Por: Nazly Liz Mosquera.
La última vez que Mauricio Martínez[1] llegó a la casa en Medellín, le dijo a su familia: “me contaron que en el Casanare las artesanías se venden muy bien, y me voy papá, les juro que mi suerte cambiará”[2]
En otro contexto espacial distante, la última vez que María Obregón habló telefónicamente con su hija esta estaba en Guadalajara, la percibió triste, le dolía mucho su pierna.
- Mi amor, ya, regrésate, yo te apoyo, encontremos la forma.
- Unos días más, mami, unos días más y ya lo tengo…”
Pero no volvió a saber de ella.
[1] Los nombres han sido modificados por la seguridad de los sobrevivientes, pero cuentan historias reales.
[2] Fragmento testimonial ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Ver aquí
Las anteriores historias se desarrollan en dos contextos geográficos distintos: Colombia y México. La primera, obedece al testimonio en primera instancia de la hermana de Mauricio, quien se encuentra acreditada como víctima ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la entidad judicial transicional creada tras la firma de los Acuerdos de Paz entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano. Su historia se enmarca en las ejecuciones extrajudiciales de civiles catalogados como insurgentes, que habrían muerto en combate entre el 2003 y el 2008, denominadas por la prensa colombiana como “falsos positivos”.
La segunda historia es un pequeño fragmento de lo que recopilan los medios de comunicación mexicanos acerca de los hallazgos en el Rancho Izaguirre en marzo de este año, catalogado como un Centro de Exterminio, reclutamiento y adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación. Este operaba desde el año 2012 en Teuchitlán, según algunas personas que lograron huir, pero el registro de denuncias se remonta apenas hasta el 2019 y la exposición mediática finalmente se generó con la aparición del lugar a principios de este año.
Para el caso de Colombia, se puede sumar a los hechos ya relatados los hallazgos ocurridos en el presente año de cuerpos y prendas de vestir en “La Escombrera”, un lugar de la comuna 13 de Medellín. A partir del año 2015, en este depósito de residuos a cielo abierto se iniciaron excavaciones dado que se creía que muchas víctimas de la Operación Orión habían sido enterradas allí. La historia de dicha operación se remonta a 2002 y hace referencia a una acción de intervención armada estatal en el territorio urbano de Medellín. En dicho accionar, efectivos de la fuerza pública y organismos judiciales, acompañados de paramilitares según declaraciones de líderes de las autodefensas que realizaron trabajos de inteligencia, se señaló a pobladores del sector como supuestos colaboradores de las guerrillas ocasionando enfrentamientos, muertes y desapariciones forzadas.
¿Cómo entender las violencias estructurales en América Latina? Como explica Daniel Vásquez[1] en su libro Captura del Estado, macrocriminalidad y derechos humanos, este término contempla un trabajo coordinado de estructuras empresariales, criminales y políticas, las cuales, bajo el firme propósito de garantizar intereses particulares, generan una amplia gama de violaciones de derechos e instauran un orden beneficioso que responde incluso a sistemas económicos como el capitalista.
En el mismo sentido, Marisol Ochoa[2] las define como cambios jurídicos, históricos, sociales y culturales que son influenciados por los patrones económicos de oferta y demanda auspiciados por el capitalismo global. Lo anterior, recalca la autora, ocasiona que las instituciones se debiliten y no puedan contener o combatir la criminalidad.
Bajo una rápida perspectiva académica no es descabellado pensar que tanto en el caso colombiano, como en el mexicano, tenemos multiplicidad de puntos en común.
La primera característica común tiene que ver en las características socioeconómicas de quiénes fueron víctimas: jóvenes y personas de escasos recursos que, bajo la promesa de un empleo con una buena remuneración, se trasladaron a otras regiones. Es allí donde ese actor armado, legal o ilegal, toma control de la vida de ese individuo.
En segunda instancia, están los responsables. En el caso de los “falsos positivos”, las mismas fuerzas estatales y políticas, podría presumirse, fueron quienes impartieron la orden de presentar como resultados las muertes de esos jóvenes empobrecidos, mientras que en México, si bien la autoría se les adjudica a los cárteles, estos no operan solos. Ochoa explica que en ese país se entreteje una red de complicidades también políticas, policiacas, empresariales y sociales, complejizando el proceso jurídico porque los actores son muchos pero los rostros claros de los perpetradores, pocos. Algo similar ocurre en Colombia.
Muy ligado a esto se encuentra el tercer aspecto: el papel de la sociedad civil, dado que quienes han luchado por la verdad son las familias. En este sentido, ha sido clave la insistencia de organizaciones de víctimas como las Madres de Soacha y las Mujeres Caminando por la Verdad, quienes llevan años exigiendo justicia por las víctimas de desapariciones forzadas en Colombia. Asimismo, en Teuchitlán existen los colectivos de madres buscadoras, que fueron quienes llegaron hasta el rancho y en su afán de hallar a sus desaparecidos y desaparecidas se encontraron las pilas de ropa, zapatos, objetos personales y hornos crematorios. El Estado resulta inoperante al momento de aclarar historias de horror que responden a patrones de violencias generalizadas.
Finalmente, frente a estos modelos de impunidad, despojo, poder y disciplinamiento social, es importante reconocer el rol que tienen los procesos de justicia. Para Colombia, el proceso de justicia transicional y el enfoque restaurativo que se vienen aplicando resultan un avance; debido a que más allá del castigo posibilitan esclarecer el rol de cada actor y, por ende, generan confianza y aportan a la transformación de las condiciones estructurales.
La respuesta institucional debe romper con el orden instaurado, que resulta revictimizante, inoperante y corrupto. Es imperativo el compromiso colectivo por el bienestar desde la reparación y la no repetición. Las desigualdades no deben continuar orillándonos a apostar nuestro destino para que el esquema criminal amalgamado gane la partida.
Sobre la autora…
Nazly Liz Mosquera es psicóloga, Magíster en Educación y Cultura de Paz con estudios de Género y Políticas Públicas. Consejera Académica y docente universitaria con experiencia en acompañamiento universitario, investigación, creación y ejecución de propuestas metodológicas en temas como mujer y equidad de género, educación inclusiva y derechos humanos. Ha realizado incidencia institucional mediante el acompañamiento a programas sociales gubernamentales, conformando equipas interdisciplinares de atención a casos de VBG y discriminación, teniendo en cuenta el enfoque diferencial y territorial. Voluntaria en RHUDA – Red Huilense de Defensa y Acompañamiento en DSR.
[1] Vázquez Valencia, Luis Daniel. Captura del Estado, macrocriminalidad y derechos humanos / Luis Daniel Vázquez Valencia.–Primera edición. — Ciudad de México : FLACSO México : Fundación Böll-México y el Caribe : UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2019.
[2] Ochoa, M. (2017). Del crimen organizado al crimen desordenado: una apuesta por la observación conceptual y contextual. Desacatos, (54), 92-105.