El 30 de abril de 1984 asesinaron al ministro de justicia Rodrigo Lara Bonilla, y con él empezó a agonizar la dignidad de un país que progresivamente fue restableciendo un código de silencio.
Ese lunes a la caída de la tarde, mientras el dirigente iba en su auto camino a su residencia, dos sicarios bajo las órdenes de Pablo Escobar cercenaron la vida de quien probablemente habría podido llegar a ser uno de los líderes políticos más destacados del Huila en los finales del siglo XX. Lara Bonilla había asumido, casi que a título personal, una lucha abierta contra los carteles del narcotráfico, que habían existido desde mediados de los 70’s pero sobre los cuales se había establecido una omertá, recordando el término que se refiere a los pactos ciudadanos de silencio sobre la mafia en la Italia de la época.
El 27 de agosto de 1983, ocho meses antes del magnicidio, El Espectador titularía una frase del huilense: “Soy un Ministro peligroso para quienes están fuera de la Ley”. A renglón seguido, denunciaba abiertamente los vínculos de Pablo Escobar y Carlos Ledher con la mafia y el crimen. Ni el histórico diario, ni el líder huilense podrían prever que serían víctimas del terrorismo mafioso del cartel de Medellín y que sus historias se convertirían en prólogo de una de las temporadas más horribles para la historia del país.
Rodrigo Lara Bonilla había nacido en Neiva en 1946 y tenía un futuro prometedor. No había cumplido los 38 años aún y ya había sido alcalde de Neiva (1969-1970), consejero de la Embajada de Colombia en Francia, representante a la Cámara por el Huila y senador de la República. Había acompañado a Luis Carlos Galán Sarmiento en su vida política y, después de él, era probablemente la figura más notable del Nuevo Liberalismo, una escisión del Partido Liberal que denunciaba abiertamente el deterioro del tradicional “Partido del trapo rojo”. En agosto de 1983, el presidente Belisario Betancur Cuartas lo designó como ministro de justicia en reemplazo de Bernardo Gaitán Mahecha y su lucha frontal contra el narcotráfico y su vínculo con la política se convirtió en una bandera.
La respuesta del narcotráfico fue enlodar el nombre del ministro vinculándolo a un cheque sospechoso relacionado con el mafioso Evaristo Porras del cártel del Amazonas. Lara Bonilla comprendió que la única manera de demostrar su inocencia sería mostrarle a la opinión pública su compromiso con la honestidad y los valores republicanos. Lo haría enfrentando no solamente a la mafia, sino denunciando ese pacto de silencio de décadas que empezaba a imperar en el país. La ruptura de esa omertá, que acompañarían otros valientes como don Guillermo Cano, Enrique Low Murtra o el mismo Luis Carlos Galán (entre otros más) sería el origen de un derramamiento de sangre sin precedentes y de una década donde el terrorismo y los crímenes signaron la vida política de la nación.
En los funerales realizados en su natal Neiva, Betancur Cuartas, el presidente que más había trabajado por la paz en su gobierno destacó al inmolado dirigente y señaló: «revocando la decisión anterior de no extraditar a los narcotraficantes, se procederá a entregar a todos los antisociales solicitados por otras naciones, entre ellas Estados Unidos». Ese anuncio se convertiría en el preludio de una guerra declarada por los carteles y que marcaría el triste final de sucesores de Lara y de las pocas voces que abiertamente denunciaron el concubinato entre política y carteles de la mafia.
Han transcurrido cuarenta años de ese lunes aciago y aunque Lara Bonilla, don Guillermo Cano, Enrique Parejo o Low Murtra rompieron la omertá, lo cierto es que no hemos derrotado esos códigos de honor indignos. El 30 de abril de 1984 no solo perdimos una promesa política nacional, sino que inauguramos una época del todo vale para llegar al poder. Doce años después del magnicidio Colombia estaba inmersa en el escándalo del Proceso 8000: la clase política se vio inmersa en un escándalo sin precedentes, Ernesto Samper nunca renunció y el país vio deteriorarse su democracia. Luego, transcurrió otra década y la parapolítica, el matrimonio entre grupos paramilitares y clanes políticos estalló y tampoco nada cambió; de hecho, el presidente Álvaro Uribe pidió que “votaran antes [de irse a la cárcel]”. Hoy, a cuatro décadas del magnicidio y en medio del primer gobierno de izquierda contemporáneo, esperaríamos que dichas prácticas cambiaran, pero la corrupción continúa como un mal endémico instalado en el cuerpo político.
Por lo menos, este cuadragésimo aniversario coincide con la decisión histórica del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de negar el registro de “Pablo Escobar” como una marca. El organismo dictaminó que el nombre de Escobar permanece asociado al tráfico de drogas, al crimen, y sobre todo al sufrimiento de seres humanos. Ojalá la decisión impacte en la triste imagen de múltiples calles europeas con camisetas del criminal como souvenir.
Definitivamente, en estos tiempos difíciles donde la política sigue asociada a corrupción, intereses individuales y espectáculos mediáticos, las democracias necesitan más hombres como Rodrigo Lara Bonilla.
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Conflicto de intereses: Luis Fernando Pacheco Gutiérrez ha sido funcionario público, consultor y asesor en temas relacionados con la construcción de paz y los Derechos Humanos, además de académico vinculado a diferentes centros de Educación Superior en Colombia y el extranjero. Actualmente NO recibe salario, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo. Fue Jefe de la Oficina de Paz y Derechos Humanos de Neiva durante la administración de Rodrigo Armando Lara Sánchez. También fue Líder de Investigación en el Departamento del Huila de la Comisión de la Verdad.