Hace unos días, en el ocaso de la alegría mundialista y la subsecuente preocupación por el devenir nacional, nos vimos sorprendidos por una discusión protagonizada por Felipe Olave y los concejales de Neiva a propósito del proyecto de construir un estadio en las “islas” del río Magdalena.
Las redes sociales estallaron con mensajes de un lado y de otro. De parte de Olave, hubo decepción y enojo por la negativa de dicha entidad ante los reparos técnicos y ambientales que diversos representantes de la entidad manifestaron. En el caso de los concejales, hubo reafirmación y llamados de respeto en virtud de algunos videos en los que el empresario, jocoso y chabacano, en consonancia con la marca personal que ha construido junto a su equipo de comunicaciones, deslizó afirmaciones en contra del trabajo de los miembros de la corporación.
En la base de este debate, hay dos posturas en pugna: de un lado, diferentes concejales han manifestado que, de acuerdo con el POT vigente, las “islas” del Magdalena son áreas de exclusión y constituyen una zona de reserva ambiental. Lo anterior, impide la construcción del estadio y otros proyectos que pudiesen plantearse en este lugar. Más allá de este tecnicismo, diversos estudios y ambientalistas han mostrado su preocupación por la destrucción de un ecosistema que ayuda a controlar de forma natural las crecidas del río y previene posibles inundaciones. Aunado a esto, tampoco existe certeza sobre la viabilidad de construir un estadio en esta zona. Del otro lado, está la postura de Felipe Olave, quien defiende la idoneidad del proyecto y augura que este será el “estadio más lindo de Colombia”.
Antes de que el lector se lleve una idea equivocada, quiero ser enfático en algo: no pretendo defender a los concejales, cuyo trabajo desconozco. El debate apenas empieza, tanto para ellos como para Felipe Olave, quien tendrá que defender sus intereses con mejores argumentos técnicos ante las autoridades competentes.
Ahora bien, lo que sí deseo defender es que el debate a propósito de la construcción del estadio y demás proyectos urbanísticos no es moral. Dicho de otra manera, un derecho no se otorga a quien pregona las intenciones más loables, sino a quien, con base en la legalidad vigente, cumple con los requisitos para acceder a él. Esto lo sabe muy bien tanto Olave como cualquier ciudadano. Sin embargo, el empresario se obstina en convertir un debate técnico en un rifirrafe moral.
Porque, ante todo, Olave y su aparato mediático han tejido una narrativa en la que él, empresario consumado, ha venido de forma absolutamente altruista a transformar la ciudad de Neiva y salvarla del atraso. Ahora bien, en este viaje del hijo pródigo que vuelve a casa como un héroe, el empresario ha tenido que lidiar con ciertos escollos; entre ellos, la negativa de las autoridades, las cuales, según el relato que ha construido Olave, no han sido capaces de comprender sus planes.
El relato sería perfecto de no ser porque Olave no es el héroe de una epopeya, sino un ser humano de carne y hueso que busca emprender un proyecto inmobiliario de alto vuelo con el fin de lucrarse. En ese sentido, sus intenciones no son enteramente altruistas, sino que persiguen un interés particular que, como cualquier otro de su tipo, podrían colisionar con el interés general de la ciudadanía opita.
De allí que lo que Olave pretende hacer pasar por un mero impedimento burocrático por parte del Concejo de Neiva sea, en realidad, una preocupación genuina de todos los ciudadanos: ¿qué pasaría si se construye un estadio en un terreno que podría ser inestable? He ahí el verdadero asunto a discutir.
No nos dejemos confundir, por favor. Si Olave quiere llevar adelante su proyecto, debe ser capaz de demostrar su viabilidad técnica, jurídica y ambiental, en vez de asumir el papel de víctima ante los medios.