Lo político también es con nosotras: la irreverencia de resignificar el poder

“Si la mujer puede subir al patíbulo, también debe tener el derecho de subir a la Tribuna”. Con esta reveladora frase, Marie Gouze —mejor conocida como Olympe de Gouges— sentó, en su obra la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de 1791, uno de los manifiestos más destacados por la igualdad civil y política entre mujeres y hombres durante la Revolución Francesa. Esta dura contrarrespuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano —uno de los textos más emblemáticos de la Edad Contemporánea— cuestionaba tajantemente su idoneidad frente a los nuevos ideales de libertad y democracia que se asentaban en Occidente. Y es que, paradójicamente, con este nuevo contrato social —lejos de hacernos libres— a las mujeres se nos excluyó de ser vistas como iguales al interior del pacto fundacional.

En Europa, a comienzos del siglo XIX, mientras los hombres consolidaban sus derechos civiles y políticos a través de constituciones y nuevas repúblicas, nosotras quedábamos al margen del principio de igualdad: excluidas de la vida pública y relegadas a la esfera privada, ocupando el rol de madres, esposas y cuidadoras. Esta exclusión —justificada bajo diferencias sexuales asumidas como “naturales” dentro del sistema sexo-género— reforzaba un mensaje problemático bajo la promesa de libertad: alzar la voz, tener poder de decisión y ocupar espacios públicos era un privilegio reservado exclusivamente para los hombres. En pocas palabras, las mujeres no debíamos “importunar” en lo público con nuestros asuntos y estábamos obligadas a vivir como marginadas de la sociedad.

Mientras tanto, en el sur global —como bien lo han documentado historiadoras feministas y procesos de recuperación de la memoria histórica—, las mujeres enfrentábamos la opresión del patriarcado en contextos de colonialismo, esclavitud y despojo cultural. Mientras nuestras tierras eran saqueadas por imperios europeos y nuestros pueblos resistían el borrado de nuestra identidad colectiva, nuestros cuerpos —como territorios en disputa— fueron forzados a alimentar las lógicas de explotación productiva y reproductiva. Bajo esta noción dominante de poder, fuimos puestas en subordinación durante siglos: sometidas a servirle al patrón, a parirle hijos al sistema y a ser tomadas como meros objetos de deseo para colonos, misioneros y soldados.

No obstante, pese a que la mirada colonial y eurocéntrica insista en convencernos de lo contrario, la memoria viva de nuestras ancestras nos recuerda que sí fue posible construir sociedades donde las mujeres no solo desempeñaron roles activos, sino que también ejercieron un poder institucionalizado y culturalmente legitimado. En algunos pueblos africanos, como los Ashanti (Ghana) e Igbo (Nigeria), las mujeres contaban con sus propios sistemas de gobierno y ejercían autoridad basada en estructuras matrilineales, saberes ancestrales y liderazgos colectivos. Así, el legado de reinas y lideresas como Nzinga Mbande (1583-1663) y Yaa Asantewaa (1840-1921) son recordados por su digna rebelión en defensa de sus territorios frente a la invasión portuguesa y británica, respectivamente.

Del mismo modo, en América —o Abya Yala, como la nombran varios pueblos originarios—, las mujeres nativas tenían roles fundamentales en la vida social, espiritual, económica y política de sus comunidades. Muchas de ellas participaron activamente en procesos de liderazgo, toma de decisiones, organización comunitaria, defensa del territorio y transmisión de conocimiento. Además, desempeñaban roles cruciales como curanderas, parteras, oradoras, sacerdotisas y comerciantes, como las mujeres mayas e incas. Otras, incluso, eran lideresas comunitarias y guerreras con una sólida autoridad territorial y colectiva. Tal fue el caso de las cacicas Anacaona (de los taínos del Caribe) y Guaitipán (del pueblo Timaná en el alto valle del Magdalena) —mejor conocida como La Gaitana—, quienes lideraron la resistencia de sus pueblos frente al colonialismo español durante los siglos XV y XVI.

A principios del siglo XIX, con el surgimiento de las guerras de independencia, América Latina atravesó un periodo de profundas transformaciones sociales y políticas. En este contexto, la participación de las mujeres fue determinante para el avance de las gestas independentistas. En Colombia, aunque muchas de ellas fueron invisibilizadas por el relato hegemónico, contribuyeron desde la clandestinidad como espías, mensajeras, cuidadoras, financiadoras, e incluso combatientes. Mujeres como “Las Juanas”, con figuras destacadas como Antonia Santos, Mercedes Ábrego y Policarpa Salavarrieta —entre otras miles de mujeres indígenas, afrodescendientes, mestizas y campesinas—, transgredieron los mandatos patriarcales de la época asumiendo roles públicos y de liderazgo.

Sin embargo, pese a haber desempeñado las labores de base que sostuvieron la revolución y haber entregado la vida por la causa libertadora, las mujeres siguieron sin ser reconocidas como ciudadanas tras el logro de la independencia. Las nuevas repúblicas se construyeron sobre estructuras patriarcales —las mismas impuestas desde el colonialismo— que nos mantuvieron excluidas delreconocimiento legal, sin acceso a la educación formal en muchos casos, y limitadas a permanecer en la esfera de lo privado. El imaginario de la patria nos dibujó como madres, esposas y musas, obedientes al ideal conservador, pero ya no como sujetas activas —con capacidad de agencia— del nuevo proyecto político.

Aunque el patriarcado —como estructura asimétrica de poder— buscó legitimidad en nuestra historia, jerarquizó nuestras dinámicas colectivas e individuales, y se camufló como ley natural al interior del statu quo, jamás logró apagar la llama siempre viva de nuestra rebeldía. Por el contrario, nos llenó de razones para ser irreverentes e insistir en resignificar la idea patriarcal del poder que oprime y subordina, por un poder que reconstruye y dignifica.

Cuando fuimos conscientes de que la democracia y su promesa de libertad fueron construidas junto a nosotras pero, en esencia, concebidas sin nosotras, comprendimos que generar un cambio trascendental en el rumbo de nuestra historia era sumamente indispensable. Este sentir colectivo, avivado por acentuadas condiciones de injusticia y desigualdad, impulsó la movilización de diversas mujeres —conscientes de que sin representación política no habría justicia social— en distintas regiones alrededor del mundo.

Poco a poco, con plena convicción sobre nuestras luchas, fuimos organizándonos en manada, reclamando la legitimidad de nuestra incidencia y, consigo, nuestros derechos. Así, con la misma fuerza que caracterizó a nuestras antecesoras, muchas nos juntamos para enarbolar la que sería una de las exigencias colectivas más importantes y significativas por el reconocimiento de nuestra identidad como ciudadanas: nuestro derecho a elegir y ser elegidas.