La protección de la maternidad en un país profundamente contradictorio como el nuestro se convierte en un arma conveniente para algunos sectores. Un ejemplo de esto es el revuelo que generó la decisión de la concejala Lourdes Mateus de no tomar su licencia de maternidad para conservar sus derechos políticos.
Lo que se expone en este escenario no es sólo una respuesta a una situación particular, sino una profunda problemática relacionada con la forma en que se garantiza la licencia de maternidad en Colombia, la desigualdad entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, y el peso de los estereotipos de género en nuestra sociedad, que amplían las brechas de participación política y social. Según el estudio del 2024 titulado «How Motherhood Hurts Carees«, publicado originalmente en The Economist, que analizó el impacto de la maternidad en las decisiones laborales de las mujeres en 134 países, las cifras son significativas: tras el nacimiento de su primer hijo, el 24% de las mujeres abandonan la fuerza laboral durante el primer año y el 15% aún no han regresado después de diez años. Para América Latina, estas cifras son alarmantes: el 38% dejan de trabajar en el primer año y el 37% permanecen fuera de la fuerza laboral durante más de una década.
Ante este panorama, la licencia de maternidad se presenta como un derecho que busca garantizar, a través del sistema de salud, que la madre trabajadora pueda prepararse para el parto, recuperarse después de este y cuidar de su bebé durante los primeros meses para luego retornar a su empleo.
En Colombia, la licencia de maternidad dura 18 semanas, que se amplía a 20 en el caso de embarazos múltiples (Ley 2114 de 2021). Puede iniciarse desde una a dos semanas antes de la fecha probable del parto, completándose en el postparto. Además, aplica tanto para las madres vinculadas a una empresa o trabajo “formal”, como para las trabajadoras independientes que coticen en el sistema de salud y para las madres adoptantes.
Es importante señalar que la Entidad Prestadora de Salud (EPS) a la que esté afiliada la trabajadora es la encargada de reconocer esta prestación y el proceso varía según el tipo de contratación. Para las empleadas dependientes, la institución o persona empleadora realiza el pago a la madre y luego genera el cobro o solicitud de reembolso ante la EPS. En el caso de las trabajadoras independientes, ellas mismas deben hacer la gestión ante su EPS. En cuanto a la remuneración, la madre debe recibir el 100% del salario que devenga antes del parto y para quienes trabajan por tarea, se promedia se el salario del último año de servicio.
Sin embargo, tal como lo ha declarado la concejala Lourdes Mateus, en el caso de las trabajadoras independientes, el pago de la licencia se reconoce sólo sobre el 40% de sus honorarios y la EPS se demora hasta 7 u 8 meses en generar el desembolso. Esto incluye contratos por prestación de servicios, que en nuestro país a menudo se realizan de manera irregular, como en el caso del sector salud, donde este método de contratación ha contribuido a la precarización del empleo. Y la situación se vuelve aún más incierta para aquellas mujeres en condiciones de precariedad laboral o en trabajos informales, quienes a menudo no pueden tomarse más allá de los pocos días de posparto inmediato, pues deben seguir trabajando para ganarse la vida.
Estas “pausas” en la vida de las mujeres se convierten, para algunas, en un retraso en sus metas profesionales o, incluso, en una renuncia, como ocurre con las mujeres en la política, cuya decisión de tomar o no la licencia de maternidad tiene otras implicaciones.
Tomemos como ejemplo el caso de Neiva donde, de las 19 curules electas, solo una es mujer. Esta concelaja no solo representa una agenda política variada en torno al derecho a la salud y a las problemáticas que afectan a las mujeres y diversidades sexuales en el municipio, también ejerce un control político significativo sobre diferentes instancias. En este contexto, para que la concejala Lourdes Mateus y las demás mujeres en cargos de elección popular en Colombia puedan tomar su licencia de maternidad, durante esos 18 meses tendrían que renunciar a sus curules, disolver sus equipos de trabajo y pausar sus iniciativas legislativas.
No es una decisión sencilla, ya que se contraponen el reto físico del posparto y el entusiasmo de iniciar esta etapa como madres, con su derecho a la participación política y a conservar los espacios que han sido arduamente conquistados a lo largo de los años. Espacios que no cuentan con las condiciones mínimas para aspectos básicos de la maternidad, como amamantar, y donde se les acusa frecuentemente de ser malas madres, por no querer perder esa voz, que no es solo de ellas, sino de todas las personas que les votaron.
Así, se ratifica una vez más que las decisiones de las mujeres son siempre susceptibles de ser utilizadas como excusas para señalarlas y juzgarlas, especialmente para quienes sin reparo ejercen violencia política, aprovechando para recordarles que su rol, históricamente impuesto, se limita al hogar. Este fenómeno se repite en diferentes estancias, como concejos, asambleas departamentales y el Congreso de la República. Así lo han expuesto mujeres de diferentes corrientes políticas a lo largo de los debates del proyecto de ley que fue aprobado recientemente por el Congreso y que espera la sanción presidencial (Ampliar exposición de la concejala Mateus compilando algunas de esas experiencias en su red de Instagram aquí).
Con esta ley se permitirá que las mujeres en cargos de elección popular continúen desempeñando sus funciones de manera virtual durante su licencia de maternidad. Porque si algo aprendimos tras la pandemia es que, en circunstancias particulares, la participación virtual es viable, tal como lo han hecho antes concejales que, durante sus incapacidades, han podido participar con voz y voto. Por lo tanto, resulta incomprensible como se sostenía esta suerte de “castigo” a las mujeres en política por el simple hecho de decidir ser mamás.
La protección a la maternidad no puede ser oportunista, sino que debe ser constante, sobre todo por la complejidad del proceso y la importancia de maternar en comunidad. Porque, cuando hablamos de defender el derecho a decidir, también nos referimos a proteger el derecho a maternar de forma corresponsable y a vivir la maternidad de la manera que cada una elija.
La defensa de la maternidad deseada es un compromiso que va más allá del simple acto de aceptar una decisión que, vale la pena recordar, no requiere de la aprobación de nadie. Implica garantizar el acceso a servicios de salud prenatales, de parto y postparto, que sean seguros y libres de violencia gineco-obstétrica; así como proporcionar apoyo a las madres durante todo su proceso. Implica asegurar su inclusión plena en la sociedad, garantizando la licencia de maternidad y pausas para lactancia, de manera que las mujeres puedan seguir siendo protagonistas de sus vidas sin tener que renunciar a ninguno de sus derechos.
En una sociedad que realmente proteja la maternidad, es una cuestión de justicia social que ninguna mujer se vea forzada a elegir entre su proyecto profesional y su derecho a ser madre.
Nota final: El 2 de octubre, la concejala Lourdes Mateus fue elegida como primera vicepresidenta de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Neiva, felicitaciones a ella y a su equipo por este valioso logro y muchos éxitos en su gestión.
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