Derechos sexuales y reproductivos en la contienda presidencial del 2026

_{Por: RHUDA. Taty Viviana Uribe, Angela Pinzón Silva, Erika Saldarriaga González.}

_{En alianza con La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres}

Los planes de gobierno: un imaginario de nación que debe leerse en clave territorial y de derechos

Cada cuatro años en Colombia, la pasarela mediática se vuelve a llenar de candidaturas presidenciales que muestran (o a veces matizan) sus posturas frente a las problemáticas que consideran las más importantes para el país. Todo para posicionar su proyecto político como el mejor, el que debe ser elegido. Y aunque la hoja de ruta de cada aspirante debería estar en sus programas de gobierno (con el imaginario de país que buscan establecer y quiénes entran y quiénes quedan excluidxs), lo cierto es que, por falta de tiempo o interés, la ciudadanía pocas veces se acerca a estos documentos. 

Con este análisis queremos cerrar esa brecha al exponerlas propuestas, silencios y posturas sobre algunos temas relacionados con los derechos sexuales y reproductivos (DSR). Buscamos fortalecer el voto informado y lograr que los equipos de la futura presidencia reconozcan sus vacíos o afiancen sus compromisos de campaña para que, independientemente de quién gane, estos derechos estén garantizados.

Diversidad sexual bajo la lupa: propuestas concretas frente a narrativas de exclusión 

La diversidad sexual sigue enfrentando el incumplimiento de sus derechos humanos, a pesar de los avances normativos y la penalización a la discriminación. Colectivos regionales como Euforia Trans y Severa Flor evidencian que la población trans en el Huila enfrenta mayores niveles de exclusión educativa, laboral y social. Esto deriva en migración hacia Neiva, aun en procesos que se encuentran parametrizados institucionalmente como la ruta de reafirmación de género, demostrando la urgencia para el Huila de la aprobación de la Ley Integral Trans. 

Además, la creación de la política departamental LGBTIQ+ para el Huila es una deuda histórica. Si bien corresponde a la agenda regional, su éxito dependerá en parte de cómo se articule con el CONPES 4147 —Política Nacional para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTIQ+ 2025-2035— para territorializar las directrices nacionales y acceder al presupuesto. En este sentido, un gobierno nacional alineado con lxs congresistas garantes es clave, no solo para garantizar el cumplimiento de las leyes que ya existen, sino para promover una narrativa incluyente que les permita vivir una vida digna en comunidad.

Al analizar la información disponible de las candidaturas presidenciales, encontramos que Iván Cepeda habla de la diversidad sexual como “una expresión legítima del ser” en su programa de gobierno. De acuerdo con información tomada de distintas fuentes como entrevistas, tweets y discursos, propone garantizar los derechos de las personas diversas y a lxs defensorxs LGBTIQ+ dentro del Sistema Nacional de Protección, además de reconocer derechos por vía jurisprudencial. Ha compartido su apoyo a la comunidad LGBTI en su cuenta de X y en la plaza pública, mostrando una postura incluyente, como el pasado 17 de mayo de este año en su discurso dirigido a la comunidad LGBTIQ+ en Bogotá, donde incluyó temas claves como prohibir las «terapias de conversión» y combatir todas las formas de discriminación a través de reformas para lograr «la plena igualdad legal para la diversidad sexual». Sin embargo, en su programa de gobierno no propone una ruta concreta sobre cómo llegaría a materializar sus palabras. 

Sergio Fajardo, en cambio, sí presenta una propuesta contundente en su plan de gobierno. En su programa, propone capacitación obligatoria de la fuerza pública y funcionarixs sobre las violencias que sufre la población LGBTIQ+; diversidad sexual y de género; rutas especializadas de protección y justicia; robustecimiento de fiscalías y comisarías con personal formado y protocolos específicos; fortalecimiento de líneas de atención, así como apoyo a organizaciones sociales para ampliar canales de denuncia y acompañamiento. Lo anterior, se da bajo el entendido de que existirá “cero tolerancia” a cualquier tipo de abuso institucional. Además, su plan es el único que dedica una sección entera a la «Población Diversa: LGBTIQ+» con acciones administrativas claras y metas específicas, incluyendo incentivos a empresas incluyentes y énfasis en la contratación de personas trans en el sector privado.

Por lo anterior, este es, sin duda, el programa más detallado en materia de políticas de género. Aun así, su alianza para las elecciones al Congreso, bajo la coalición “¡Ahora Colombia!” junto a los partidos Nuevo Liberalismo y MIRA, este último, con abiertas posturas antiderechos frente al aborto y parejas del mismo sexo, genera dudas respecto a su defensa de posturas liberales.

Claudia López, siendo parte de la comunidad LGBTIQ+, mantiene un lenguaje de inclusión permanente. En su programa propone fortalecer la sanción ordinaria para los casos de crímenes de odio contra la población LGBTIQ+, además de reducir la impunidad de feminicidios y garantizar que la población diversa pueda vivir libre, sin miedo y con plenos derechos. También ha criticado abiertamente al uribismo y a Paloma Valencia por negar derechos a la comunidad LGBTIQ+. Junto a la de Fajardo, es de las pocas candidaturas que pone propuestas concretas sobre la mesa y cuestiona el saboteo por parte de sectores de derecha de las políticas que defienden a dicha población.

Pero si desde el centro se erigen políticas en defensa de la diversidad, por los lados de la candidatura de Paloma Valencia no encontramos nada. Y es que su plan de gobierno no contiene una sola línea dedicada a la diversidad sexual ni menciona las siglas LGBTIQ+. Pese a llevar como fórmula vicepresidencial a Juan Daniel Oviedo, sus posturas mediáticas son contradictorias: en algunas entrevistas antiguas aceptaba el matrimonio igualitario, pero en sus declaraciones públicas más recientes se opone. Algo similar ocurrió respecto a la adopción en parejas del mismo sexo. Su discurso se alinea con la narrativa de la denominada “ideología de género”; además, sus alianzas y las de su partido, el Centro Democrático, con sectores ultraconservadores que promueven posturas antiderechos es abiertamente conocida.

Ante la tibieza de Paloma, encontramos a Abelardo de la Espriella, quien es explícito en su rechazo. Su plan de gobierno, llamado “Patria Milagro”, busca abiertamente “combatir la ideología de género”, rechaza el matrimonio igualitario y no contempla ninguna política de protección o garantía para la población LGBTIQ+. En entrevistas ha declarado que “los niños son sagrados”; frase que, al manifestarse en dichos contextos, resulta discriminatoria y violenta a las personas diversas. Asimismo, ha señalado que las parejas del mismo sexo no deben adoptar. Su narrativa, en últimas, se inscribe en el ideal de “familia tradicional”. Aunado a lo anterior, sus alianzas con movimientos cristianos activos en campañas antiderechos como “Con mis hijos no te metas”, hablan de una candidatura abiertamente antiderechos.

Conclusión: De las cinco candidaturas analizadas, solo Sergio Fajardo, Claudia López e Iván Cepeda integran formalmente a la población LGBTIQ+ en sus agendas, siendo los dos primeros quienes proponen acciones más concretas. En el otro extremo, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella no solo excluyen el tema de sus programas, sino que validan discursos que contravienen los derechos adquiridos por esta población. En una Colombia diversa, el compromiso de la próxima presidencia no puede ser un asunto de voluntad, sino una obligación constitucional con la igualdad. 

Mucho castigo y poca articulación: las fallas técnicas sobre Violencias basadas en género (VBG)

Entre 2018 y 2025, la violencia física, sexual y psicológica se erigió como una de las principales causas de afectación a la salud de las mujeres huilenses. De hecho, el embarazo en niñas de 10 a 14 años, catalogado como violencia sexual, sigue superando el promedio nacional. Desde distintos colectivos en la región hemos denunciado que la efectividad de las rutas de atención tiene muchas limitaciones, sobre todo en virtud de los prejuicios y barreras de acceso impuestas por quienes representan al aparato estatal.

Sorprende ver que la violencia sexual solo es abordada de forma directa por Sergio Fajardo e Iván Cepeda, quienes reconocen además su vínculo con el conflicto armado y el patriarcado, mientras que las demás candidaturas se quedan en la generalidad de las VBG o violencias contra las mujeres. En este sentido, además ninguna de las candidaturas menciona explícitamente la violencia reproductiva o la violencia obstétrica. 

Sergio Fajardo propone declarar la atención a las VBG como prioridad nacional. Su programa incluye la violencia sexual entre los delitos de mayor impacto que deberían combatirse al fortalecer su estrategia nacional contra la impunidad. Lo anterior, señala Fajardo, debe realizarse mediante unidades investigativas especializadas, reparación integral con trámites simplificados, programas educativos de salud sexual y reproductiva vinculados a las estrategias de prevención de la explotación y el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, resalta como fundamental el apoyo de las redes de cooperación internacional para combatir la trata de personas con fines de explotación sexual, con atención especializada para mujeres migrantes y población LGBTIQ+. Sin embargo, fortalecer estas rutas e instancias ya está contemplado en la ley y, con tropiezos, se ha venido territorializando a través del Sistema SALVIA. Por ello, sería importante saber si, en un posible gobierno, se partiría de lo ya caminado, ajustando los errores cometidos, o si se pretenderá empezar de cero a partir de las acciones concretas propuestas.

Por el contrario, aunque el plan de Iván Cepeda es el que ofrece la mejor caracterización teórica, carece de dientes operativos. Este presenta un diagnóstico profundo y directo de la violencia sexual, describiéndola como «violencia patriarcal de sistema» que puede ser incluso constitutiva de crímenes de lesa humanidad. El candidato articula un discurso potente que exalta a las mujeres que han «roto silencios» frente a las expresiones «grotescas y tenebrosas» del patriarcado. Sin embargo, el programa se limita al plano del reconocimiento y al respaldo histórico, criticando la desfinanciación de los programas de género, pero sin explicar cómo revertirá la situación. 

Claudia López cuenta con propuestas operativas concretas, aunque omite el concepto de «violencia sexual». Su plan procura fortalecer las rutas de justicia y protección, ampliar la Línea 155, crear sistemas integrados de información y expandir comisarías, jueces de familia y casas refugio., pero abordándolo de manera general bajo la sombrilla de VBG y feminicidios. López propone robustecer la investigación en la justicia ordinaria para garantizar castigos rápidos y ejemplares en casos de feminicidios, violencia intrafamiliar y crímenes de odio. Aunque estas medidas ya se implementan, resulta interesante que la candidata no solo busque darles continuidad, sino ampliarlas y articularlas directamente con el Sistema Nacional de Cuidado y Protección Social. 

Aunque tampoco hace una mención directa a la violencia sexual, Paloma Valencia postula tres propuestas puntuales en relación con las VBG: crear 100 juzgados de familia para centralizar los casos de un mismo entorno, abrir más casas de justicia y dar acceso de 100.000 mujeres a créditos de vivienda para promover su autonomía económica. Si bien su programa muestra claridad operativa, evidencia vacíos técnicos que ignoran el funcionamiento actual de las rutas de atención. Al centrar su estrategia en las comisarías y casas de justicia, la candidata olvida que la violencia intrafamiliar incluye componentes físicos, psicológicos y sexuales que desbordan el ámbito administrativo.  Estos delitos requieren por ley la intervención de puestos de salud, fiscalía y medicina legal para activar investigaciones penales. De allí que su plan no resuelva la verdadera falla: los graves problemas de articulación entre las entidades de la ruta. 

Abelardo de la Espriella tampoco desglosa los distintos tipos de violencias. En su programa, adopta una bandera de «tolerancia cero» frente a la violencia contra la mujer, mediante una propuesta de corte policivo y de choque, con unidades especializadas de acción inmediata, ruta judicial acelerada de 72 horas, unidades móviles de denuncia y fondos de emergencia, además de dispositivos específicos con atención 24/7. Si bien se trata de iniciativas concretas, lo cierto es que esta arquitectura ya se viene implementando bajo otros nombres. La prevención, atención y judicialización de las VBG ya está plenamente regulada en distintos marcos legales. Su novedad real es el énfasis punitivo de justicia acelerada y dispositivos propios que, de ser efectivos, podrían mitigar el feminicidio. 

Conclusión: Fajardo y Cepeda son los únicos que nombran explícitamente la violencia sexual, aunque con enfoques distintos: el primero propone herramientas operativas y el segundo se queda en el diagnóstico teórico. El riesgo de que las demás campañas metan todo bajo la gran sombrilla de «Violencias Basadas en Género (VBG)» es que se invisibilizan las causas y necesidades específicas de los distintos tipos de violencias. Generar estrategias que tengan a las víctimas en el centro exige pasar del populismo punitivo a acciones concretas que prevengan, reparen y eviten la revictimización. 

Educación y salud sexual: Garantía real y retórica de campaña

La Educación Integral en Sexualidad (EIS) y el acceso a la salud sexual y reproductiva constituyen la principal puerta de entrada para garantizar los derechos en los ámbitos educativo y comunitario, pues impactan directamente en la reducción del embarazo adolescente, la violencia sexual y la discriminación.

En el Huila, el embarazo en niñas y adolescentes continúa siendo una problemática importante según el Observatorio de Salud. De hecho, esta se alimenta de una debilidad institucional en la implementación de la EIS: la desarticulación entre el sector salud y educación, caracterizada por una gobernanza que depende de voluntades individuales de rectorxs, docentes y gerentes y una insuficiente formación del personal en enfoques de género, diversidad y no capacitismo. Ante esta desarticulación, urge vigilar cómo los planes de gobierno proponen implementar los Programas de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía en las escuelas y garantizar las rutas de atención en salud sexual y reproductiva.

Aunque todos los candidatos y candidatas de alguna u otra manera hacen alusión a la importancia de las infancias y las mujeres en sus discursos y apariciones en diferentes medios de comunicación y redes sociales, en ninguno de los planes de gobierno se habla explícitamente de cuál es su visión y sus propuestas frente a temas primordiales para el bienestar de las mujeres que maternan, o van a maternar. Los documentos se enfocan en la salud desde perspectivas generales de acceso, derechos reproductivos o subsidios, pero no detallan protocolos específicos de atención al momento del parto. Lo anterior, nos permite intuir que no contemplan programas o propuestas específicas que garanticen el acceso a parto digno, parto respetado y atención materno-perinatal humanizada. 

Bajo este contexto, nuevamente es Sergio Fajardo el candidato con las propuestas más explícitas y detalladas sobre estos temas. El candidato propone garantizar la atención básica en salud integral y la protección de los derechos sexuales y reproductivos, actualizando y poniendo en marcha la Política Pública de Salud Sexual y Reproductiva en todo el país.  Su plan asegura explícitamente el acceso a anticonceptivos y a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en todo el territorio nacional. Dentro del programa «Territorios al tablero en salud sexual y reproductiva», busca garantizar nuevos métodos de enseñanza en la materia para niñas, niños y adolescentes, al tiempo que propone combatir el embarazo adolescente. En esta misma línea, desea ampliar el programa “Sol y Luna”, así como para evitar la explotación y el abuso sexual de menores. Por último, explícitamente indica que buscará que lxs jóvenes rurales tengan el mismo acceso a la salud sexual y reproductiva que en las ciudades y propone protocolos de atención y rutas claras en salud sexual y reproductiva para la población trans. 

En el caso de Claudia López, ni en su plan de gobierno ni en su página web se evidencian propuestas concretas en estos temas, aunque el proyecto en general manifiesta adherirse a un enfoque basado en derechos. La candidata reconoce que las mujeres en Colombia enfrentan barreras persistentes para el ejercicio de sus derechos reproductivos, aunque luego se diluya dicha problemática en una política nacional integral de género que articule la salud con un enfoque de derechos, con el fin de que el sistema de salud sea integral y acompañe a las personas en todo su ciclo vital. Empero, nunca explica de qué manera los DSR serían asegurados.

De la misma manera, Iván Cepeda Castro tampoco incluye ni en su plan de gobierno ni en su página web propuestas concretas. Tan solo enmarca estos temas dentro de su lucha contra el patriarcado y la «Revolución Ética», y destaca que el establecimiento de los derechos sexuales y reproductivos ha sido una de las luchas históricas de las mujeres contra el sistema de dominación patriarcal. Concluye, mientras postula de manera general, una lucha «implacable y radical» contra el patriarcado y la promoción de los derechos de las mujeres mediante programas de salud y mecanismos que aseguren su autonomía.

En el caso de Abelardo de la Espriella, si bien en el documento oficial de su plan de gobierno no se encuentra ninguna mención a temas relacionados con la educación sexual o la salud sexual y reproductiva; pues solo se refiere a temas relacionados con la maternidad y la familia, propone un subsidio progresivo de maternidad para madres del régimen subsidiado. Lo anterior, lamentablemente, se establece a partir del fortalecimiento de la familia como núcleo de la sociedad. Incluso, en su página web se encuentra la catedra escolar obligatoria «Vida en Familia y Salud Emocional», la cual incluirá temas relacionados con la crianza, el respeto, la resolución de conflictos y la educación digital. Por supuesto, debe contemplarse que, de La Espriella ha dicho de manera explícita que, aunque planea cumplir el ordenamiento jurídico, no está de acuerdo con la IVE.

De forma similar, la candidata Paloma Valencia no ofrece, tanto en su plan de gobierno público ni en su página web, propuestas relacionadas con la salud sexual y reproductiva, el aborto o la educación sexual. Menciona, eso sí, que mejorará el sistema de cuidado infantil y apoyo a mujeres cabeza de hogar, que de forma transversal podría aportar a la problemática de las violencias basadas en género. Adicionalmente, la candidata aseguró en entrevista con María Jimena Duzán que no penalizará a las mujeres por ejercer su derecho legítimo al aborto; aunque aclaró que no va a obligar a prestadores de salud privados que objeten conciencia a realizar el procedimiento, lo que entraría en contradicción con la jurisdicción vigente.

Conclusión: El acceso a la Educación Integral en Sexualidad (EIS) y a servicios de salud sexual y reproductiva es un tema que continúa siendo espinoso en campaña. Sergio Fajardo es el único aspirante con un plan detallado en esta materia. Mientras Claudia López e Iván Cepeda diluyen estas deudas en discursos antipatriarcales sin propuestas concretas, Valencia y de la Espriella optan por el silencio programático y la defensa de posturas públicas tradicionalistas que desafían la normativa vigente. 

Los derechos no son moneda de cambio electoral

Debe entenderse que hay un marco legal vigente que ha venido reconociendo progresivamente los derechos a los que aquí nos hemos referido., Por lo tanto, su materialización no debe depender de la voluntad del gobierno de turno. Con todo, la asignación presupuestal y su inclusión en instrumentos de planeación de aplicación nacional, además de que las instituciones estén alineadas con su garantía, dependen de quién ostente el poder.

Si bien parece que en este momento contamos con un marco legal garantista, comprometido con equilibrar la balanza que históricamente se ha movido de manera asimétrica en lo relacionado con la autonomía de las mujeres y las personas con identidades y sexuales diversas, el escenario actual resulta crucial para su consolidación. Ante la ausencia de debates, se hace más necesario acudir a los planes de gobierno y sus intervenciones oficiales. No hay que olvidar que, hasta hace muy poco, en la mayoría de los estados de Estados Unidos estaba permitida la IVE, derecho que progresivamente se ha ido perdiendo como consecuencia de los jueces conservadores nombrados por Trump en su primer mandato (2017-2021). 

Parafraseando a Isabel Allende: es necesario mantenernos vigilantes y activas en la lucha por nuestros derechos, no podemos darlos por sentado porque, ante cualquier cambio, se pueden perder. De ahí la importancia de votar bien.

Sobre las autoras:

Angela Pinzón Silva: Investigadora social, docente de Ciencia Política en la Universidad Surcolombiana y escritora. Su trabajo acompaña procesos territoriales derivados del Acuerdo de Paz de 2016. Ganadora de la convocatoria ‘Mujeres Columnistas’ de La Gaitana (2025) e integrante de RHUDA.

Taty Viviana Uribe: Artista visual integral y facilitadora de espacios culturales nacida en Gigante, Huila. Feminista. Trabajadora por los derechos humanos y las Prácticas Narrativas; promotora en el ejercicio de la comunicación como puente de reconstrucción de la memoria.   Integrante del colectivo La Aguja, Maizera, y RHUDA.

Erika Saldarriaga González: Médica de la Universidad Surcolombiana, activista de derechos humanos y feminista. Cofundadora de RHUDA e integrante del Grupo Médico por el Derecho a Decidir. Editora de género en La Gaitana Periodismo Independiente, donde además escribe sobre salud con enfoque de género y derechos reproductivos.