En Colombia la justicia camina despacio, a veces cojea, en otras ocasiones tropieza, pero cuando decide avanzar —sin importar a quién se lleve por delante— lo hace con la dignidad que le corresponde. El lunes 28 de julio, mientras la jueza Sandra Liliana Heredia leía el sentido del fallo en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, desde Washington llovieron varios trinos venenosos. Senadores estadounidenses como Mario Díaz-Balart, junto al secretario de Estado de la administración Trump, Marco Rubio —uno de los funcionarios más importantes de ese gobierno—, se pronunciaron públicamente sobre el caso. Publicaron mensajes que no solo pusieron en duda la independencia de la justicia colombiana, sino que también dejaron en evidencia su desconocimiento, su arrogancia y su descarado intento de interferir en un proceso judicial completamente legítimo.
Su intento por politizar este juicio, como si la justicia colombiana estuviera juzgando a Uribe por sus ideas o por ser quien es, y no por sus acciones, representa un intento burdo de desconocer la legitimidad del proceso. Al exmandatario se le investiga por su posible participación en soborno a testigos y fraude procesal. Como debe ser en un Estado de derecho, cualquier persona—sin importar su apellido, partido o poder— debe responder ante la ley si existen pruebas suficientes para llevarla al banquillo de los acusados. Así funciona la justicia: se juzga a las personas por sus actos, no por su pensamiento político.
Los mensajes desafortunados de varios personajes en Estados Unidos me resultan profundamente indignantes. Mientras la jueza —ya presionada por sectores uribistas y medios de comunicación nacionales— intentaba leer uno de los fallos más importantes en la historia reciente del país, figuras del poder estadounidense decidieron echarle gasolina al fuego. Y no es cualquier fuego: estamos hablando de un proceso que ha dividido a Colombia durante años, que ha sido utilizado como arma política tanto por sectores de derecha como de izquierda, y que, precisamente por eso, debe resolverse con estricto apego a la ley, sin interferencias externas ni manipulaciones políticas.
El tweet del secretario de Estado, Marco Rubio, fue publicado en su cuenta de X —antes Twitter— y decía lo siguiente:
X: @Sec Rubio. Original aquí.
Rubio, así, sin matices, desconociendo por completo el fondo del proceso, se atrevió a llamar “radical” a una jueza que ha actuado con más cautela y rigor que muchos otros en la historia reciente del país. Esa frase, “la instrumentalización de la rama judicial (…) por parte de jueces radicales” no solo es una ofensa directa a la jueza Sandra Liliana Heredia —quien se ha mantenido firme a pesar de las amenazas y presiones—, sino que constituye una injerencia explícita en un poder independiente de un Estado soberano. Además, viola de forma descarada principios fundamentales del derecho internacional que prohíben la intromisión de un Estado en los asuntos internos de otro.
Por ejemplo, el Principio de No Intervención, consagrado en el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el caso Nicaragua vs. Estados Unidos (1986), establece que ningún Estado puede intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos o externos de otro. A esto se suman la Declaración sobre la Inadmisibilidad de la Intervención de 1965 y la Declaración sobre Relaciones Amistosas y Cooperación entre los Estados de 1970, que reafirman con claridad que ningún país tiene derecho a influir, condicionar o entrometerse en las decisiones soberanas de otro. Lo que hizo Rubio fue exactamente eso: pisotear esos acuerdos y dejar en evidencia que, para ciertos sectores del poder estadounidense, Colombia sigue siendo un patio trasero.
Pero Rubio no fue el único. El congresista Mario Díaz-Balart, senador por la Florida y miembro del Partido Republicano, publicó una declaración aún más grave. En su cuenta de X, afirmó que el juicio contra Uribe es parte de “una cacería de brujas impulsada por la extrema izquierda bajo el control de [Gustavo Petro]”. Esa afirmación —tan irresponsable como ofensiva— mezcla mentiras, propaganda y una narrativa diseñada para confundir.
Primero, porque el presidente Gustavo Petro no tiene absolutamente ninguna injerencia en este juicio. Segundo, porque el proceso judicial contra Uribe inició muchísimo antes cuando el jefe de Estado era Iván Duque. Y tercero, porque quien lidera la audiencia es una jueza independiente, que hace parte de un poder judicial autónomo, sin subordinación al poder ejecutivo. Entonces, ¿dónde está la supuesta “extrema izquierda” que controla este proceso?
Además, es importante recordar que Díaz-Balart fue mencionado en la reciente investigación del diario El País sobre un presunto intento de golpe de Estado en Colombia. En dicha investigación, se filtraron grabaciones en las que el excanciller Álvaro Leyva lo señala como parte de una red internacional que buscaba desestabilizar al gobierno de Petro. Según El País, en una de las grabaciones Leyva afirma lo siguiente: “Estuve en Estados Unidos y con un tipo de primera fila: Mario Díaz-Balart. Los Díaz-Balart son los que están detrás del secretario de Estado”.
Pero no se trata solo de insinuaciones o relatos aislados: los datos también son contundentes. Según World Justice Project (2024), Colombia ocupa el puesto 88 entre 142 países en el índice de Estado de derecho. Es decir, nuestro país, pese a sus múltiples desafíos, supera a varias naciones en indicadores de justicia. El sistema, claro está, no es perfecto, pero tampoco estamos tan mal como quieren hacernos ver ciertos políticos estadounidenses que apoyan a Álvaro Uribe sin conocer —o sin querer conocer— los hechos del caso.
Y no es la primera vez que ocurre. Ya en 2020, durante el proceso judicial contra el expresidente, varios senadores republicanos enviaron cartas al entonces presidente Iván Duque solicitando “garantías” para Uribe. En otras palabras: exigían que la justicia colombiana no lo tocara. Y aquí, mientras escribo estas líneas, me nacen al menos dos preguntas: ¿a qué se debe ese fanatismo? ¿Qué gana Estados Unidos defendiendo con tanto ahínco a un político cuestionado?
La respuesta puede encontrarse un poco más atrás en la historia. Álvaro Uribe fue uno de los principales aliados de Washington en América Latina durante los gobiernos de George W. Bush. Su política de “seguridad democrática”, que incluyó violaciones sistemáticas de derechos humanos, desapariciones forzadas y los tristemente célebres falsos positivos, fue aplaudida por el Departamento de Estado. No por nada, Colombia ha sido, después de Israel y Egipto, el país que más fondos militares ha recibido por parte de Estados Unidos
Lo más grave de todo esto es el precedente que se está sembrando. Si hoy un senador estadounidense puede opinar sobre una jueza colombiana con total libertad, ¿mañana qué será? ¿Pedirán la renuncia de jueces? ¿Solicitarán la nulidad de sentencias? ¿Exigirán que se archive todo lo que no les convenga? ¿Propondrán el cierre de las altas cortes? No podemos permitir que eso suceda. Los principios de soberanía judicial, independencia de poderes y respeto mutuo entre países deben mantenerse firmes. No solo por Uribe, sino por cualquier otra persona que mañana deba sentarse en el banquillo de los acusados.
La jueza Heredia, con voz firme, pronunció una frase que retumbó en todo el país y que, en lo personal, me pareció muy importante: “La justicia no se arrodilla ante el poder”. Esa frase debería estar inscrita en los muros de todos los juzgados, pero también en los discursos de quienes hoy dudan del proceso. Aquí no se está juzgando a un expresidente por pensar distinto ni por ser de derecha. Se le juzga por hechos, por testimonios, por pruebas. Como a cualquier otra ciudadana o ciudadano que es acusado de un delito.
Por eso me molesta —y mucho— que desde Washington pretendan dar cátedra sobre democracia cuando, en su propia casa, se persigue a jueces que investigan a Trump, se aprueban leyes para restringir el voto de las minorías y se politiza el poder judicial hasta el extremo.
Es hora de dejar que las juezas y jueces hagan su trabajo.
Sobre el autor…
Estudiante de Ciencia Política en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Se desempeña como investigador junior en temas de gobernabilidad, conflicto armado y calidad de la democracia. Ha sido analista de coyuntura nacional en medios de comunicación alternativos. Es columnista de opinión en revistas como Vía Pública y Al Poniente, y es colaborador editorial en espacios como El Espectador, EsDePolitólogos, la Revista Arista Jurídica, la Revista de Estudiantes de Ciencia Política de la Universidad de Antioquia y la Registraduría Nacional.