De acuerdo con los actos públicos de conmemoración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, año tras año se hacen más evidentes los esfuerzos por banalizar su verdadero significado en todos los sectores de la sociedad: comercio, empresas, organizaciones sociales, políticos de todos los colores, gobernantes de turno, y claro, la institucionalidad en pleno. Todos unidos bajo el manto de la pintura púrpura que no es más que eso, pintura.
Como mujer feminista me gustaría que habláramos entonces del Estado y su política de purple washing. Ella se dirige a la protección y dignificación de las mujeres, mientras todas sus instituciones en conjunto les fallan año tras año en prevenir las violencias basadas en género, superación de las brechas de desigualdad laboral y económica que aquejan a millones de mujeres en todo el territorio, acceso a justicia, derechos reproductivos, salud o educación.
Las cifras hablan por sí solas y se vuelven recurrentes en marzo. Para el Estado y sus instituciones, el 8M se ha transformado lentamente en un libro de contabilidad, un tablero donde llevar las cuentas anuales de feminicidios, violaciones, desapariciones, desempleo y todo tipo de problemáticas estructurales ampliamente conocidas. De hecho, estas terminan convertidas en cifras carentes de sentido alguno frente a la realidad de la inoperancia institucional. Cifras color púrpura, por supuesto.
No quiero hablar de datos. Me resisto a convertir este espacio en una rendición de cuentas con cifras que van en aumento y que demuestran que, en el año 2024, por ejemplo, se registraron en Colombia cifras históricas de feminicidios y violencia sexual. No quiero hablar de las cifras que demuestran recurrentemente que las mujeres asumimos cargas extraordinarias en labores de cuidado, o las que demuestran que estas cargas representan afectaciones reales en salud emocional y física. No quiero que hablemos de datos estadísticos que demuestran cómo las mujeres, por ejemplo, somos víctimas silenciosas de las políticas estatales de la “guerra contra las drogas”, del sistema carcelario, o del sistema de justicia. Todo está ya ampliamente documentado, y, sin embargo, seguimos sin ser relevantes para el Estado.
Rita Segato (2005), al hablar de la guerra contra las mujeres señala de manera categórica que esta no sólo se libra desde lo corporal, sino también desde lo lingüístico y lo jurídico, campos en los que queda en evidencia que nuestras necesidades no alcanzan un nivel de importancia suficiente para el Estado en cuanto no somos visibles para las estructuras de poder que lo soportan. Las nuevas formas de violencia, las que ella llama no letales, permean todo nuestro entorno haciendo mucho más difícil habitar el mundo como mujeres. Esa violencia no letal se expresa con vehemencia desde el Estado encubridor y perpetuador del patriarcado, que ha encontrado en esta un mecanismo de control efectivo.
Las cifras y los datos, al igual que las flores, no son ningún homenaje porque nosotras, las mujeres, nuestras necesidades, están relegadas a las listas de espera de las políticas estatales. En ese sentido, resulta más fácil cubrir todo de pintura púrpura cada 8 de marzo, tal como lo hace por estos días la gobernación de Antioquia con su aguardiente. Este ejemplo no deja de ser llamativo, pues el alcohol, uno de los móviles más usados por hombres en casos de violencia doméstica, el departamento decida usar el color púrpura en la bebida, antes de ocuparse de —más cifras— el récord nacional en explotación sexual infantil.
Más allá de las tradicionales cifras, es claro que no bastan los actos públicos cuando a diario las mujeres debemos enfrentar la violencia estructural y el abandono institucional. Entonces sólo me quedan algunas reflexiones que quisiera compartir en este espacio. La primera, me lleva a la pregunta por las implicaciones directas de los discursos antifeministas, expresados con frecuencia por parte de gobernantes de todos los niveles —incluyendo al hombre que ejerce la presidencia— en el aumento de la violencia no letal en contra de las mujeres. La segunda, es una pregunta directa para esos gobernantes: ¿por qué no salen a marchar con las mujeres el 8M en lugar de reprimir la justa ira con más violencia?; y la tercera un debate: ceder espacios de poder como respuesta a la arremetida del patriarcado desde el Estado, ¿es un acto legítimo de necesaria coherencia?, o, por el contrario, nos aleja de volvernos relevantes en términos políticos.
En todo caso, recordemos que la primavera siempre será en marzo.
Sobre la imagen: Es autoría de Ana Sofía Polanía Montealegre. Estudiante de pregrado en Goldsmiths University of London, cursando el programa Historia del Arte. Huilense. Feminista.