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Por: David Alonso Silva Ojeda
Los paros armados, independientemente de donde vengan, suscitan múltiples opiniones por parte de la población en general. Una muy recurrente plantea la demanda inmediata de presencia militar en las zonas en donde se desarrolla tal acción bélica para repeler los ataques. Sin embargo, considero profundamente problemática esta posición. Exigir la presencia militar en territorios controlados por grupos armados ilegales, -sobre todo cuando no se vive en ellos- desconoce lo que implica para la población que los habita. Lo que normalmente sucede es la intensificación de las afectaciones ocasionadas por confrontaciones armadas.
Los paros armados se desarrollan, sobre todo, en regiones en donde a presencia institucional del Estado es ineficiente y la soberanía se encuentra en vilo; en las cuales, además, el rol de arbitraje es asumido, en buena medida, por los grupos ilegales. La fórmula que indica que la presencia de actores armados ilegales generalmente se traduce en violencia, no solamente es ingenua, sino que ignora los complejos órdenes que se construyen en medio de la guerra. No quiere decir esto, necesariamente, que no haya violencia. De hecho, se manifiesta de múltiples maneras y en la cotidianidad misma de las poblaciones locales. Sin embargo, no es el único fenómeno frecuente. Los actores armados ilegales controlan territorios por diferentes razones: algunas estratégicas, otras extractivas. También, los controlan de diferentes maneras.
Si bien la coerción es un medio, no necesariamente es el predominante en todos casos. Las comunidades coexisten en medio de la violencia con un actor coercitivo, construyendo diversas maneras para sobrevivir. De la coerción y de estas maneras de sobrevivir, devienen distintos órdenes e institucionalidades informales que derivan en formas de sociabilidad y de regulación que definen modos de ser, estar e incluso, hasta de decir, en los territorios. La presencia de actores armados, entonces, no necesariamente conduce a una violencia intensificada de manera permanente.
Con esto no quiero decir que no se estén cometiendo atrocidades en el Bajo Cauca antioqueño ni que la población no esté sufriendo una escalada de violencia ocasionada por la acción bélica de un actor armado ilegal, en este caso paramilitar. Por el contrario, mi intención es otra. Quiero cuestionar aquella posición que demanda la presencia militar del Estado en una situación de paro armado. Entendiendo que el Ejército no tiene otra manera de actuar sino bajo el “legítimo ejercicio de la violencia”, esto significaría profundizar las afectaciones ya no solo por el actuar de un actor armado, sino de dos. Implica para las poblaciones, en este sentido, quedar en medio de un cruce de fuegos. ¿No es esto peor?
La presencia estatal por la vía militar en territorios controlados por actores armados ilegales, está demostrado, no disminuye la violencia. Por el contrario, la intensifica. Pone a las poblaciones a asumir posiciones que no están dispuestas a sostener. Los sitúa, a partir de señalamientos y estigmas, de un lado o del otro. De allí que, en múltiples momentos de la historia del conflicto sociopolítico armado, las comunidades locales hayan pedido a la Fuerza Pública su salida del territorio, y en otros casos, la hayan sacado.
Lo anterior, entonces, requiere responder a una compleja pregunta: ¿cómo solucionar el problema de la violencia en aquellas regiones en donde el Estado solo es conocido a través de personas vestidas de camuflados y armadas con fusiles? ¿Cómo solucionar el problema de la violencia en territorios en los que el estado (sí, en minúscula) se ha construido a partir de procesos interactivos entre actores armados ilegales y las comunidades locales? La legalidad e ilegalidad en estas zonas se vuelve difícil de entender. Sus fronteras son difusas y más bien, lo que prima es el hacer con lo que del territorio se dispone. En vastas regiones este recurso ha sido la coca.
Los paros armados, y en general, el problema del conflicto y su expresión armada no se resuelven por medio de la presencia de batallones dispuestos a bombardear y fusilar al que sea en nombre de dios y la patria. Pasa, entre otras cosas -algunas comprendidas por el Acuerdo de Paz de La Habana-, por entender la complejidad de fenómenos que configuran los entramados de violencia, y desde allí, proponer reformas radicales –sí, radicales- a los problemas estructurales. ¿Y cuál es al menos una de las reformas necesarias? Mucho se ha escrito mucho al respecto y, además, mucho se han movilizado los sectores rurales durante el último siglo debido a esta necesaria reforma.
Concluyo, entonces, que si bien las afectaciones ocasionadas por los paros armados son profundamente destructivas y cuestan vidas; su respuesta inmediata no necesariamente debe ser el envío de tropas militares a los territorios. Lo que quiero aquí, más bien, es sobre todo cuestionar las maneras en las que pensamos que deben solucionarse los conflictos que derivan en expresiones violentas.
Cláusula de conflictos de interés: David Silva no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico/profesional/personal de su perfil
David Alonso Silva Ojeda es Politólogo y Magister en Estudios Sociales y Políticos. Co-fundador e investigador del Centro de Investigación e Inter-acción Social del Sur Colombiano – CEIINSO.
David, es enriquecedor leer este tipo de documentos, como el q nos acabas de compartir, pues haces q entre en nuestra conciencia valores para discernir con mas claridad lo q sucede realmente en las regiones afectadas por la ausencia del estado y la presencia de la ilegalidad armada o no. Te felicito, muy rico leerte, sigue adelante.