
2020 fue el año más letal en la historia para los defensores del medio ambiente y la tierra, según el último reporte de Global Witness, una ONG que documenta estos casos en el mundo. En total, 227 defensores fueron asesinados en ese año. El 75% de ellos se concentraron en América Latina.

Eso significa un aumento de 15 personas más, casi un 7% respecto al año anterior. Más allá del número reportado de defensores asesinados, muchos otros fueron estigmatizados, criminalizados y reprimidos violentamente por el gobierno y las empresas basadas en explotación de recursos naturales, subraya Philippe Le Billon, profesor de geografía política de la Universidad de Columbia Británica.
¿Pero qué tipo de trabajo realiza un defensor de derechos humanos ambientales (EHRD por sus siglas en inglés)? Las Naciones Unidas definen a los EHRDS como personas y grupos que, a título personal o profesional y de manera pacífica, se esfuerzan por proteger y promover los derechos humanos relacionados con el medio ambiente, incluidos el agua, el aire, la tierra, la flora y la fauna.
Sin embargo, esta protección tiene consecuencias violentas. Así como Global Witness, otras organizaciones han alertado este riesgo creciente. Según el Estado de Derecho Ambiental, el primer Informe de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente, los defensores ambientales mantienen condiciones altamente vulnerables y están bajo ataque en todo el mundo. El escenario actual revela el alto costo que enfrentan los activistas que se dedican a la conservación y protección de la naturaleza. Los principales sectores asociados con estos asesinatos son la tala de bosque, el agua y las represas, la minería y las industrias extractivas, la sustitución ilegal de cultivos y la agroindustria, afirma Global Witness.
Ahora que el cambio climático se está convirtiendo en una amenaza real para toda la población mundial, el trabajo de los defensores ambientales adquiere mayor relevancia. Estos activistas no solo son necesarios para mejorar los esquemas de gobernanza ambiental, sino también son piezas fundamentales e incómodas para la conservación de la selva virgen, como es el caso de la Amazonía.
Por lo tanto, no es de extrañar que Colombia, Brasil y Perú, países que comparten fronteras con la Amazonía, se encuentren entre los más letales para ejercer esta defensa de la naturaleza. Por un lado, las empresas multinacionales dedicadas a transformar el bosque en pastos para la ganadería y la palma aceitera han sido suficientemente denunciadas por organizaciones ambientales.
¿Cómo es posible que esto suceda? Simplemente porque algunos políticos como Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, han defendido este tipo de proyectos extractivos como justificación del progreso económico de su nación. No hace falta decir que este país, por ejemplo, es el principal exportador de carne del mundo. Esta industria ha demostrado ser responsable de la deforestación del Amazonas, según una investigación periodística de Réporter Brasil.
Por otro lado, los grupos armados ilegales han recurrido a la deforestación para cultivar coca y marihuana. Este lucrativo negocio mueve más de 150 mil millones de dólares anualmente solo en Estados Unidos. Colombia, el país más letal por segunda vez consecutiva para los defensores del medio ambiente y la tierra, con 65 muertes, es también el mayor productor de cocaína del mundo, concluye el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Como han denunciado algunas ONG locales, la guerrilla y los narcotraficantes pagan a los campesinos para quemar la selva y cultivar coca. Negarse a cooperar tiene un alto costo: la vida.
Sin embargo, este no es el único problema. Según Le Billon, la persecución de defensores del medio ambiente y de la tierra no solo constituye un abuso contra los derechos humanos tradicionales, como el derecho a la vida, el derecho a la reunión pacífica o la libertad de ser detenidos arbitrariamente, sino también contra derechos más específicos como el derecho a un medio ambiente sano. y los derechos indígenas al consentimiento libre, previo e informado.
En efecto, esta violencia es desplegada contra un objetivo muy específico: los pueblos indígenas. De hecho, según Global Witness, a pesar de ser únicamente el 5% de la población mundial, los homicidios contra ellos representan más de un tercio de todos los ataques.
Infortunadamente, esto no parece detenerse. El compromiso indígena de proteger la naturaleza se mantiene sin importar el costo de hacerlo. Además, la falta de respuestas gubernamentales efectivas hace difícil detener esta dramática situación.
Los pueblos indígenas son poblaciones que se sabe que tienen visiones del mundo en las que la naturaleza es una parte integral de la vida. Como afirma Olivio Bisbicus, líder ambiental del pueblo Awá, ubicado en la frontera de Ecuador y Colombia, su comunidad es Inkal Awá, pueblo de la selva, por lo que históricamente ha sido cuidadores de la naturaleza y protectores del bosque.
Como comunidades ancestrales, este Héroe de la Biodiversidad del Hotspot de los Andes Tropicales, asegura que pese a las amenazas recibidas, permanecerá en el territorio enfrentando todas las situaciones que puedan surgir, y continuará fortaleciendo su ejercicio de gobierno ancestral y gobernanza territorial.
* Juan David Corredor García es director y fundador de La Gaitana Portal. Politólogo e investigador. Actualmente es estudiante de doctorado en ciencia política de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y es asistente de investigación del Ralph Bunche Institute for International Studies.
Conflicto de intereses: El autor no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico/profesional/personal de su perfil.