El crimen organizado como fenómeno ordenador de relaciones sociales y políticas

Este artículo es la segunda entrega de una serie sobre nuevas gobernanzas criminales. La primera la pueden encontrar aquí.

Las concepciones oficiales y más comunes sobre el crimen organizado lo entienden como un fenómeno que junta voluntades alrededor de propósitos meramente económicos y de acumulación de riqueza que permiten un rápido ascenso social de las personas que integran la organización. 

Algo de cierto tiene esta afirmación en la medida que, efectivamente, el crimen se organiza para acelerar ganancias económicas en tiempos cortos, vinculando sectores históricamente excluidos, lo que estimula el uso de la violencia _—entre otros— como el instrumento más efectivo en el logro de dichas pretensiones. Sin embargo, reducirlo a la organización de una suma de voluntades y de prácticas anómalas desconoce las causas que lo estructuran y los efectos sociales y políticos que produce.

Así, este desconocimiento se traduce en respuestas estrictamente militaristas que buscan eliminar dicho fenómeno por su condición desviada en un contexto normado moral y jurídicamente. 

La complejidad del fenómeno se traduce en que tiene su origen en las mismas estructuras sociales, económicas y políticas que organizan la exclusión de amplios sectores de la población de los países de América Latina. Es precisamente la desintegración y marginación de la mayoría del campesinado, poblaciones étnicas, jóvenes, mujeres y hombres de las dinámicas económicas y políticas de los estados, lo que produce las condiciones para que la criminalidad se pueda convertir una vía disponible para enfrentar la marginalización, como ya lo ha señalado la profesora Angélica Durán en su libro. “Criminales, policías y políticos” (2005).

Así, la suma de voluntades alrededor de propósitos meramente económicos encuentra su raigambre en las barreras que imponen las clases dominantes a los sectores populares, las cuales imposibilitan a los segundos construir condiciones materiales para la supervivencia y la reproducción de la vida. Esto no significa que este sea el único camino que emprenden los sectores populares, pues la amplia experiencia de movilización y organización en la región demuestra lo contrario.

Sin embargo, es por el que buena parte de la población, frustrada por las condiciones sociales, ha optado. Esta situación empeora sobre todo cuando las respuestas históricas de los estados a los sectores movilizados por transformaciones sociales ha sido la represión y la estigmatización, en donde, además, el crimen organizado ha intervenido vía contrainsurgencia. 

Sumado a esto, el crimen organizado no solo está constituido por sectores desintegrados y desviados de las dinámicas sociopolíticas de los estados, sino que ha construido lazos con estas, configurando así un entramado de alianzas legales e ilegales que vinculan autoridades políticas civiles, instituciones públicas, las fuerzas armadas y ejércitos privados e ilegales. 

Sobre esto, la Comisión de la Verdad ha puesto en evidencia cómo sectores del narcotráfico y el paramilitarismo han logrado intervenir en el sistema político colombiano para salvaguardar sus intereses. Asimismo, es evidente la forma en la que poderes políticos y económicos locales y regionales se han servido de estos poderes ilegales para ampliar los capitales que les convierten en élites. En consecuencia, como muestra Durán (2022), los estados se convierten en actores protagonistas por las relaciones que establecen con el crimen organizado por medio de la aplicación de leyes flexibles que permiten su operación o por la protección que ofrecen para beneficiarse de las rentas ilegales y de los actores involucrados. 

Por su parte, así como el crimen organizado puede causar caos por la exacerbación de la violencia, también tiene la capacidad de producir sistemas de gobernanza que regulan y controlan relaciones y transacciones políticas y económicas en territorios donde la presencia institucional de los estados es débil e ineficaz. Así, se convierten en un actor que suplanta al Estado desempeñando sus funciones, lo que se fundamenta no solo en el uso o amenaza del uso de la violencia, sino también en la legitimidad que adquieren de la población que buscan controlar por medio de la provisión de bienes y servicios la administración de justicia y el ejercicio del monopolio de la violencia por tiempos prolongados. Esto ya ha sido señalado en 2022, por ejemplo, por Juan Corredor y Reynel Badillo, fundadores de este medio junto al profesor Luis Fernando Trejos.

En consecuencia, el crimen organizado, por medio del entramado de vínculos que construye con distintos sectores del Estado, tiene la capacidad de incidir en el sistema político y además de controlar territorios y poblaciones, logrando de este modo ordenar relaciones sociales, políticas y económicas en función de un proyecto contrainsurgente y de acumulación de capital y poder. La siguiente entrega abordará este último aspecto.