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Por Luciana Avendaño
Ayer se radicó en el Congreso de la República la ley integral trans: la antítesis de toda una industria política-cultural que ha decidido qué cuerpos son dignos de ser representados y respetados.
En pleno siglo XXI, la lucha por la igualdad de derechos y la inclusión de todas las personas ha adquirido una relevancia sin precedentes. Sin embargo, a pesar de los avances logrados en materia de diversidad sexual, aún existen desafíos pendientes por enfrentar. Uno de ellos es la necesidad de una Ley Integral Trans en Colombia, que garantice los derechos y protección de las personas transgénero en todos los ámbitos de la vida.
Comencemos por analizar algunas estadísticas preocupantes que demuestran la urgencia de abordar la situación de las personas trans en Colombia. Según un informe reciente de la organización Colombia Diversa, el 78% de las personas trans han sufrido algún tipo de violencia en el último año. Además, en un país que ha sufrido el conflicto armado, que ha dejado a 9 millones de víctimas de acuerdo al Registro único de Victimas (RUV) cerca de 4190 son personas lgbtiq+, sin contar el alto subregistro. Aquí, las personas trans pusieron sus cuerpos y fueron reducidos a la subordinación; territorios en disputa y control político. Por eso, legislar sobre las personas trans es un reto y una deuda histórica que de hacerse debe ser de manera interseccional. Sobre todo, en la periferia.
Todo ello, ha restringido el acceso a derechos fundamentales como la salud, el trabajo y la educación, que son limitados y discriminatorios. El desempleo es una realidad persistente para las personas trans en Colombia. Muchas veces nos niegan el acceso al empleo, nos despiden injustamente o se nos relega a trabajos precarios, estereotipados y mal remunerados. Peor aún, en escenarios de criminalización. Es violencia simbólica que se emite desde el Estado, uno patriarcal.
Hablar de esta ley implica, primero, reconocer que surgió de una apuesta ciudadana del mismo sector trans que por años, lleva esperando a que el Congreso de la República legisle sobre estos temas por mera voluntad política. No se pudo, a pesar de los intentos y acercamientos que el sector llegó a tener previamente con varios Congresistas. Existen temores de que, finalmente, el proyecta muera en esta corporación, debido a que varios sectores políticos declarados inicialmente como partidos de gobierno, decidieran distanciarse de la Administración PETRO.
Eso resulta preocupante porque esta ley parte del reconocimiento legal de la identidad de género de las personas trans. Por ejemplo, actualmente, el proceso de cedulación es costoso y violento; esta lleno de obstáculos burocráticos. Esto afecta la integridad y la dignidad de las personas trans y dificulta la participación cívico-política del sector en la sociedad; condiciona nuestro estándar de vida, que en Latinoamérica no sobrepasa los 35 años de edad. Se refleja en las barreras para acceder a servicios de atención médica adecuados, incluyendo el nulo acompañamiento a los procesos de tránsito que impulsan al sector a improvisar artesanalmente con su salud. Una legislación integral aseguraría el acceso equitativo a la salud integral.
¡La Corte Constitucional no puede seguir realizando el trabajo que el Congreso no hace por falta de voluntad política! La ley —a punto de radicarse — no resolvería todos los problemas pero sí provocaría un impacto político, social y cultural en Colombia. Político porque por primera vez el Estado reafirmaría que somos sujetos de especial protección constitucional y que EXISTIMOS. La parte sociocultural requiere de un trabajo conjunto y lento; es un proceso con avances y retrocesos, pero no imposible. Desmitificaría discursos y prácticas violentas instaladas sobre nuestros cuerpos. Acá la educación es la herramienta principal para lograrlo. El acoso escolar, la falta de políticas de inclusión y la ausencia de formación docente sobre diversidad de género son obstáculos que impiden un entorno educativo y una sociedad segura y respetuosa.
Garantizar los derechos y la protección de las personas trans en todos los ámbitos de la vida es un paso crucial hacia la justicia y la equidad de género en nuestra sociedad. Es la antítesis de toda una industria política-cultural que ha decidido qué cuerpos son dignos de ser representados y respetados. ¡La necesidad de una Ley Integral Trans en Colombia es urgente y evidente! Ya veremos cómo avanza la discusión.
