Por: Valeria González Pérez & Nathalie Chingaté-Hernández.
En el marco del 8 de marzo —una fecha simbólica global para las mujeres—, se dieron las elecciones para el Congreso y las consultas presidenciales en Colombia. Estas elecciones ocurrieron mientras en América Latina se desarrollaban movilizaciones feministas que reclaman la deuda histórica que tiene el mundo con las mujeres respecto a su participación con verdadera incidencia política.
En este sentido, se tienen dos grandes demandas. La primera tiene que ver con el aumento en el número de mujeres en puestos de liderazgo a nivel nacional, regional y global (es decir, una demanda por la representatividad proporcional). La segunda versa sobre una mayor participación de mujeres en la toma de decisiones y formulación de políticas públicas que promuevan la igualdad real e impulsen los liderazgos que redefinan las prioridades sociales, como es el fomento de cero violencia física, digital y simbólica.
Respecto a las elecciones en Colombia, el debate sobre la participación de mujeres en espacios de poder sigue vigente. En el caso del Congreso, este está conformado por un total de 296 curules, divididas en 108 senadoras y senadores y de 188 representantes en la Cámara de Representantes del orden territorial. Entre estas, cabe resaltar la presencia especial de las curules indígenas, afro y las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP).
Del total de personas inscritas al Senado, el 39,4% son mujeres; mientras que en la Cámara el porcentaje es del 40,6%. Ahora bien, en el CITREP se alcanza un 50,4%. Sobre la conformación de listas (cerradas o abiertas), solo 3 de las 16 listas fueron paritarias. Con base en los resultados de las votaciones 2026, el Senado quedó conformado por un 33% de mujeres, lo que representa un incremento de 3,4 puntos porcentuales frente a la composición del periodo anterior que logró el 29,6%. Cabe resaltar que, tanto Caldas como Quindío, quedaron sin representación.
Si bien las estadísticas muestran un incremento de la participación de las mujeres en el Congreso, al igual que un interés por parte de algunos partidos en aumentar la representación mínima de mujeres en el Congreso, tal como queda de manifiesto en la lista cremallera o al alternar candidatos por género en listas cerradas con el fin de evitar que las mujeres sean relegadas a posiciones finales, estos resultados no son suficientes para la consolidación de una democracia paritaria en Colombia.
Al analizar los perfiles de las mujeres que lograron llegar al Congreso, se evidencia una diversidad de orígenes y agendas diversas. Asimismo, se evidencian mujeres que provienen de élites políticas, así como tecnócratas y militantes de movimientos sociales. Ahora bien, lo anterior implica sostener la discusión sobre cómo la misma presencia de mujeres en el Congreso no garantiza agendas públicas con enfoque de género e incluyentes; sobre todo cuando se corre el riesgo de que se sigan reproduciendo dinámicas históricas de poderes patriarcales que las coartan en beneficio de sus propios intereses económicos y políticos.
Sin embargo, estas no son las únicas barreras que enfrentan las mujeres en política. El carácter centralista de Colombia invisibiliza sistemáticamente a los territorios y a las mujeres líderes que intentan llegar al Congreso. Sumado a esto, muchas de ellas enfrentan directamente el conflicto armado y sus consecuencias. Las mujeres que defienden posturas políticas, comunitarias y territoriales se convierten en blanco de la violencia sociopolítica que, muchas veces, termina en violencia letal: por ejemplo, en 2025 se presentaron 23 casos de homicidios a lideresas sociales y defensoras de derechos humanos en Colombia.
Pero esto no termina aquí. La violencia estética, acompañada de la creciente violencia digital, son nuevas formas de maltrato que las lideresas pueden padecer. La violencia estética invisibiliza el trabajo político y social al juzgar a la persona por cómo se ve y cómo “debería ser” según ideales heteronormativos. Esto último reproduce la cosificación histórica de los cuerpos femeninos y los reduce a objetos susceptibles de ser consumidos. A lo anterior, se suman las cargas desproporcionadas de trabajo, principalmente de cuidado, que reducen el tiempo que una mujer invierte en participar en espacios políticos y en la toma de decisiones alrededor de asuntos que le conciernen.
Por lo anterior, se puede afirmar, entonces, que las mujeres no están compitiendo en igualdad de condiciones sociales sobre asuntos públicos. De ahí que el panorama territorial aquí presentado de cuenta de la cantidad de tierra que falta por caminar y reconocer.
Sobre las autoras…
Valeria Stefany González Pérez es estudiante de Ciencias Políticas y Derecho de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Es pasante de investigación de la Comisión Colombiana de Juristas y sus interés versan en el estudio del conflicto armado, derechos humanos, construcción de paz y trabajo con comunidades. Es artista del bordado político y bailarina.
Nathalie Chingaté Hernández es docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Es Magíster en Estudios Internacionales y Magíster en Estudios Políticos. Escritora en La Gaitana desde 2025. Sus áreas de investigación son los Derechos de la Naturaleza y los Derechos a la Tecnología.
Gracias a mujeres como ustedes, armadas de fundamentos e ideales claros y justos las mujeres cada vez más nos ganamos un lugar en el mundo, donde nuestra voz es cada vez más fuerte, son ustedes ejemplo de valentía e inspiración para todas.