El Ministerio de Justicia lanzó la Guía para la Valoración de la Percepción de Riesgo de Feminicidio. Puede leerse como un avance técnico más dentro de la política pública, pero en realidad pone el foco en una pregunta que el Estado ha respondido mal durante años: ¿cómo identifica (y qué hace) cuando una mujer está en riesgo real?
Porque el problema no ha sido únicamente la violencia, sino la forma en que se interpreta. Durante mucho tiempo, conductas que hoy sabemos que son señales de alerta (el aislamiento progresivo, el control sobre la vida cotidiana, la manipulación económica, las amenazas veladas o abiertas, el aumento en la intensidad de las agresiones) han sido minimizadas o tratadas como conflictos de pareja. Esa lectura no solo ocurre en lo privado. También ha atravesado, de manera más silenciosa, las decisiones institucionales.
Las cifras lo confirman. Entre tres y cinco de cada diez feminicidios en Colombia ya habían sido advertidos previamente al Estado a través de denuncias o intervenciones. No eran casos invisibles. Eran riesgos que pasaron por el sistema sin activar una respuesta suficiente. En paralelo, ni siquiera existe una cifra única y consolidada de feminicidios, lo que ya dice bastante sobre la dificultad para dimensionar el problema. Aun así, las estimaciones hablan de entre 800 y 850 casos en 2025, en medio de más de 80 mil violencias basadas en género. No se trata de hechos aislados, sino de un patrón sostenido que evidencia fallas estructurales.
Una de esas fallas ha sido, precisamente, la ausencia de criterios claros para valorar el riesgo. ¿Cuándo una amenaza es “grave”? ¿Cuándo una situación amerita medidas urgentes? ¿Qué elementos se tienen en cuenta para tomar esa decisión? Durante años, muchas de esas respuestas han dependido de la experiencia individual del funcionario de turno, de la carga laboral o, en el peor de los casos, de intuiciones. En un escenario así, el acceso a la protección termina siendo desigual.
Ahí es donde la guía introduce un cambio relevante. La valoración del riesgo deja de ser un ejercicio disperso y pasa a estructurarse bajo un método que busca identificar patrones concretos. No se trata de impresiones, sino de una lectura sistemática de la información: antecedentes de violencia, dinámicas de control, amenazas explícitas, acceso a armas, escalamiento en la conducta del agresor, aislamiento de la víctima. Elementos que, analizados de forma conjunta, permiten ubicar el caso en un nivel de riesgo específico.
Su implementación, además, parte de algo que parece obvio pero que no siempre ocurre: escuchar en serio. No como un trámite, sino como un proceso en el que se reconstruye la historia, se entiende el contexto y se identifican las relaciones de poder en juego. A partir de ahí, profesionales capacitados (psicólogos y trabajadores sociales) realizan una entrevista profunda que trasciende el mero registro de hechos y procura detectar patrones. De este modo, se consolida una evaluación estructurada y se deja atrás la mera percepción subjetiva.
Esto cambia el punto de partida, pero no resuelve por sí solo el problema de fondo. Porque el gran desafío sigue siendo cómo responde el Estado una vez identifica el riesgo. Hoy, distintas entidades como la Fiscalía, Medicina Legal o las comisarías de familia intervienen en momentos diferentes del proceso, pero no siempre están conectadas entre sí. La información se fragmenta, las decisiones se dilatan y muchas mujeres terminan repitiendo su historia una y otra vez sin que eso se traduzca en una protección efectiva.
En ese escenario, la guía también plantea una apuesta por la articulación. La idea es que no sea una herramienta aislada, sino un lenguaje común que pueda ser adoptado por distintas instituciones. Que la valoración del riesgo no dependa de quién recibe el caso, sino que exista una base compartida para tomar decisiones. Dicho de otra forma, que la respuesta institucional deje de ser una suma de esfuerzos individuales y empiece a funcionar como un sistema.
Hay algo que resulta difícil no señalar: esto debió existir hace mucho tiempo. Valorar el riesgo de manera rigurosa es un estándar mínimo en la atención de violencias que pueden escalar hasta el punto más extremo. Durante años, esa ausencia ha tenido consecuencias concretas.
Por eso, más que celebrar la existencia de la guía, el reto está en lo que sigue. En su implementación real, en su adopción por otras entidades, en su capacidad de incidir en decisiones que se toman bajo presión y con recursos limitados. Y, sobre todo, en que no se convierta en un instrumento más que diagnostica sin transformar.
Porque al final, la diferencia es menos abstracta de lo que parece. No se trata solo de mejorar la forma en que el Estado entiende el riesgo, sino de actuar a tiempo frente a él. Y en ese margen (entre reconocer una señal y responder con eficacia) no hay espacio para ambigüedades: es donde se define, muchas veces, si una historia termina o no en feminicidio.