|Paz & Conflicto| En nuestra entrega del pasado 29 de marzo, Diana Lasso empezó un balance sobre la Paz Total haciendo una interesante analogía con una partida de ajedrez. En esta segunda parte la autora concluye las principales jugadas de esta partida. Continúa este interesante análisis.
Para ver la primera parte ingrese aquí.
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El Sacrificio del Alfil: seguridad por diálogos
Al ofrecer un recurso valioso para romper la defensa enemiga, se busca crear una debilidad en el adversario. Sin embargo, este sacrificio calculado puede ser aprovechado por el oponente para contraatacar, lo que implica un alto costo en el medio del conflicto, lo cual compromete la estabilidad de algunos territorios geoestratégicos.
Es por ello por lo que la segunda confrontación prevista en la Alerta Temprana 001 de 2025 tendría lugar en la zona Occidental del departamento, que comprende municipios de Aipe, Villavieja y Neiva. Según la alerta, en la zona occidental del Huila se ha identificado la presencia del Frente Ismael Ruíz del Bloque Central Isaías Pardo en el municipio de Aipe. Además, se ha hablado de su proyección hacia varios municipios del Sur del Tolima. Pero esta injerencia y presencia responde a una dinámica financiera y de control sobre la ruta, a través de la extorsión del ala abajo el mando de ‘Alias Mordisco’. El riesgo radica en la confluencia entre el Bloque Central Isaías Pardo y el Bloque Jorge Suárez Briceño que tiene injerencia en el municipio de Villavieja y cierta zona de Neiva.
La línea discursiva del presidente Petro, en relación con la paz, ha generado una política con señales altamente confusas en materia de defensa y acción militar. Tanto la amnistía condicionada y temporal de los negociados tras beneficios, como la suspensión de órdenes de captura sin establecer mecanismos rigurosos de control, fomenta comportamientos contrarios a la reducción de la violencia y la delimitación del control social.
Es así como la gobernanza ilegal sobre la población civil permitió reconstruir órdenes sociales que les sirvieron de sustento para la cohabitación con el actor armado. Esto se puede observar en la imposición de normas de conducta y la carnetización de Juntas de Acción Comunal en zonas dispersas. Es preciso mencionar que esto es producto de incumplimientos y políticas erradas de gobiernos pasados que, justo ahora, eclosionan tras la intención del gobierno actual de una apuesta dialogal sobre la construcción de paz en las regiones.
Por un lado, está el gobierno con la promesa de un cambio que enarbolaba la no repetición, la disminución de los hechos de violencia y la búsqueda de un buen vivir; y por el otro, los grupos armados que realizan acciones que van en contravía de todo esto. Y es que, entre sus principales actos delictivos, encontramos la imposición de pautas de comportamiento; control de las comunicaciones; control del acceso a bienes de primera necesidad incluyendo alimentos, suministros y medicinas; órdenes de carnetización; interferencia coartada sobre las formas comunitarias de organización; pronunciamientos en contra de denuncias, entre otras afectaciones a la vida comunitaria de la población civil.
«Por un lado, está el gobierno con la promesa de un cambio que enarbolaba la no repetición, la disminución de los hechos de violencia y la búsqueda de un buen vivir; y por el otro, los grupos armados que realizan acciones que van en contravía de todo esto»
El ataque doble: la osada apuesta de la paz total
En esta ocasión, una jugada que amenaza dos frentes simultáneamente se usa para obligar al oponente a tomar una decisión difícil. Partiendo de esta metáfora, la producción de violencia multilateral en el proceso de negociación puede generar problemas en dos áreas del territorio nacional a la vez, obligando a elegir entre comprometer uno u otro aspecto, lo que puede resultar en un debilitamiento de las fuerzas armadas del Estado en puntos estratégicos.
Ahora bien, esta ambigüedad entre la política de defensa y la de Paz Total, ha contribuido al deterioro de la seguridad en zonas dispersas o de difícil acceso, debilitado la capacidad disuasoria de las fuerzas del Estado, generando un clima de mayor incertidumbre ante la proliferación de actores en una misma zona. Otro escenario posible que menciona la Alerta Temprana (AT), se ubica tanto en el sur como en el occidente del departamento:
“Los escenarios de pugna entre las disidencias de ‘Calarcá Córdoba’ e ‘Iván Mordisco’ en el Huila están caracterizados por el accionar de: i) El Frente Raúl Reyes (comandancia de ‘Calarcá Córdoba’) y del Frente Hernando González Acosta del Bloque Central Isaías Pardo (comandancia de ‘Iván Mordisco’) en los municipios de Isnos y San Agustín; y ii) El Bloque Jorge Suárez Briceño (comandancia de ‘Calarcá Córdoba’) en el oriente del departamento, a través de los Frentes Darío Gutiérrez, Iván Díaz y Rodrigo Cadete y del Bloque Central Isaías Pardo (comandancia de ‘Iván Mordisco’), en el occidente del departamento, a través de los Frentes Ismael Ruíz y Frente Hernando González Acosta”.
En ese sentido, es preciso resaltar a lo que la Alerta Temprana menciona como un efecto de cierre o herradura por el avance de las distintas estructuras, desde oriente, occidente y sur. Lo cual entrevé el tiempo que tuvieron para reorganizarse los diferentes grupos armados ilegales y preparar este tipo de acciones violentas en estas zonas. Así, se habla de un tercer conflicto que se centraría en la
“(…) Subregión Sur (San Agustín, Isnos, Pitalito, Guadalupe, Suaza, Acevedo, Palestina, Oporapa, Saladoblanco, El Pital, El Agrado, La Plata, La Argentina, Paicol) en el sur del Huila, colindantes a los departamentos de Cauca (Bota Caucana) y Caquetá (Florencia, Belén de los Andaquíes, San José del Fragua), el Frente Hernando González Acosta (del Bloque Central Isaías Pardo, bajo comandancia de ‘Iván Mordisco’) podría disputarse el control de los municipios de la zona sur occidental (Saladoblanco, Pitalito- occidente e Isnos), con el Frente Raúl Reyes”.
Sin embargo, la falta de una lectura focalizada tanto de los territorios como de los actores emergentes ahondó la brecha entre la apuesta dialogal del gobierno actual y la reestructuración del conflicto en zonas del sur colombiano.
El Jaque Mate Inesperado
Y como última jugada en esta decisiva partida, el movimiento precipitado que concluye el juego de manera definitiva, sin dar oportunidad de defensa a la Política de Paz Total, se ejemplifica con la horda de hechos violentos registrados en el Catatumbo, al noreste del país. Según cifras Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitario de la ONU (OCHA) existen 91.879 personas afectadas, al igual que más de 50.000 desplazamientos registrados hacia los cascos urbanos de Cúcuta, Tibú, Ocaña y otras ciudades capitales.
La tensa coexistencia entre grupos armados en disputa por el control de rutas de narcotráfico en la zona, dada la frontera con Venezuela, y su importancia histórica en la minería, la producción de coca, el tráfico ilícito y la presencia diferenciada de un Estado que por Gobiernos enteros no logró consolidarse en la región, dejó entrever la poca capacidad del Estado para concatenar la acción estatal y las necesidades de la población altamente expuesta a contextos de guerra.
El reporte también menciona al menos 35 acciones armadas reportadas en los municipios de Tibú, Convención, Teorama y El Tarra, dejando a la población civil en medio del fuego cruzado. Y no para allí, pues se ha registrado en últimos meses una ofensiva del ELN en departamentos como el Cauca, que incrementa la zozobra sobre si este fenómeno se extenderá, quizás con otros actores, hacia otras regiones del país.
Y tras el cierre de toda posibilidad de continuar con una estrategia dialogal por parte del Gobierno actual, se suma una concesión que, aunque aparentemente menor en la negociación, en este caso, la captura el 12 de febrero de 2025 de Giovanni Andrés Rojas, alias “Araña”, señalado como el máximo líder de los Comandos de Frontera, antes facción de la Segunda Marquetalia.
Esto desencadenó una serie de reacciones que, de forma imprevista, colapsaron la Política de Paz Total, evidenciando los desafíos legales y de diseño que enfrenta tras dos años de su implementación. Según el periódico El Espectador, “La detención se llevó a cabo en un hotel del occidente de la capital, donde Rojas se encontraba junto a otros miembros de esa disidencia participando en una rueda de prensa por el cierre del ciclo de diálogos entre el Gobierno y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, estructura que se separó de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez”.
Ahora bien, semanas antes el gobierno recibió un duro golpe por parte de la Corte Constitucional debido a la anulación judicial que eliminó una disposición de la Ley de Paz Total. En ella, se incorporaba automáticamente los acuerdos con grupos armados al bloque de constitucionalidad.
A lo anterior, se sumó el llamado genuino de alcaldes y gobernadores exigiendo al Gobierno Nacional el aumento de pie de fuerza y ofensivas militares en puntos críticos del país. De este modo, se les dio fin a los esfuerzos de la Paz Total y se obligó a Gustavo Petro a cambiar de una táctica dialogal a una ofensiva para contener la situación de orden público en el país, lo cual se explica con la salida del Ministro de Defensa Iván Velásquez y el nombramiento de Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, esto a puertas de contiendas electorales en las que la seguridad será un tema mayor para los candidatos.
Sin embargo, esto último deja un sin sabor a quienes le apostaron a la salida negociada del conflicto por las vías del diálogo, pues si bien es cierto la Política de Paz Total contó con más desaciertos que aciertos, la complejidad y el riesgo de las negociaciones con actores armados como los que existen actualmente en el país requiere una claridad institucional que permita una diferenciación clara entre tipos de actores y mecanismos efectivos de control.
En otras palabras, se necesita un proceso más riguroso y una política lo suficientemente fuerte que permita la comprensión de las posibles consecuencias de cada movimiento en el tablero de la seguridad nacional.
Por último, es necesario entender que la paz no puede ser un discurso que instrumentalice el dolor y la zozobra de poblaciones fuertemente golpeadas por el conflicto. Esta, debe trascender a políticas robustas y cambios estructurales que permitan que los fenómenos que mutan a la violencia puedan ser abordados con precisión.