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Por Erika Saldarriaga
Probablemente recordaremos esos vídeos, desinformativos y estigmatizantes, que proyectaban en las clases de educación sexual de décadas pasadas. Con mentiras e imágenes desagradables, intentaban atemorizarnos acerca de la sexualidad, desconociendo su dimensión amplia y su relación directa con los derechos humanos y con la construcción de ciudadanía.
Pues el pasado 18 de abril tuvimos una regresión a esas escenas, durante las discusiones del Plan Nacional de Desarrollo en las Comisiones Económicas del Congreso donde, como una fotografía anacrónica de nuestra sociedad, se presentaron varias situaciones que constituyen retrocesos importantes en materia de derechos sexuales y reproductivos para nuestro país.
Por un lado, la campaña de desinformación alrededor de la interrupción voluntaria del embarazo, que corrió por cuenta de la congresista Karina Espinosa Oliver, representante a la Cámara del departamento de Sucre por el Partido Liberal, quien repartió fetos de plástico y proyectó un vídeo engañoso sobre el aborto. Continúan así reforzándose, en estos escenarios de importante discusión política, estereotipos de género que asumen la maternidad como el fin último de las mujeres, anteponiendo (e imponiendo) creencias particulares de algunas personas y desconociendo la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho fundamental en nuestro país, a pesar de su reconocimiento como tal en múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional y de organismos internacionales.
Recordemos que esta congresista es la misma que radicó el proyecto de ley “Cero Cachos” que, pasando de lo absurdo y risible que resultó la noticia inicial, llama la atención al proponer la implementación de un modelo educativo con parámetros éticos para reconstruir la familia, aunque queda la duda sobre cuál visión de familia y cuál ética tenía la congresista en mente al formular el proyecto.
Por otro lado, aunque mucho menos mediático, se eliminaron los derechos reproductivos del articulado del Plan Nacional de Desarrollo que se refería a la Política de Sexualidad, el instrumento donde se determinan las responsabilidades, estrategias y mecanismos intersectoriales, para la prestación de los servicios que garantizarían estos derechos en nuestro país. Más recientemente, el 3 de mayo, durante la aprobación en el Senado de este Plan Nacional de Desarrollo, se eliminó por completo el artículo que se enfocaba en la creación de esta política.
Esta situación es particularmente importante porque la última Política Nacional de Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos de Colombia, tuvo vigencia del 2014 al 2021, cumpliendo ya dos años en mora de actualización. Así mismo, preocupa que se tome a la ligera que, de manera independente a los derechos sexuales, se deben reconocer los derechos reproductivos (incluidos aquí, no solo el derecho a decidir libremente si se desea o no tener hijxs, sino a ejercer la maternidad y paternidad con un trato equitativo en la sociedad, a decidir sobre el tipo de familia que se quiere conformar, entre otros), desconociendo su importancia para garantizar la autonomía reproductiva de todxs y la construcción de sociedades más equitativas.
Abril finalizó con sobresaltos importantes para un gobierno que constantemente hemos anhelado que sea el del cambio, esperemos que en mayo ese cambio se traduzca en avances y que en las importantes agendas que día a día llenan las discusiones, no se continúen subestimando y relegando los derechos sexuales y reproductivos como derechos de segunda categoría.
Conflicto de intereses: Erika Saldarriaga pertenece al Colegio Médico del Huila y a la Red Huilense de Defensa y Acompañamiento en Derechos Sexuales y Reproductivos (RHUDA), organización vocera del movimiento Causa Justa en el Huila. No recibe salario, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo profesional y personal de su perfil.
