza hacia uno de los mandos, en este caso, el mantenimiento del cese del ala que aún se encuentra en diálogo, y producto del confuso protocolo utilizado por el mecanismo de verificación en las regiones con presencia e injerencia de las estructuras bajo el mando de alias ‘Calarcá Córdoba’, indirectamente influyó en el proceso de fortalecimiento armamentístico y engrose de filas de ambos actores armados.
Según cifras de la Defensoría del Pueblo, en 2024 se registraron un total de 409 casos de reclutamiento de menores o vinculación de NNAJ en el país, de los cuales el 61% son niños y el 39% de los casos corresponde a niñas. El EMC sería el responsable directo de 135 casos. El Huila presentó un total de 13 casos en el mismo año, estos solo los registrados a través de rutas institucionales dado que existe el riesgo de retaliaciones por parte del actor armado hacia el menor o la familia del menor que denuncia.
La no inclusión del reclutamiento como punto no negociable en las mesas vigentes permitió el aumento de este fenómeno en zonas dispersas del país, práctica que en muchas ocasiones va ligada al pago, sometimiento y cohesión de NNAJ en un nivel de vulnerabilidad propio de políticas fallidas, grandes brechas de desigualdad y el deterioro del tejido social.
En ese sentido, los frentes armados cuyas estructuras están integradas por menores producto del reclutamiento y/o la cohesión carecen de una cadena de mando clara debido a una falta de formación político-ideológica y una cierta aversión a la autoridad. En virtud de esto, actúan impredecibles, violentos y temerarios cumpliendo tareas específicas encaminadas a la extorsión y al control de las rutas de narcotráfico, supeditados a la reacción militar del menor reclutado bajo un accionar que carece de estrategia político-militar y deja entrever una crisis orgánica que va más allá de la falta de un norte ideológico.
2. El enroque en el momento crucial para la seguridad nacional
Esta jugada consiste en reubicar al rey (o al centro de poder) para protegerlo, pero en el proceso, desconectar otras piezas clave de la línea defensiva.
Debido a la eclosión de las mesas de negociación tanto del ELN como del EMC, el presidente Petro nombró en diciembre de 2023 a Otty Patiño como consejero comisionado de Paz, relevando a Danilo Rueda, con el objetivo de reorganizar la estrategia militar y reforzar ciertos diálogos que sustentaran la efectividad de la política de paz. El Gobierno pasó de un comisionado con una línea de mensaje difusa y contradictoria, a una completamente hermética y especulativa.
Es así como la voz, mediada por la tarima, separa la paz de la seguridad en acciones impulsivas (paz vs. seguridad = inmediatez), lo que genera una tensión entre la necesidad de mantener diálogos paralelos y la seguridad en zonas en las que se encuentran los actores armados al margen de la ley; en donde la seguridad se hace necesaria de manera inmediata, a menudo a expensas de la paz.
Y tras un enfoque unificado inadecuado de estatus político a grupos armados ilegales (como el ELN y el EMC) y organizaciones criminales, desconociendo las diferencias teóricas entre negociación política y el combate del crimen organizado, generó una inconsistencia temporal de la política de Paz Total. Esta inconsistencia ha sido percibida como una oportunidad para que dichos grupos refuercen su control sobre las rutas de narcotráfico y movilicen recursos para la expansión de cultivos ilícitos, aprovechando una aparente impunidad mientras negocian o simulan negociaciones. Dada su relevancia geoestratégica, el departamento del Huila sirve de conector entre el centro y el sur del país (limitando al norte con Tolima y Cundinamarca; al sur con Cauca y Caquetá; al oriente con Meta y Caquetá; y al occidente con Cauca y Tolima).
Uno de los riesgos que menciona la AT 001-25 se enfoca en la subregión oriente, pues el municipio de Algeciras es testigo de la disputa armada que, desde mayo de 2023, sostienen el Bloque comandante Jorge Suárez Briceño y la Segunda Marquetalia en los municipios vecinos de Puerto Rico y San Vicente del Caguán (Caquetá), particularmente en la zona del río Pato- Valle del Balsillas. Factores como el incumplimiento de los acuerdos de 2016, la falta de priorización del Huila como territorio de paz y la incapacidad del Estado para ejercer control efectivo en las zonas afectadas, han permitido que se evidencie una militarización de los territorios, en contraste con la recomposición de los grupos armados.
Esto no solo incrementa el miedo generalizado, sino también la percepción de que los gobiernos locales no están implementando medidas efectivas para contener el auge del crimen en diferentes regiones del país, desconociendo las limitaciones a la hora de combatir la violencia y sus diferentes manifestaciones en un contexto de cese al fuego que solo cobija a unos actores y no a todos.
En conclusión, estas dos desacertadas jugadas del gobierno colombiano en materia de paz han servido como caldo de cultivo para que aquellos grupos al margen de la ley se reagruparan en aras de buscar un reconocimiento político, con el fin de ser un actor válido dentro de un proceso de negociación. Al mismo tiempo, mantienen la infraestructura de las rentas ilegales en territorios complejos, donde la falta de implementación de los acuerdos de paz de 2016 dejó múltiples vacíos en las dinámicas de poder, los cuales han sido aprovechados por múltiples grupos armados para actuar en las zonas grises de la política y los compromisos de las mesas.
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Las jugadas persisten, pero las siguientes las podrán ver en nuestra próxima entrega el domingo 6 de abril.
Sobre la imagen: Obra artística de la autoría de Andrés Restrepo Correa hecho con proyectiles de la guerra colombiana.
Un comentario sobre “Maniobras peligrosas: sacrificios y riesgos en el tablero de la Paz Total”