Conclusiones a modo de cierre
Este artículo es la entrega final de cinco partes en torno a las causas, implicaciones y consecuencias de las gobernanzas criminales. En la primera entrega, a modo de introducción el autor nos invita a politizar las miradas sobre las gobernanzas criminales; en su segundo artículo, aborda la forma en que esta dinámica se implica con las relaciones sociales y políticas de las comunidades; en la tercera parte, pudimos explorar las lógicas capitalistas del crimen organizado, y en la cuarta entrega, nos adentramos en las denominadas subjetividades capitalistas del crimen organizado.
Luego de abordaje preliminar en torno a algunas de las dimensiones objetivas y subjetivas que se entrecruzan en el fenómeno del crimen organizado, algunas preguntas que pueden atravesar al lector y a quien les escribe -tal vez de manera desesperanzadora- podrían formularse de manera simple de la siguiente manera: y entonces, ¿Qué podemos hacer?
Si los problemas de seguridad se agudizan cada vez más en las ciudades, si lo que parece es que estos grupos organizados se fortalecen cada vez más, si los esfuerzos institucionales por llevar a cabo negociaciones que deriven en posibles acuerdos de desarme y sometimiento han visto, de manera paralela, el crecimiento de oleadas de violencias, ¿Cuál es la solución?
Si el crimen organizado se encuentra tan arraigado a nuestras sociedades que, sin ser un actor político, desempeña funciones políticas de control social; si se ha incrustado tanto en nuestras culturas de tal forma que ha reproducido esquemas interpretativos degradados sobre el capital, el trabajo y la violencia para legitimarse socialmente; y si, además, es un engranaje particular del modelo económico, ¿Cómo podemos confrontar un monstruo de tales dimensiones?
No obstante, considero que tal incertidumbre no nos debe llevar a la desesperanza, justamente porque esta desarticula nuestras inteligencias y nos lleva por la senda más común: la militarización. Por el contrario, la apuesta por politizar las miradas y las formas en las que entendemos el crimen organizado es una alternativa que implica comprender en perspectiva histórica y estructural sus causas, sus efectos y los factores que permiten que persista, se agudice y se arraigue en nuestras sociedades.
Algunas respuestas comunes a estas preguntas -y no por comunes son irrelevantes sino porque se han repetido en informes y trabajos académicos y se han demandado por los sectores populares de la región en distintas olas de movilización- tienen que ver con transformaciones que modifiquen las relaciones económicas y políticas que estructuran la desigualdad en nuestros países. Al respecto, por ejemplo, la CEPAL sostiene que a 2016, el 10% de las personas más ricas en América Latina concentran el 71% de la riqueza, y, según el CAF, el 50% más de la población más pobre recibe el 10% de los ingresos totales. En Colombia el 20% más rico obtiene el 54,8% de las ganancias totales del país.
Por ello, si una de las condiciones de posibilidad para la emergencia de organizaciones del crimen organizado está relacionada con los altos niveles de pobreza y marginación a los que se han sometido a la mayoría de los sectores populares de la región, una de las medidas que debemos adoptar para empezar a mitigar en el mediano y largo plazo una de las causas que lo originan, tiene que ver con la implementación políticas que promuevan la redistribución de la riqueza. Esto requiere, entonces, de la voluntad de quienes históricamente la han concentrado.
Por otro lado, un punto importante tiene que ver con la negociación. Los sectores más tradicionales y defensores del estado de cosas han mantenido que con criminales y narcotraficantes no se negocia. Por el contrario, sostienen, que el deber del Estado es combatirlos.
Sin duda, la confrontación del crimen es una necesidad. Sin embargo, en los niveles en los que el fenómeno ha escalado y teniendo en cuenta las relaciones que ha logrado tejer con el Estado a través de instituciones, funcionarios públicos, autoridades políticas y militares, es necesario discutir sobre el modelo de Estado que se ha configurado en Colombia y cómo este ha tenido una relación orgánica con el narcotráfico por medio del paramilitarismo, por ejemplo.
Es decir, las negociaciones no solo deben girar en torno a el desmantelamiento de las organizaciones del crimen organizado, sino también, al desmantelamiento de las redes que lo auspician, protegen o actúan en connivencia por acción u omisión y que están articuladas al Estado y a grandes sectores económicos del país.
La Comisión de la Verdad y el investigador del CINEP Víctor Barrera, ponen en evidencia que uno de los factores han permitido la rearticulación de organizaciones sucesoras del paramilitarismo ligadas al narcotráfico y la persistencia de la violencia asociada a estas, tiene que ver con la imposibilidad de desmantelar los entramados sociales y políticos que configuraron dicho fenómeno. Si bien con Justicia y Paz se desmovilizó una parte de la expresión armada de las Autodefensas Unidas de Colombia, las redes sociales y políticas que se articularon en torno con estas por medio de sus intereses de contrainsurgencia y de acumulación de riqueza y poder, siguen intactas siguen vigentes.
De este modo, lo que se pone en cuestión es el modelo de Estado que se ha construido en el país y la manera en la que este ha estado ligado a las dinámicas del narcotráfico y el paramilitarismo desde los años 80. Es por ello por lo que, para superar la violencia asociada a estas actividades criminales, es necesario develar y desmantelar las redes sociales y políticas que se han tejido desde la institucionalidad y sus funcionarios con las actividades económicas ilegales.
Ligado a lo anterior, uno de los retos importantes que deben ser analizados tiene que ver con los vacíos o competencias de poder que se generan en los territorios controlados por grupos armados luego de negociaciones y/o acuerdos. El caso particular del Acuerdo con las FARC-EP de 2016 puso en evidencia que los sistemas de orden que construyeron en los territorios que controló se desarticularon luego de su reincorporación, por lo que otros actores -insurgentes, disidentes y sucesores del paramilitarismo- entraron en competencia por el control de estos, lo que generó un incremento de la violencia.
Esto evidencia la necesidad de reemplazar los tipos de gobernanza armada que se establecieron en dichos espacios, por formas de gobernanza institucionalizada en las que participen instituciones públicas del orden nacional, autoridades locales y los distintos sectores de la población organizada y no organizada.
Ante esta aproximación a nuestro panorama, es importante seguir cualificando y politizando las perspectivas desde las cuales pensamos los fenómenos políticos del presente que nos interpelan como sociedades. ¿Son la militarización y la confrontación bélica las únicas soluciones a los fenómenos de violencia que tienen un arraigo en las estructuras mismas que organizan nuestros Estados? O, ¿Cuáles son esas medidas complejas que deberían orientar las salidas hacia la superación de nuestras violencias? La respuesta a la segunda es un poco más difícil y requiere de la articulación de nuestras capacidades e inteligencias, pero sin lugar a dudas, darle la espalda u optar por el discurso de la militarización no serán la real solución.
***
Sobre la ilustración: Imagen generada por IA Bing Copilot Designer.