La primera parte de esta columna la puedes leer aquí.
***
Con el surgimiento de una nueva era republicana durante el siglo XIX, profundas transformaciones se consolidaron en el panorama político y social de gran parte del mundo. Esto, por supuesto, produjo un cambio significativo en la manera en que, como sociedad, empezamos a entender la trascendencia de la participación ciudadana. Ya no éramos un pueblo que obedecía sin cuestionar: ahora éramos parte fundamental de la construcción de nación y de la toma de decisiones.
O, al menos, así era si se cumplía con ser un hombre blanco, alfabetizado y con alto poder adquisitivo. Para las mujeres, en cambio, esto significaba que —a diferencia de los hombres—, lejos de ser reconocidas como agentes legítimas de lo público, debíamos insistir con mayor vehemencia en nuestro derecho a ocupar un lugar y obtener el pleno reconocimiento de nuestra ciudadanía.
Esta desigualdad estructural, incompatible con los ideales de libertad y justicia proclamados en las nacientes repúblicas, se convirtió en el caldo de cultivo perfecto para un malestar colectivo que impulsó a muchas mujeres a organizarse en busca de la emancipación frente al orden patriarcal y a asumir, además, un rol protagónico en la transformación de la realidad política y civil. En este contexto, leyes y constituciones fueron escritas y aprobadas por y para hombres poderosos, quienes desconocieron la incidencia de amplios sectores sociales —incluidas las mujeres— en la construcción de una verdadera democracia. No obstante, gracias a la irreverencia de quienes se resistieron a la exclusión y la invisibilización sistemática, eso cambiaría de manera progresiva a lo largo del siglo XX.
El legado de las mujeres sufragistas en Europa, que encabezaron campañas de protesta para exigir su derecho al sufragio mientras enfrentaba represión policial, encarcelamiento, e incluso murieron por dicha causa —como en el caso de Emily Davison en 1913—, otorgó las bases para un movimiento que se extendería poco a poco tanto por el continente americano como por otras regiones del mundo. Sin embargo, es clave destacar que el movimiento sufragista no fue el único en disputar el derecho al voto.
Desde la interseccionalidad, resulta fundamental reconocer la resistencia de las mujeres afroamericanas —como Sojourner Truth o Ida B. Wells—, quienes articularon la exigencia de abolir la esclavitud con el rechazo al racismo dentro del propio movimiento sufragista. También la de las mujeres anticolonialistas —como Huda Sha’arawi en Egipto o Funmilayo Ransome-Kuti en Nigeria—, que vincularon la lucha por los derechos de las mujeres con las causas de liberación nacional. Asimismo, la de las mujeres indígenas, que demandaron el reconocimiento de su identidad cultural y de sus propios mecanismos de participación política; al igual que el de las mujeres obreras y trabajadoras, que integraron la exigencia de derechos políticos en sus reivindicaciones laborales y de justicia social.
En América Latina, aunque el proceso fue relativamente prolongado, obtuvimos conquistas históricas de gran relevancia. Lo que inició en Ecuador —primer país latinoamericano en legalizar el sufragio femenino en su Constitución de 1929, con el precedente de Matilde Hidalgo— hasta lo ocurrido en Paraguay, último en la región con la promulgación de la Ley 704 “Derechos Políticos de la Mujer” en 1961, dan cuenta de estos triunfos.
Cada avance marcó un hito en el acceso a nuestros derechos y, así como luchamos por decidir en las urnas, también exigimos nuestra legitimidad en universidades, sindicatos, partidos políticos y espacios de deliberación. En Colombia, mujeres como Betsabé Espinal y María Cano sentaron precedentes clave en el reconocimiento de los derechos laborales y en la denuncia de las condiciones de precariedad y abuso hacia las mujeres trabajadoras.
En materia de acceso a derechos, las mujeres colombianas fuimos avanzando de manera gradual, pero con mucha insistencia. Un momento significativo se remonta al IV Congreso Internacional Femenino de 1930 en Bogotá, donde la voz insurgente de Ofelia Uribe de Acosta fue clave con su ponencia sobre la independencia económica y el manejo de bienes propios por parte de las mujeres casadas.
Esta intervención puso en la agenda pública cuestionamientos frente a la figura de la potestad marital —consagrada en el Código Civil de 1873—, que otorgaba al esposo un conjunto de derechos sobre la mujer y sus bienes, y que había terminado por eclipsar el protagonismo revolucionario de las mujeres durante los procesos independentistas, relegándolas a la institución marital y a las tareas domésticas como si fueran su destino natural. Afortunadamente, esta discusión supuso un avance fundamental en materia legislativa, ya que dos años después de aquella ponencia, con la Ley 28 de 1932, se reconoció la autonomía económica de las mujeres casadas y la libre administración de los bienes propios por cada una de las partes de la sociedad conyugal.
Al mismo tiempo, a raíz de las discusiones originadas en el IV Congreso Internacional Femenino, se abrió el debate sobre el acceso de las mujeres a la educación superior como un aspecto fundamental de su desarrollo personal y su libertad individual. Frente a esta disputa se interpusieron muchas barreras, pero la más fuerte fue quizá la de carácter sociocultural: aquella que sostenía la creencia de que las mujeres no podían compartir los mismos espacios académicos que los hombres porque serían vistas como meros objetos de deseo y, por tanto, una distracción. O incluso la que promovía que las mujeres debían limitarse a formarse en labores de cuidado y crianza, es decir, dentro de disciplinas consideradas “feminizadas”.
Lo cierto es que, pese a estas posturas patriarcales, arraigadas en el fervoroso conservadurismo de la época, con el Decreto 1972 de 1933 se logró la modificación de aspectos clave de la enseñanza secundaria y normalista entre hombres y mujeres, y se otorgó a las mujeres el acceso libre a la educación universitaria.
Con la suma de estos logros, las mujeres colombianas comprendimos la importancia de nuestra voz y de nuestra incidencia en los espacios de toma de decisiones. Por ello, sobre un camino cimentado con esfuerzo y, sobre todo, con trabajo colectivo, cientos de mujeres —con distintas filiaciones políticas— se organizaron en 1944 bajo el nombre de Unión Femenina de Colombia (UFC) con el propósito de impulsar una ardua campaña por el sufragio femenino y por la participación de las mujeres en la vida pública. Y aunque ese mismo año se expidió una reforma constitucional que reconocía a las mujeres como ciudadanas y les otorgaba la posibilidad de ejercer cargos públicos, no sería hasta años después, en plena dictadura militar, que comenzaría la verdadera disputa por nuestro derecho al voto.
Así, en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente (ANAC), y gracias al activismo de las mujeres de la UFC junto con la firma de miles de colombianas que exigían el reconocimiento de sus derechos civiles y políticos, fueron nombradas Esmeralda Arboleda, Josefina Valencia, María Currea y Teresa Santamaría para integrar la Asamblea y deliberar en favor del derecho al sufragio femenino en el Congreso de la República.
El debate en la ANAC estuvo marcado por la resistencia de los hombres que sostenían que las mujeres no estaban preparadas para incidir en el panorama político del país. Incluso Guillermo León Valencia —hermano de la propia Josefina Valencia— apeló al supuesto malestar que generaría para la familia tradicional que las mujeres se dedicaran a la vida política en lugar de a las labores del hogar, llegando a proponer un voto restringido bajo la idea de que la naturaleza hostil y conflictiva de las contiendas electorales era absolutamente incompatible con la supuesta fragilidad y delicadeza de las mujeres.
Tanto Esmeralda como Josefina, ambas constituyentes principales, defendieron con firmeza el derecho al sufragio libre y sin restricciones para todas las colombianas, pese a las trabas y a los discursos que intentaban deslegitimar esta lucha al reducirla a un supuesto entramado político vinculado a las intenciones de reelección de Gustavo Rojas Pinilla. Sus argumentos, a diferencia de los de sus opositores, se apoyaban en acuerdos internacionales que reclamaban la igualdad de género en todo el mundo.
Para ambas, la idea estereotipada de la feminidad asignada a las mujeres debía dejar de ser una limitante para nuestra participación en los asuntos de la vida pública, que inevitablemente repercutían también en las esferas privadas. Así, tras largas jornadas de deliberación, el Acto Legislativo No. 3 del 25 de agosto de 1954 reconoció finalmente el derecho al voto de las mujeres en Colombia. Desde entonces somos libres de elegir y ser elegidas; con todo y que aún hacían falta verdaderas garantías democráticas de participación.
Poco más de tres años después, el 1 de diciembre de 1957, las colombianas ejercimos por primera vez nuestro derecho al voto en el Plebiscito del Frente Nacional con una histórica participación de 1.835.255 mujeres, equivalente al 41,73% del electorado total. Posteriormente, Josefina Valencia y Esmeralda Arboleda se convirtieron en las primeras mujeres en ocupar cargos ministeriales y de representación a nivel nacional. Si bien este hecho marcó un precedente en nuestra participación política, apenas representaba el inicio de una larga lucha por el reconocimiento de nuestros derechos, una lucha que se diversificaría y resignificaría a partir de distintas experiencias —como las de mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes y sexualmente diversas— a lo largo de las siguientes décadas en Colombia.
Ocupar nuestro lugar en la esfera pública ha significado mucho más que romper con el molde de subordinación impuesto por el patriarcado: implica cuestionar las formas en que este poder —tan empecinado en relegarnos a las sombras— opera desde lo público e incide en aspectos fundamentales de lo privado.
Lo personal nos ha movilizado hacia lo colectivo, permitiéndonos redefinir lo que se creía establecido y proponer desde otras realidades. Y aunque nuestra visibilidad incomode, aunque nuestros derechos no representen un interés para muchos hombres y compañeros, y aunque la instrumentalización de nuestras luchas resulte funcional a los intereses de quienes pretenden excluirnos, nosotras seguiremos insistiendo —desde la resistencia y la colectividad— en transformaciones que dignifiquen nuestra existencia y nos acerquen cada vez más a una verdadera democracia. Ningún derecho nos ha sido regalado, nuestra histórica irreverencia es la que nos sigue otorgando libertad.