Mientras el tumulto de las fiestas de San Pedro y San Juan iba avivándose en las calles del Huila, en otros escenarios políticos se atizaba una disputa.
Más concretamente, en el Congreso de la República, el 20 de junio, se aprobó en primer debate la Ley Integral trans Sara Millerey, nombrada así en honor a esta víctima de transfeminicidio en Bello, Antioquia. Una iniciativa histórica que, sin embargo, fue blanco de críticas, tanto desde sectores conservadores como de quienes consideran innecesario legislar sobre lo que “ya está dicho”.
De manera casi simultánea, en el Concejo de Neiva, y como respuesta coincidente a estos cuestionamientos, fue desmontada de manera clandestina dos veces y quemada una vez la bandera LGBTIQ+, encendiendo el debate público y ratificando aquello que las personas sexualmente diversas viven en cuerpo propio: Los discursos discriminatorios y actos de odio continúan vigentes y fortaleciéndose, incluso en escenarios que deben ser pilares de democracia y tolerancia.
La discusión no es nueva, pero está llena de matices, más allá de lo que entre burlas se quiere admitir.
Violencias contra personas LGBTIQ+ en Colombia: un panorama complejo e invisibilizado
Las cifras sobre discriminación y violencia contra la población sexualmente diversa son de difícil obtención, pero aun así resultan alarmantes.
Los registros oficiales tienden a ser escasos, dependiendo del interés que tenga la autoridad o administración de turno sobre estos temas, por lo cual, muchos departamentos se remiten únicamente a datos nacionales. Además, una inadecuada caracterización de los casos genera subregistro y desprotección, pues quienes alimentan estos registros carecen de formación en enfoque de género y de derechos. Esta formación permitiría no asumir la orientación sexual o identidad de género de las personas, identificar motivaciones prejuiciosas en casos de riñas o lesiones personales, reconocer violencias conexas o discursos de odio circundantes y presentar una atención humanizada y respetuosa que evite que las personas desistan del proceso.
Según Colombia Diversa[1], en 2023 se registraron 203 amenazas contra personas LGBTIQ+. Debido a ello, pudo verse aumento respecto al 2022 (181 casos) y el 2021 (97 casos). En 42 de estos eventos hubo múltiples víctimas, como familias o personas allegadas al círculo social, sugiriendo un impacto más amplio del que logra medirse. Además, se reportaron 159 casos de homicidios y feminicidios contra personas LGBTIQ+[2] en 2023, superando los 148 casos del 2022 y los 109 entre 2018 y 2019. Las víctimas más frecuentes, tanto en amenazas como en asesinatos, fueron hombres gays y mujeres trans, y la posible motivación prejuiciosa se identificó debido a amenazas, agresiones y hostigamientos previos, así como la ocurrencia del hecho en el marco de un contexto social amplio de discriminación y estigmatización.
Aunque la Defensoría del Pueblo registró menos asesinatos (65 en 2023 y 52 en 2024), siendo las mujeres transgénero las principales víctimas[3], estas discordancias pueden corresponder a las dificultades mencionadas para caracterizar los casos y a la falta de criterios unificados de registro. En todo caso, ambas cifras evidencian un problema estructural.
Contrario a otros tipos de violencias basadas en género, donde lo más frecuente es que se generen en el hogar[4] y por personas conocidas[5], la mayoría de amenazas contra población LGBTIQ+ se reportan en el espacio público y por un actor civil desconocido para la víctima. Destacan también los casos contra adolescentes LGBTIQ+ en espacios que deberían ser seguros para ellxs, como instituciones educativas, por parte de directivos, profesores y alumnos.
En cuanto a los espacios políticos, se presentan reportes de amenazas directas, como el caso de Patricia Galindo, lideresa lesbiana y candidata al Concejo de Magüí Payán, Nariño, quien tuvo que desplazarse forzosamente junto con su núcleo familiar y varias personas del proyecto político luego de denunciar que recibía mensajes intimidatorios del tipo: “Primero te mueres si piensas que vas a llegar con tus maricas algún lado”.
En otros casos, las situaciones suceden en contextos más amplios que legitiman la violencia. Así fue el caso de Aleska, lideresa trans y candidata al Concejo de Sabaneta, Antioquia, quien recibió intimidaciones y destrucción del material de campaña en medio de “discursos de odio, por parte de otras campañas políticas, con la intención de desinformar y generar miedo y odio en la comunidad”. La situación se agrava cuando se presentan otras vulnerabilidades, como ser persona defensora de derechos humanos, migrante o afrodescendiente.
Además, preocupa la tendencia a la configuración de un continuum de violencias, donde en un mismo caso pueden presentarse múltiples tipos de violencias conexas como lesiones personales, extorsión, tortura, agresión sexual y desaparición forzada. Y en la era digital, el escarnio público amplía su campo de difusión a las redes sociales, donde las agresiones se graban y se circulan en formato video como parte del “castigo”. De este modo de revictimización participan medios de comunicación y la sociedad en general, ante la pasividad institucional.
Violencias LGBTIQ+ en el Huila: discriminación, exclusión y desafíos territoriales
El Huila continúa la tendencia de otras regiones descentralizadas, con pocas cifras locales oficiales y repitiendo las presentaciones de las situaciones de violencias. Según Colombia Diversa, en el 2023 se reportaron tres casos de homicidio y feminicidios en el Huila contra población LGBTIQ+, aun cuando en 2022 no reportaron estos hechos, y para el 2024 la Defensoría identificó un caso en el departamento. Sin embargo, no se descarta una tendencia nacional subregistrada.
Para Ian Suaza, activista de Euforia Trans, una colectiva y red de apoyo conformada por chicos transgéneros y personas trans no binarias de la ciudad de Neiva, la violencia, hostigamiento y discriminación (especialmente contra personas con experiencia de vida trans) se siguen normalizando. Suaza denuncia situaciones ocurridas en instituciones educativas por parte de directivas y de estudiantes, y en el ámbito laboral mediante la pérdida de oportunidades laborales, sobre todo para personas con cuerpos no normativos, a quienes «se les nota» y son rechazadxs a pesar de contar con los requisitos para los empleos.
Estas situaciones generan para las personas trans, sobre todo las mujeres, mayores dificultades para continuar sus estudios y avanzar en procesos de inclusión social. Debido a ello, muchas veces terminan optando por labores socialmente más “aceptadas” para ellas, como el trabajo sexual y las labores de peluquería. Además de limitar sus oportunidades, al ser víctimas de violencia las repercusiones son peores al no recibir auxilio efectivo y con trato digno por parte de entidades como la Policía o las instituciones de salud.
Respecto a estas últimas, persisten barreras institucionales como el no reconocimiento de sus pronombres o el ligar atenciones a géneros específicos (como las citas ginecológicas, donde se excluye a los hombres trans con útero). A pesar de avances como la ruta de hormonización del municipio, establecida el año pasado, Ian refiere: «aún percibimos la indiferencia, la violencia, la falta de oportunidades, la transfobia y el miedo de ser uno mismo, de ser chico o una chica trans, e incluso de ser una persona no binaria».
Desde la Defensoría del Pueblo Regional Huila, Derly Yazmin Aguiar Barrios, abogada de la dupla sociojurídica de esta entidad, indica que a la fecha esta entidad no cuenta aún con una base consolidada de casos, ya que solo desde abril de 2025 se logró vincular una profesional jurídica como parte de la dupla socio-jurídica para hacer seguimiento a violencias basadas en género y por prejuicio. Sin embargo, desde esa fecha se realizan acercamientos con la población sexualmente diversa, identificando ya patrones preocupantes en entornos familiares, educativos e institucionales.
Para la entidad, preocupa la persistencia de actos de violencia y discriminación arraigados en nuestra región. Según la funcionaria, estos discursos “asocian las orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas con ideas de anormalidad, pecado o perversión” y reproducen barreras estructurales para el ejercicio de sus derechos, afectando directamente sus proyectos de vida.
Ley Integral Trans y política pública LGBTIQ+: avances normativos urgentes en Colombia
En el Huila, aún no existe una política pública de diversidades a nivel departamental. Según el concejal Humberto Perdomo, esta ha sido una exigencia del sector LGBTIQ+, y a pesar de que desde su curul se generaron peticiones oficiales a la Asamblea Departamental y a la Secretaría de Gobierno durante el 2024 para su inclusión en el plan de desarrollo departamental, no existe voluntad política.
Neiva, por su parte, cuenta con una política pública para la población LGBTIQ+ desde el 2019. Sin embargo, según Perdomo, la falta de articulación interinstitucional ha impedido su implementación, sobre todo en aspectos clave como la disminución de casos de discriminación y estigmatización en el espacio público y entornos laborales; o el sistema de información estadística, que permitiría la caracterización permanente y actualizada sobre el sector LGBTIQ+ y sus problemáticas, para que la administración tome decisiones desde lo regional y con un impacto real.
La inclusión de este tema en el plan de desarrollo de la capital huilense ha sido otro frente de batalla. Para el 2024, el proyecto radicado inicialmente por el alcalde Germán Casagua hacía mención solamente tres veces a sectores LGBTIQ+, pero gracias a la articulación con distintos sectores sociales se logró incluir metas puntuales, con enfoque de género, orientadas a la población sexualmente diversa. Sin esta incidencia, “lamentablemente creería que la administración municipal no hubiera tenido un enfoque diferencial en este plan de desarrollo”, afirma el concejal Humberto Perdomo.
Pero, si las políticas públicas y los planes de desarrollo locales y regionales no avanzan con la celeridad necesaria, el Congreso de la República tiene la oportunidad de ser quien genere mayores garantías ante este panorama de vulneraciones. En el caso de la ley integral trans Sara Millerey, aprobada por ahora en primer debate, se busca garantizar mediante medidas concretas los derechos de las personas trans y no binarias; en especial, el reconocimiento legal de su identidad de género, el acceso a la salud sin estigmas ni exclusiones, la protección laboral y el acceso a trabajo formal con acciones afirmativas para reducir la exclusión económica; al igual que la educación libre de discriminación para niños, niñas y jóvenes trans.
Para Laura Sofía Trujillo Ardila, profesional universitaria del Ministerio de la Igualdad y Equidad y promotora de la Ruta de terapia Hormonal para personas transgénero en el municipio de Neiva, esta ley facilitaría el acceso a derechos que ya están reconocidos, pero para los cuales aún existen barreras institucionales cotidianas. En su experiencia, incluso en temas donde hay normativa previa y derechos conexos que se pueden exigir, como el libre desarrollo de la personalidad o a la salud, aún hay instituciones que dificultan el acceso a los servicios, sobre todo cuando la legislación es más laxa o general. Por esto es importante que el Estado actúe como garante y no como mero espectador.
Ante este panorama, las leyes expedidas por el Congreso, al ser este el órgano democrático por excelencia, tienen mayor poder vinculante, obligatoriedad y legitimidad, tanto institucional como social. Y es que, aunque haya sentencias, decretos y otros instrumentos jurisprudenciales, muchas veces su ejecución se ve influenciada por la disposición política de las instituciones, quienes ignoran sus responsabilidades según su conveniencia.
Discursos de odio y una confianza fracturada en el Estado
Más allá de las cifras, preocupa la legitimación de discursos de odio, especialmente cuando provienen de la institucionalidad. En este sentido, lo ocurrido en el recinto del Concejo de Neiva respecto a la destrucción de la bandera LGBTIQ+ expuso no solo el rechazo a lo simbólico, sino la permisividad con la violencia. Allí, la bandera LGBTIQ+ fue bajada en dos ocasiones, la primera el 16 de junio, cuando fue quemada y dejada en la entrada del recinto, y la segunda el 1 de julio, cuando fue retirada sin explicación.
Para el concejal Humberto Perdomo, promotor de la iniciativa de instalar la bandera, se trata de una disputa simbólica: la bandera es un elemento identitario, representa la memoria de luchas y reivindicaciones de la población LGBTIQ+, y su presencia buscaba que el discurso en defensa de la diferencia se hiciera presente en esta corporación. Pero este acto de odio y la banalización que se pretendió imponer, en un contexto político y electoral, evidencian la persistencia de narrativas violentas en nuestro municipio. “Anular la bandera, quemarla, es el reflejo de lo que han hecho durante muchos años con el sector LGBTIQ+. Esos discursos que buscan simplificar el hecho terminan legitimando también algunos hechos de violencia directos hacia los sectores LGBTIQ+”, señaló Perdomo.
Le activista Manu Irene Lozano, de la organización Severa Flor, subraya que la población sexualmente diversa día a día tiene que conquistar incluso los derechos que ya están establecidos en la Constitución Política, como el derecho a la igualdad, a la no discriminación y al libre desarrollo de la personalidad, pues han sido tratados “como ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría”. Por lo tanto, que la bandera arcoíris sea izada en el Concejo de Neiva, un espacio donde se debaten las políticas y los derechos de la ciudadanía, es un acto reivindicativo de estas luchas.
Para elle, este ejercicio planificado y sistemático de bajar la bandera, quemarla y dejarla en la puerta del Concejo de Neiva, es un acto con una carga política clara: negar la existencia y los derechos de quienes representa. En sus palabras, “a través de lo simbólico, se va en contravía al Estado Social de derecho, que reconoce la diversidad sexual desde un marco jurisprudencial. Esto también implica el desconocimiento total de nuestra existencia, de nuestro derecho a ser y a existir”.
Es desde este desconocimiento a su existencia que se deriva la desconfianza hacia las instituciones, quienes históricamente han instrumentalizado la lucha LGBTIQ+, por una firma o por una foto. Como lo expresa Laura Trujillo, más allá de ver en junio banderas arcoíris en fachadas y logos, es necesario generar acciones concretas y sostenidas, sin generar falsas expectativas y cumpliendo con las acciones acordadas, para reestablecer poco a poco la confianza con la institucionalidad y sus espacios.
En este sentido, es fundamental que las entidades gubernamentales les tengan en cuenta no solo en la ejecución de actividades sino en los espacios de planeación claves para la ciudad (como planes de ordenamiento territorial, planes de desarrollo, entre otros), con participación directa y no solo simbólica, pues desde pequeños avances se logran grandes impactos al largo plazo. Ejemplo de ello fue lo logrado durante su paso como profesional de apoyo para el programa de diversidad sexual en la Alcaldía de Neiva, donde se logró fortalecer esa confianza y pasaron de tener a una participación de 3 a 4 personas a más de 40 personas, para la estructuración y aval de la ruta de hormonización del municipio de Neiva.
Desde la Defensoría del Pueblo regional Huila proponen distintas estrategias para restablecer esta confianza, mediante la escucha activa y participación real que permita incluir a esta población en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, reconociendo sus voces como legítimas y necesarias en los espacios de decisión. Asimismo, se propone la inclusión de profesionales con enfoque de género en zonas históricamente excluidas, capacitados en prevención de violencias por prejuicio, con el fin de garantizar un compromiso público desde los altos niveles. De este modo, se consolidará la prevención y sanción de violencia institucional, así como el rechazo de cualquier discurso de odio, deshumanizante o prejuicioso.
Las recomendaciones de Colombia Diversa, van en esta misma vía: caracterizar los riesgos particulares de las personas LGBTIQ+ para tener datos claros y veraces (lo que implica garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad y respeto), desarrollar análisis de las vulnerabilidades socioeconómicas, comunitarias y políticas que exacerban estos riesgos y reconocer que “los discursos de odio matan”, pues las narrativas prejuiciosas y estereotipadas se relacionan directamente con la subestimación del lugar que ocupan estas personas en la sociedad y la subsecuente justificación de diferentes formas de violencia.
Movilización y resistencia LGBTIQ+ en Colombia: una lucha que continúa
Pero lejos de ser un logro cuyo mérito exclusivo recaiga en el poder ejecutivo o la institucionalidad, todo avance normativo es producto de una movilización social, como la realizada por la Plataforma Ley Integral Trans (PLIT) y diversas organizaciones LGBTIQ+ a lo largo del país. En Neiva, el trabajo comunitario de organizaciones como Severa Flor, las iniciativas de la colectiva Euforia Trans para informar sobre la importancia de la ley integral trans y la movilización social general son esenciales para dar mayor peso al debate de las leyes en concejos, asambleas y el Congreso.
Como recuerda Laura Trujillo, la organización colectiva desde la población LGBTQ+, además de respaldar la incidencia institucional, permite el apoyo mutuo mediante redes de cuidado entre personas sexualmente diversas. Además, esta busca disminuir la distorsión de los mensajes por parte de las entidades y la sociedad en general. Porque, contrario a aquellos que afirman que se otorgarán “privilegios” a la población trans o que se impondrán ideologías, lo que se quiere es brindar herramientas para garantizar a esta población los derechos que las demás personas viven sin mayores dificultades. Lo que se busca, dice Trujillo, es que “esta ley sea ese puente entre la persona transgénero y sus derechos fundamentales.”
Como afirma Manu Irene de Severa Flor, “este ha sido un país donde la clase obrera, campesina, indígena y la población LGBTIQ+ hemos tenido que ganarnos y conquistar nuestros derechos a través de la movilización, la denuncia, los mecanismos de participación ciudadana”. El silencio frente a los diferentes actos de intimidación, discriminación y violencia genera complicidad con una cultura que no reconoce la diferencia. Apoyar las causas LGBTIQ+ no indican una pertenencia a esta población, “sino que me hacen un ciudadano o ciudadana que respalda y defiende la Constitución Política.”
La violencia no es solo física y la discriminación no se ejerce solo desde quienes directamente atacan. También se perpetúa en lo simbólico, en el silencio y en la omisión. Ante el panorama político y social tanto local, como mundial, necesitamos más que nunca una ciudadanía participativa, una institucionalidad comprometida, al igual que representantes y liderazgos que no guarden silencio, sino que generen condiciones para la garantía de los derechos para todas, todos y todes. Porque garantizar los derechos de la población LGBTIQ+ no es un gesto simbólico ni un favor: es una obligación democrática y un acto profundamente humano.
Antes de cerrar. El 29 de julio se realizó en el Concejo de Neiva un debate sobre la Política Pública de Diversidades Sexuales, citado por el concejal Humberto Perdomo, quien evidenció la falta de enfoque hacia la población LGBTIQ+ en general y el abandono de esta política por parte de la administración. La Secretaría de la Mujer reconoció fallas en la articulación institucional y en la recolección de datos. Ante esto, la concejala Lourdes Mateus insistió en activar el Observatorio de Asuntos de Género, parte del acuerdo “Neiva sin violencias, Neiva sin acoso”, como herramienta para avanzar en la garantía de derechos de la población LGBTIQ+ también. Urge estar atentxs a los desafíos locales y exigir a la administración acciones concretas.
Nota del Editor: Los testimonios de las personas mencionadas en este texto fueron recogidos a través de entrevistas o conversaciones. Asimismo, cada una manifestó su consentimiento para que dicha información fuese publicada.
[1] Colombia Diversa. (2024). Boletín de amenazas contra personas LGBTIQ 2023.
[3] Defensoría del Pueblo. Informe anual 2024 Violencias in-visibles: Panorama de la violencia por prejuicio hacia personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas.
[4] DANE. (2022). El iceberg de las violencias de género en Colombia. Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
[5] Instituto Nacional de Salud (INS). (2022). Violencia de género e intrafamiliar: Informe final 2021.