El regreso a la añorada seguridad democrática fue la principal motivación expresada por las personas que acudieron a la marcha del 07 de agosto en más de 28 ciudades de Colombia, en rechazo a la condena del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El orden público parece ser la principal preocupación de las/los colombianos en lo que lleva de este año, alcanzando una cifra del 36% de la población que manifiesta dicha inconformidad (Alvaréz, 2025). Los índices de seguridad son alarmantes: se posicionan en rojo las cifras de homicidios, desplazamiento, enfrentamientos entre grupos armados y secuestro, las cuales contrastan con otras cifras referentes a gobiernos pasados. En resumidas cuentas, todo parece estar mal en términos de seguridad para el país con el cambio de gobierno.
No obstante, considero paradójico pensar en cómo la figura de las cifras que hoy en día se utilizan para reflejar las problemáticas que atraviesa el país y la ineficacia del actual gobierno en la mitigación de estas, fueron las mismas que se utilizaron años atrás para ocultar y minimizar, en complicidad con los medios de comunicación, una crisis humanitaria producto del conflicto armado que, según el informe de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento publicado en 2012, dejó un saldo de 259.146 víctimas de desplazamiento en todo el país durante el año 2011. Asimismo, ha sido mediante el uso de las cifras la manera en la que, durante siete años (2003-2008), se intentaron mostrar bajas masivas de “guerrilleros” que probaban el triunfo de la seguridad democrática, alcanzando alrededor de 6.400 casos de personas que, al final, no tenían ningún tipo de vinculación con grupos armados y cuyo único delito fue haberse topado con una unidad del ejército en búsqueda de un permiso. Finalmente, ha sido la falta de cifras la que llevó a que, durante 11 años, el desplazamiento forzado de la comunidad del caserío de Peñas Coloradas, Caquetá, llevada a cabo en 2004, no se contara en los censos de víctimas, sino como una victoria del Plan Colombia (CDNMH, 2020).
“Las Martas”, como popularmente se las conoce a una madre y su hija en el municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, recuerdan aquel abril cuando el ejército, tumbando puertas, quemando casas, matando ganado y ordenando que todo el caserío se formara en fila, les informó que tenían que irse de allí porque tenían reportes de que en aquella zona se encontraba la guerrilla y que muchos de ellos eran sus colaboradores. Por el río Caguán, más de 3.000 personas tuvieron que bajar con lo poco que les había quedado después de que el Ejército arremetiera, destruyendo, bombardeando desde el aire y quemando todo a su paso. Algunos, con sus animales, familias y la misma ropa que llevaban puesta, tuvieron que ingeniárselas para bajar en pequeñas embarcaciones rumbo a la cabecera municipal de Cartagena del Chairá. Marta hija, al ser una adolescente en ese momento, me relató durante una conversación informal que tuvimos cómo estos soldados no solamente se llevaron a algunas personas que no volvieron a encontrar, posiblemente porque sus cuerpos fueron arrojados a los ríos, sino que también utilizaron la violencia con las mujeres jóvenes de Peñas Coloradas: “nos cogían del pelo y nos tiraban al piso mientras nos pisaban la cabeza con sus botas o nos amenazaban con el fusil por parecer guerrilleras”. Lo cierto del asunto era que la guerrilla, aunque tenía presencia en la zona, no se encontraba en este caserío y que la ocupación del Ejército, que perdura hasta la actualidad, se debió a un contrato entre la Alcaldía de Cartagena del Chairá y la Brigada Móvil N°22 (Castillo, 2024).
Hasta la fecha no se ha realizado una indemnización formal a las víctimas, a pesar de que en 2024 un Juzgado de Florencia declarara al Ejército responsable del desplazamiento. Sin embargo, fue la primera vez que se emitía un fallo de este tipo contra una institución que, una vez más, perpetuó aquellos crímenes que, se supone, debía combatir. El caso de Peñas Coloradas, así como el de los falsos positivos, nos deja con una serie de incógnitas sobre la realidad de la seguridad democrática: ¿quiénes son los que realmente se benefician de dicha seguridad? ¿O en algún momento existió una seguridad democrática? Al final, las cifras aparecen como el terreno en disputa: pueden servir para ocultar, maquillar o exhibir realidades según convenga, y son ellas las que terminan definiendo quién se beneficia de la seguridad y quién queda condenado al silencio. La llamada seguridad democrática no fue tanto una política de protección ciudadana como una idea construida por sus propios promotores para legitimarse en el poder. Los verdaderos beneficiarios no fueron las comunidades que sufrieron el conflicto, sino quienes se valieron de esas cifras, alteradas, omitidas o magnificadas, para sostener un relato de éxito que nunca existió.
Bibliografía
Comisión de la Verdad. (2025). Los falsos positivos. Comisión de la Verdad de Colombia. https://www.comisiondelaverdad.co/los-falsos-positivos
Lozano et al. (2012) documentan que durante 2011 el conflicto armado interno generó un desplazamiento masivo de 259.146 personas, lo cual refleja una crisis humanitaria profundamente invisibilizada.
Morales Castillo, C. A. (2024, abril 19). Tras 20 años, declaran culpable a Ejército por desplazamiento de Peñas Coloradas. El Espectador. https://www.elespectador.com
Rodríguez Álvarez, S. (2025, agosto 11). Petro enfrenta su último año con casi todos los indicadores de seguridad en rojo. La Silla Vacía. https://www.lasillavacia.com
Vivanco, J. M. (2018, noviembre 3). Cómo funcionaban los incentivos perversos detrás de los falsos positivos. La Silla Vacía. https://lasillavacia.com