Reseña “Tierra, guerra, política” de Francisco Gutiérrez Sanín.
¿En qué momento específico de nuestra historia podríamos ubicar el origen de nuestro conflicto armado? ¿Cuáles son sus causas? ¿Quiénes son los responsables? Sobre esto se ha escrito mucha literatura, la cual señala distintas temporalidades, múltiples causas originarias y acumuladas, y aborda los actores sociopolíticos y armados, tanto legales como ilegales, implicados en este proceso. Una sugerencia para cualquier tipo de lector o lectora, con o sin conocimientos previos en el tema, son las dos relatorías y los doce ensayos que componen la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, cuyo origen se sitúa en un acuerdo adoptado en 2014 en medio de las negociaciones de paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP.
Sin embargo, pese a la cantidad de trabajos escritos sobre esto y, en concreto, sobre sus orígenes agrarios, poco se han explorado los mecanismos que demuestran la relación, si se quiere causal, entre la concentración exacerbada de la tierra y la puesta en marcha de proyectos armados que han dinamizado nuestra guerra. De esto trata el más reciente libro de Francisco Gutiérrez Sanín titulado Tierra, guerra y política. Vuelta a las raíces, publicado este año por la editorial Debate.
En un trabajo previo, el profesor ha propuesto una referencia temporal que nos permite distinguir entre distintos ciclos interrelacionados de violencia política en nuestro país. El primero, conocido como La Violencia, se extiende aproximadamente desde finales de los años 40 hasta principios de los 60. El segundo, relacionado con la guerra (contra)insurgente, inicia “desde algún momento después del fin de La Violencia hasta la segunda década del siglo XXI”. Y, posiblemente, un tercer ciclo en el que estamos entrando luego de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las extintas FARC-EP. Ahora bien, este libro analiza en el segundo ciclo.
En este sentido, Gutiérrez-Sanín sostiene que el origen de este ciclo solo puede ser explicado “si se tiene en cuenta la enorme desigualdad agraria que caracterizaba al país de entonces”, la cual se manifestaba en un índice Gini superior a 0.8, y cuyo catalizador se encuentra en el fracaso de las reformas agrarias frente nacionalistas de 1961 y 1968, así como en la contrarreforma producida por el Pacto de Chicoral de 1972. Vamos por partes.
Para el autor, la desigualdad agraria en el país no solo se visibiliza en el limitado acceso a la propiedad de la tierra por parte de las mayorías campesinas, también se contempla en que el campesinado fue estructuralmente un blanco sobre el que recayeron ataques letales. Es decir, sobre el campesinado colombiano se construyó una identidad estigmatizada que lo convirtió en un “sujeto matable”.
Una tercera forma se evidencia en la desigualdad regional, la cual hace referencia a la carencia de bienes y servicios, mecanismos de regulación, vías y mercados que se impusieron sobre todo en los territorios de colonización campesina. Y, finalmente, una cuarta relacionada con la subrepresentación política del campesinado; instrumentalizado por élites políticas que les utilizaron como potenciales votantes, pero que no promovieron políticas que representaran a los sectores más empobrecidos sino los intereses de los grandes propietarios.
Por un lado, estas formas de desigualdad se interrelacionaron en distintos momentos, por ejemplo, en las formas en las que la vulnerabilidad del campesinado a la violencia produjo dinámicas de concentración de la tierra. Por otro lado, también se vieron en las formas en las que las regiones de colonización fueron estigmatizadas y señaladas como núcleos del comunismo a los cuales se les atacó militarmente con la fuerza del Estado. También podríamos establecer relaciones entre estos dos ejemplos.
Por su parte, el reformismo agrario del Frente Nacional además de limitado, estuvo atravesado por disputas entre las élites políticas y económicas, así como una agitación social importante organizada en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Aquí Francisco Gutiérrez rompe con lo que él denomina un esencialismo común, sosteniendo que las élites nunca funcionaron como un grupo de poder homogéneo, sino que en su seno se produjeron múltiples conflictos. Por ejemplo, en el ámbito del tratamiento del problema agrario se disputaron dos modelos.
El primero, un modelo reformista que pretendió la redistribución de la tierra por medio de la negociación con los grandes propietarios. El segundo, un modelo que promovió la colonización de la frontera agraria dirigida por el Estado en la que se impuso, además, la ganadería, y la urbanización por medio de proyectos inmobiliarios en las ciudades. El segundo se impuso con la firma del Pacto de Chicoral con el objetivo de eliminar las presiones que existieron sobre la gran propiedad y así mantener intacta su concentración. En cualquier caso, ambos modelos utilizaron en distintos niveles la represión para responder a los malestares del campesinado.
En este contexto, paralelamente se desarrolló, desde abajo y desde arriba, una agitación agraria por medio de la ANUC que derivó en la combinación de repertorios de acción colectiva como peticiones formales, movilizaciones masivas y tomas de tierras con el objetivo de sacar adelante las demandas redistributivas del campesinado. Desde abajo, promovida por la propia organización, y por arriba, por el Estado, y particularmente, el INCORA. Estos dos factores —las disputas y conflictos entre las élites, así como la agitación agraria— develaron la vulnerabilidad de las élites.
Gutiérrez-Sanín utiliza el concepto de élites vulnerables para dar cuenta de la forma en la que las élites políticas, económicas y burocráticas colombianas no estaban —ni lo están actualmente— íntimamente conectadas en un proyecto conjunto, sino que en su interior han asumido posiciones contrarias que en distintos momentos fueron dirimidas por la fuerza. Estas élites se caracterizan, primero, en que perciben que enfrentan una amenaza a su existencia y una limitada provisión de coerción policial por parte del Estado para garantizar su seguridad, y en este sentido, aspiran —como segunda característica— al acceso privado a los grandes medios de la violencia.
Así, la combinación de la desigualdad agraria, el fracaso del limitado reformismo del Frente Nacional y la consecuente imposición del modelo colonizador-ganadero-urbanizador, la agitación agraria, la vulnerabilidad de las élites y sus salidas violentas por arriba y por abajo, sumado al cierre democrático producto del acuerdo entre partidos y el cambio de posición de Estados Unidos frente al reformismo latinoamericano, se configuraron, para el autor, como dimensiones que interactuaron como antesala de nuestro conflicto armado.
Ahora, frente a la emergencia de proyectos armados con capacidad sostenida en el tiempo, introduce una variable importante: la intermediación política y la presencia de especialistas. Todos los actores armados insurgentes que emergieron con capacidad de sostenerse política y militarmente en el tiempo, así como las expresiones diferenciadas y propias del paramilitarismo colombiano, pasaron por la interacción política directa o indirecta con los partidos tradicionales, y contaron con la presencia de especialistas políticos y de la violencia.
En esta dirección, las FARC inicialmente tuvieron estrechas relaciones con el Partido Comunista y este con el Movimiento Revolucionario Liberal, una facción del Partido Liberal por medio de la cual los comunistas obtuvieron representación política como se evidencia en el caso de Juan de la Cruz Varela. Además, buena parte de sus combatientes fueron guerrilleros liberales que se radicalizaron.
El ELN, particularmente la conformación del Frente Domingo Laín en Arauca emergió del aprovechamiento de redes de sociabilidad y de apoyo mutuo previas conformadas por el Partido Liberal en el marco de la experiencia de colonización en los años 60. El EPL pudo implantarse en Córdoba gracias a la relación que tuvo con un guerrillero y político liberal, Julio Guerra.
En el caso del M-19, este se compuso en parte de una facción radicalizada de la Alianza Nacional Popular de Gustavo Rojas Pinilla y tuvo acercamientos con las élites políticas tradicionales para promover lo que denominaron como el “gran sancocho nacional”. Por su parte, y contrario a un sentido común dominante, los primeros políticos que apoyaron la conformación de autodefensas que devinieron en expresiones tempranas del paramilitarismo, fueron liberales.
A partir de la interacción de todas estas dimensiones, el autor explora los orígenes agrarios del paramilitarismo, de las FARC y el ELN, proponiendo los casos del M-19 y el EPL como dos posibles contraejemplos a su argumento central. Lo que encuentra en el caso de los primeros es que la guerra urbana afectó profundamente su estructura política y militar por lo que transitaron por un proceso de ruralización para sobrevivir. Los segundos, por su parte, pese a que emergieron con una ideología campesinista, la cual abandonaron luego de experimentar múltiples derrotas; en su proceso de reestructuración lograron crecer y convertirse en una guerrilla nacional producto de su inserción en los conflictos agrarios producidos por las economías de exportación desregulada y de enclave en regiones abandonadas por el Estado.
Así las cosas, este libro es una obra fundamental para comprender los orígenes de nuestro conflicto armado y su estrecha relación con la excesiva concentración de la propiedad de la tierra. Además, es un recurso analítico que nos permite pensar el presente y las posibles salidas que nos podrían ayudar a evitar la recaída en un tercer ciclo de violencia, sin dejar pasar por alto las complejidades de los otros factores acumulados que nos están llevando hacia este. Pese a esto, lo que sí es cierto, es que no habrá fin del conflicto armado en Colombia que no pase por una redistribución profunda de la tenencia y la formalización de la propiedad de la tierra. A modo de cierre, además de recomendar enfáticamente su lectura, sugiero que esta se acompañe, antes, durante y/o después, de las entrevistas que le han sido realizadas al profesor en Punto Crítico, el Archivo General de la Nación y por Juan David Correa.