Por: Luis Alfredo Ortiz Tovar.
En Colombia, hablar de paz es, inevitablemente, hablar de derechos humanos. Son dos conceptos que se sostienen mutuamente, como columnas que cargan el mismo techo: si una se quiebra, la otra pierde su fuerza. Sin respeto a la dignidad humana, la paz se reduce a un silencio impuesto que puede romperse en cualquier momento; sin paz, los derechos se convierten en letra muerta, en promesas incumplidas que no logran materializarse en la vida de la gente.
Durante décadas, nuestro país ha transitado por un camino lleno de acuerdos y rupturas, de promesas y frustraciones. Se han firmado tratados de paz con distintos actores armados, se han proclamado nuevos comienzos y se han anunciado reformas profundas, pero los titulares optimistas suelen convivir con noticias dolorosas: asesinatos de líderes sociales, desplazamientos forzados, violencia contra comunidades indígenas y campesinas, desigualdad persistente. La experiencia nos demuestra que la paz no se decreta; se construye. Y esa construcción no se hace solo en las cúpulas de poder ni en mesas de negociación, sino en el territorio, en la vida diaria de las comunidades, en la certeza de que cada persona tiene derechos que deben ser respetados y protegidos.
Los derechos humanos no son un regalo del Estado ni un ornamento constitucional para exhibir en foros internacionales. Son el núcleo mismo del contrato social que nos une como nación. El derecho a la vida, a la libertad, a la educación, a la salud y a la participación ciudadana no son aspiraciones lejanas: son compromisos inmediatos y exigibles. Cada vez que un niño deja de asistir a clases por temor a un enfrentamiento, cada vez que un líder social es amenazado o asesinado por denunciar injusticias, cada vez que una comunidad debe abandonar sus tierras por la violencia, se vulnera no solo un derecho individual, sino la base misma de nuestra democracia.
La verdadera paz no se mide únicamente por la ausencia de armas. Una paz real y duradera se sostiene en la justicia social, en la igualdad de oportunidades, en un Estado presente en cada rincón del territorio y en una ciudadanía consciente de que la reconciliación no empieza en documentos oficiales, sino en gestos cotidianos: en la forma en que tratamos al otro, en la capacidad de escuchar antes de juzgar, en el compromiso de resolver conflictos sin violencia. Y sobre todo, en la convicción profunda de que los derechos humanos son irrenunciables.
El reto que enfrenta Colombia es doble. Por un lado, garantizar que las instituciones actúen con transparencia, eficacia y cercanía con la ciudadanía. Por otro, lograr que cada colombiano se reconozca como sujeto de derechos y, al mismo tiempo, como garante de los derechos de los demás. Esto significa que la paz no puede ser un proyecto vertical que baja desde los escritorios oficiales, sino un proceso horizontal que se alimenta desde la base: desde la familia, la escuela, el barrio, el campo. Es allí donde se siembran —o se frustran— las semillas de la paz.
A lo largo de la historia, hemos visto que los procesos de paz que han logrado dejar huella son aquellos que han incorporado de manera explícita la garantía de los derechos humanos como eje central. El Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las FARC, por ejemplo, incluyó compromisos en materia de participación política, reforma rural integral, sustitución de cultivos ilícitos y reparación a las víctimas. Sin embargo, la implementación desigual de estas medidas ha mostrado que sin voluntad política constante, sin recursos suficientes y sin pedagogía ciudadana, los avances se vuelven frágiles y reversibles.
En las zonas rurales, donde la presencia del Estado es más débil, la brecha entre el discurso y la realidad es evidente. Allí, las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas siguen enfrentando amenazas, desplazamientos y carencias estructurales. El acceso a la justicia es limitado, las oportunidades económicas son escasas y los servicios básicos son deficientes. En ese contexto, hablar de paz sin hablar de derechos humanos es un ejercicio incompleto. La paz se vuelve un concepto vacío si no se traduce en mejoras tangibles en la vida de quienes históricamente han cargado el peso del conflicto.
No obstante, el compromiso con los derechos humanos no es una tarea exclusiva del Estado. La sociedad civil, las organizaciones comunitarias, las universidades, los medios de comunicación y cada ciudadano tienen un papel esencial. Defender los derechos humanos es también denunciar las injusticias, promover la educación en valores, acompañar a las víctimas, exigir rendición de cuentas y rechazar cualquier forma de discriminación o violencia.
La cultura de respeto a los derechos humanos debe ser transversal a todas las políticas públicas y a todas las relaciones sociales. No basta con que existan leyes y tratados; es necesario que esas normas se vivan en el día a día. El policía que trata con dignidad al ciudadano, el maestro que enseña a sus alumnos el valor de la tolerancia, el periodista que informa con responsabilidad, el empresario que garantiza condiciones laborales justas: todos ellos contribuyen, de manera silenciosa pero poderosa, a la construcción de una paz sostenible.
Colombia tiene hoy una oportunidad histórica para transformar su legado de violencia en una herencia de dignidad y respeto. Este es un momento clave para fortalecer las instituciones, promover la transparencia, combatir la corrupción y asegurar que las decisiones públicas respondan al interés general y no a intereses particulares. La paz y los derechos humanos no son una utopía: son un compromiso que requiere constancia, coherencia y la participación de toda la sociedad.
A modo de conclusión, la paz sin derechos humanos es un espejismo que tarde o temprano se desvanece. Una sociedad que aspire a la reconciliación debe entender que la dignidad humana es el cimiento de toda convivencia estable. No basta con silenciar las armas si persisten la desigualdad, la exclusión y la violencia contra los más vulnerables. Garantizar los derechos humanos es asegurar que la paz sea más que una promesa: es convertirla en una experiencia diaria para cada colombiano.
Cuando la vida sea inviolable en todos los rincones del país, cuando la justicia actúe con imparcialidad, cuando la educación y la salud dejen de ser privilegios y se conviertan en derechos reales para todos, la paz no dependerá de acuerdos frágiles, sino de un pacto vivo y colectivo cimentado en la dignidad humana. Defender cada derecho es proteger la paz; y en esa tarea, todos —Estado y ciudadanía— tenemos la misma responsabilidad. Solo así podremos entregar a las próximas generaciones un país donde la paz no sea un sueño aplazado, sino una realidad cotidiana escrita en el corazón y en la ley.
Sobre el autor…
Abogado. Especialista en derecho procesal y docencia universitaria. Magíster en Derechos Humanos. Profesor universitario por más de 20 años en instituciones educativas de la región. Fue rector de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Neiva y de la Fundación Escuela Tecnológica de Neiva FET. Exsecretario de Educación del departamento del Huila. Fue columnista de La Nación por más de 8 años. Actualmente, es profesor universitario.