Por: RHUDA. Angela Pinzón Silva y Erika Saldarriaga González.
Con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia, las alarmas sobre el futuro de los derechos humanos en el país se han encendido. Aunque se ha presentado como un «outsider» o un «nunca», sus primeros nombramientos sugieren que gobernará con los “de siempre” y desde sus intervenciones públicas y su escueto plan de gobierno se revela un riesgo directo para conquistas históricas, especialmente en materia de derechos sexuales y reproductivos, políticas contra las que la ultraderecha ha batallado desde hace tiempo.
Reducir estos derechos a un debate sobre el aborto o la identidad trans es un error común. Reconociendo que estos son también derechos humanos, vale la pena recordar que su abanico es mucho más amplio e incluye tanto a mujeres, hombres y personas no binarias en cuestiones como el parto humanizado, las licencias de maternidad y paternidad, el acceso a métodos anticonceptivos, la educación sexual, el derecho a una menstruación digna, la prevención y atención de distintos tipos de violencias y, en general, el acceso a información clara en todos los temas relacionados con la sexualidad y la reproducción. Asimismo, aunque para muchas personas, especialmente las más jóvenes, estos derechos pueden parecer como algo seguro; pues cuando nacieron ya existían, lo cierto es que la posibilidad de tomar decisiones informadas sobre nuestros cuerpos y nuestros proyectos de vida se ha obtenido gracias a movimientos sociales que han trabajado y han puesto el cuerpo durante un largo proceso de conquista.
A pesar de que cuatro años no son suficientes para cambiar realidades tan complejas como las relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos, sí pueden generarse retrocesos considerables en caso de que el gobierno favorezca un ambiente institucional plagado de barreras. De nada sirve, por ejemplo, que el parto humanizado sea un derecho si el nuevo gobierno decide asfixiar su presupuesto, eliminar el enfoque de género de los servicios de salud o recortar la capacitación del personal, levantando barreras invisibles sobre todo para las mujeres de las zonas más marginadas del país. Es por esto por lo que medidas tan polémicas como la reducción del Estado, además de una pérdida considerable de empleos, generan alertas porque indirectamente pueden significar un debilitamiento de los programas de género y diversidades, que suelen ser los primeros sacrificados en los recortes presupuestales.
La voluntad política del gobierno de turno es determinante para garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Esto último, lo demuestra el balance del periodo de Gustavo Petro a través de sus profundas contradicciones. Por un lado, es claro que el presidente saliente erró en la agenda de género al desatender el enfoque de género en políticas institucionales clave, al emitir declaraciones públicas que reforzaron estereotipos y, especialmente, al sostener en cargos de poder a figuras cuestionadas como Hollman Morris y Armando Benedetti, ambos con serios señalamientos por incurrir en violencias de esta índole, minando la legitimidad del gobierno en estas luchas. Por otro lado, la gestión deja legados institucionales que no pueden desmantelarse. El reconocimiento de la violencia de género como una emergencia nacional en el Plan de Desarrollo dio vida al Sistema SALVIA bajo el Ministerio de la Igualdad; el CONPES 4143 para la Política Pública Nacional de Cuidado (clave para redistribuir el trabajo de cuidado que limita los proyectos de vida de las mujeres) y el CONPES 4147 para la Política Nacional para la Garantía de Derechos de la Población LGBTIQ+, que contemplan presupuestos específicos para acciones gubernamentales hasta el año 2035. Asimismo, contamos con la reciente firma de la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035, que acumulaba cinco años de retraso institucional (recordemos que la anterior recogía el periodo 2014-2021). Este robusto andamiaje normativo constituye una hoja de ruta institucional que el gobierno entrante tiene la obligación de respetar y ejecutar.
La democracia no se limita a depositar un voto en una urna, y mucho menos se agota cuando los resultados no nos favorecen. Hoy, frente al escenario de un gobierno liderado por Abelardo de la Espriella, un personaje que ha construido su notoriedad pública desafiando los consensos más básicos sobre los derechos humanos, la diversidad y la dignidad de las mujeres, es momento de abandonar el lamento paralizante y pasar a la acción. Los derechos humanos, incluidos los sexuales y reproductivos, no nos fueron regalados por la benevolencia de ningún mandatario, aunque algunos sectores así lo sostengan; fueron conquistados en las calles, en los tribunales y en los debates comunitarios. Es ahí, en la organización colectiva, donde reside nuestra verdadera fuerza.
La invitación es directa: ante estos riesgos inminentes respondemos con articulación, veeduría y movilización constante. No permitiremos que se nos arrebate lo que tanto costó conseguir. Si la consigna del nuevo poder pretende imponerse por la fuerza, la nuestra será resistir con la razón, el cuidado, la solidaridad y la lucha incansable en cada espacio que habitemos.
Sobre las autoras…
Angela Pinzón Silva: Investigadora social, docente de Ciencia Política en la Universidad Surcolombiana y escritora. Su trabajo acompaña procesos territoriales derivados del Acuerdo de Paz de 2016. Ganadora de la convocatoria ‘Mujeres Columnistas’ de La Gaitana (2025) e integrante de RHUDA.
Erika Saldarriaga González: Médica de la Universidad Surcolombiana, activista de derechos humanos y feminista. Cofundadora de RHUDA e integrante del Grupo Médico por el Derecho a Decidir. Editora de género en La Gaitana Periodismo Independiente, donde además escribe sobre salud con enfoque de género y derechos reproductivos.