«Los artistas hemos sido los que durante la historia de la humanidad hemos marcado los tiempos, hemos cambiado la manera de pensar de la gente. Si piensas qué pasó en cada momento, ahí están siempre los grandes pintores o músicos.»
Alondra de la Parra (31 de octubre de 1980), entrevista, Vanity Fair España, 2021.Directora de orquesta y pianista
A veces se repite el discurso que intenta imponer la idea de la inutilidad del arte y el carácter supuestamente prescindible de las artistas en caso de guerra. Sin embargo, en contextos violentos es común ver cómo las consecuencias del horror son paliadas por artistas, lo que puede apreciarse cuando el concepto del «deber ser», que establece lo que importa y lo que es válido o útil, no tiene lugar.
Entonces, ¿qué sucede cuando una orquesta sinfónica, integrada por más de 50 personas, y un coro integrado por al menos 80 voces se unen para ejecutar una obra musical reconstruida que incorpora el pensamiento hecho palabra hace más de tres décadas? La respuesta simple: un concierto. La respuesta amplía: una acción artística y conjunta que materializa la memoria, honra la vida, beneficia la historia y abre el camino a otras posibilidades de hacer justicia y reparar.
Así ocurrió el pasado 30 de noviembre de 2025. El Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) se llenó de luz, color, música y de acciones para la reivindicación, al resonar con la interpretación de una obra sinfónica y coral que, desde mi perspectiva, creó una oportunidad para la reparación simbólica.
Hace 38 años, en respuesta a la petición iniciada por la filósofa y gestora cultural Gloria Zea (1935-2019), según afirma la doctora en musicología Johanna Calderón, el desaparecido director de orquesta santaelenense Blas Emilio Atehortúa (1933-2020) compuso el «Réquiem del silencio, Op. 143, para coro mixto y orquesta sinfónica», la obra musical referida.
Un año después, en 1988 él dirigiría su estreno único hasta entonces, junto con la Coral Yakaira y la Orquesta Sinfónica de Colombia —liquidada en el año 2002— en el Teatro Colón de Bogotá. El mismo escenario en donde tres décadas más tarde se firmaría el «Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera» entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, crucial para garantizar el acceso a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición a las víctimas del conflicto armado, que este 2026 cumplirá sus primeros 10 años de implementación.
Su propósito fue el de rendir homenaje a Rodrigo Lara Bonilla, abogado neivano desaparecido el 30 de abril de 1984 a manos de autores que aún suscitan debate y cuyo asesinato, desde el 17 de septiembre de 2012, se investiga bajo la «Declaratoria de Lesa Humanidad e Imprescriptibilidad de la Acción Penal» asignada por la Fiscalía Octava Especializada de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
La obra también buscó reivindicar la memoria de Carlos José Medellín Forero, magistrado nacido en Pacho (Cundinamarca) asesinado el 6 noviembre de 1985, quien ha sido reconocido como víctima de la grave violación a los derechos humanos de la que también es responsable el Estado colombiano en virtud de su demostrada negligencia y omisiva conducta que facilitó el ataque al Palacio de Justicia por parte del M19, según como se reafirmó en el año 1994 mediante sentencia 9276 del Consejo de Estado.
Otro de los recordados en esta pieza fue Guillermo Cano Isaza, periodista bogotano cuya abierta crítica al narcotráfico fue silenciada el 17 de diciembre de 1986 —un día después de anticipar públicamente su final, sin que esto sirviera para recibir la protección oportuna del Estado colombiano— convirtiéndose también en víctima de la impunidad y de la violación al derecho a la libertad de prensa. Asimismo, esta composición fue dedicada a las víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia en Colombia. En esta oportunidad, 37 años después de su estreno, el Coro Nacional de Colombia (CNC), entonces bajo la dirección general de la maestra Liliana Fuentes y la dirección musical de la maestra Diana Cifuentes, junto con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Música de la UNAL, dirigida por el maestro Guerassim Voronkov, participaron para lograr que más de 40 minutos de música en escena hicieran justicia a la memoria de quienes se perdieron hace 40 años en medio de la violencia interminable.
Un claro ejemplo del cuidado colectivo que las personas artistas en Colombia ofrecen a través de su trabajo ante las consecuencias y el horror de la violencia.
La complicidad provino del programa Presencias: Sonidos & Ecos de la Dirección de Patrimonio Cultural de la UNAL, encargado de llevar a cabo la conmemoración N°. 39 del magnicidio de Guillermo Cano. Este acto hace parte de la conmemoración del centenario de su natalicio, declarado mediante Resolución 0310 de 2024 de MinCulturas para honrar su existencia y proceder, así como para promover las actividades periodísticas y culturales en favor de dicho propósito. Cabe decir que todo esto se dio como parte de las acciones de toma de responsabilidad del Estado colombiano frente a su asesinato, reiteradas en el Informe de Fondo No. 102/01 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Nótese que artistas del país han sido precursoras y han abanderado actos contundentes que de algún modo han contribuido a restaurar la dignidad de las víctimas de acontecimientos inhumanos, sin que fuera su responsabilidad. Esto, en cambio, le ha implicado al Estado colombiano suscribir en febrero de 2024 un acuerdo para cumplir las recomendaciones de su cargo formuladas por la CIDH desde 2001.
Casi cuatro décadas más tarde, sigue el arte sosteniendo acciones esenciales. Gracias a la música, el trabajo de artistas, gestoras, personal técnico y logístico; al acompañamiento de las víctimas, de la audiencia y de la institucionalidad, la memoria dejó de aguardar bajo un minuto de silencio: esta se vistió con el lenguaje de la polifonía que reivindica y expresa lo necesario para aliviar el peso de la muerte impuesta, pues lo que se nombra, se escucha y se recuerda, tiene la vocación de ofrecer a la historia el fuego necesario para mantener iluminado los pasajes más sombríos.
Pese a que esta puesta escénica no estuvo enmarcada en la implementación de acciones para la reparación integral, la atención y asistencia a las víctimas previstas en la Ley 2421 de 2024, puede reconocerse su alcance para proveer cuidados a un país al que aún le cuesta volcar la mirada sobre lo esencial. Esto merece nuestra gratitud y contemplación.
Además, la valiosa concurrencia en escena de dos proyectos musicales gestados en momentos distintos de la historia contribuyó a dicho acto de memoria.
De un lado, el CNC, que en pocos meses cumplirá tres años de su creación y hoy se ha consolidado como la apuesta coral más importante de los últimos tiempos en Colombia, en el marco de la implementación del programa «Sonidos para la Construcción de Paz»; del otro, la orquesta sinfónica de la universidad pública más representativa del país, que ha sabido permanecer contra todo pronóstico y hoy acumula una trayectoria de más de 100 años desde que el compositor y docente Guillermo Uribe Holguín (1880-1971) la fundó.
Ciertamente, con esta puesta escénica el arte vistió al dolor impecablementebuscó rememorar el sufrimiento de quienes injustamente padecieron estos hechos de violencia. Coreutas de distintos lugares de Colombia, sosteniendo las partituras hechas un recuerdo de periódico, ofrecieron un símbolo de la palabra que perdura con su musicalidad para hacer frente a la impunidad.
A ello se sumó la apuesta representativa de los trajes, la máquina de escribir, las velas, las flores, las fotos, las ofrendas de alimentos, las plantas y el fuego diminuto, en medio de una sobriedad útil para destacar lo esencial: la vida que se queda incluso después de arrebatada, la obra, sus intérpretes y el ardor que la música, por su naturaleza, entrega para encender la ilusión de la no repetición del daño.
Así, se fundó en un escenario dispuesto para las artes, otra forma de crear símbolos para reconstruir, homenajear y ofrecer reparación simbólica porque las víctimas fueron nombradas y dignificadas a través de la recordación de sus ideales y de una verdad dolorosa, pero necesaria para la conciencia colectiva. Queda en evidencia que la música alivia en medio del panorama que ofrece una Colombia herida, un país que aún se derrama en sangre.
Estas instituciones y personas reafirman con sus acciones lo esencial que la música es para las sociedades, especialmente cuando incide directamente en la transformación de realidades y ayuda a que se desnaturalice la ocurrencia de violaciones graves a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
Confío en que cada acción desde el arte contribuye indudablemente a que todo lo anclado, tanto judicial como moralmente, se mueva.
La música también hace justicia, restaura simbólicamente, nombra y permanece. Como sociedad tenemos la oportunidad de unirnos a sus distintas prácticas, y también tenemos el deber de cuestionar esa visión limitada que desconoce el valor de las artes en los contextos de violencia que hoy todavía escriben la historia.
Nota de la autora: Este artículo fue desarrollado con el apoyo del Huila Festival Internacional de Música.